Montoro amenaza con intervenir las cuentas de la Generalitat si en las próximas 48 horas se desvía dinero al 1-O

VALÈNCIA. (EP). El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha enviado a la Fiscalía la decisión de la interventora de la Generalitat de acatar la orden del vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, de no informar de los gastos del Ejecutivo que preside Carles Puigdemont.

Así lo ha explicado el titular de Hacienda durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que ha explicado las nuevas medidas de control de las cuentas catalanas. Ha precisado que se han adoptado después de que el vicepresidente de la Generalitat anunciara por carta al Ministerio de Hacienda que no iban a informar semanalmente como se les pidió por acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del pasado 21 de julio.

A este hecho se ha sumado, según Cristóbal Montoro, que la interventora de la Generalitat se ha dirigido al Ministerio para decir que había recibido la orden de Junqueras de que no informara y de que había acatado la decisión.

"Lo que hemos hecho ha sido enviar a la Fiscalía esta situación", ha anunciado el ministro, quien ha recalcado la "obligación" de cualquier funcionario público de cumplir con la legalidad.

Montoro ha explicado que el Gobierno ha tomado esta decisión "ante la situación de manifiesta ilegalidad" en que está incurriendo el Ejecutivo de Carles Puigdemont. Se trata, ha dicho, de un mecanismo "de control de pagos novedoso".

El ministro ha dejado claro que este sistema de control de pagos "no afecta al ejercicio de las competencias", pero sí se garantizará que ningún pago de esa administración va a una actividad ilegal como puede ser el referéndum de independencia convocado para el 1 de octubre.

Esta decisión incluye una apercibimiento al presidente de la Generalitat para que haga un acuerdo de no disponibilidad de gasto en relación con esas partidas y si no es atendido, será el Ministro de Hacienda quien lo adopte.

El Ejecutivo ha aprobado  un mecanismo de control de pagos para Cataluña, de forma que el Estado sustituirá a la Generalitat en los pagos, para garantizar los servicios públicos y que no se destine "ni un euro" a financiar "una actividad ilegal" como el referéndum secesionista del 1 de octubre.

El Gobierno ha dado 48 horas de plazo al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que apruebe un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria sobre todo el presupuesto catalán, que no esté vinculado a servicios públicos fundamentales, como nóminas, sanidad, educación y servicios sociales.

Si en el plazo de 48 horas no adopta ese acuerdo de no disponibilidad, será el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien lo haga y el Estado asumirá el pago de las partidas que no estén vinculadas a esos servicios esenciales.