VALENCIA. Hablar sobre los hospitales de concesión público-privada con el Gobierno de Ximo Puig solo tiene un camino, el de la reversión sea cual sea el escenario. Sin embargo, hay formas y formas, y la doble vara de medir para opinar sobre datos acerca de ellas es bastante dispar.
Este fin de semana el diario Levante revelaba que existe un informe sobre un supuesto sobrecoste de 2,6 millones de euros en el Hospital de Alzira perpetrado entre 2013 y 2015 por "doble facturación" e "irregularidades" en Urgencias.
'Supuesto' porque el informe ha sido elaborado por una dirección general de la Conselleria de Sanidad pero no lo conocen ni las empresas concesionarias. Concretamente, ha sido realizado por la Dirección General de Alta Inspección Sanitaria, que dirige María Luisa Roselló.
A pesar de que el informe ha sido filtrado a un periódico, la Conselleria de Sanidad rechazó este lunes entregarlo a los medios de comunicación que lo solicitaron, entre ellos Alicante Plaza, con el objetivo de comprobar de qué exactamente se acusa al Hospital de Alzira y, por extensión, al resto de concesionarias. La consellera Montón se refirió al informe al ser preguntada en una rueda de prensa sobre listas de espera.
Hace una semana, al ser preguntada Montón sobre el informe de la Sindicatura de Comptes que afirma que el modelo Alzira ahorra un 21 % a la sanidad pública, desvelado por Alicante Plaza, en una primera instancia Montón aseguraba que todavía no había recibido ningún informe oficial y rechazó hablar sobre "filtraciones que desconozco" -a pesar de que el borrador había llegado a la conselleria-. Más tarde, tras pronunciarse la vicepresienta del Consell, Mónica Oltra, ya apuntó que la reversión es una decisión política y que no les pararían las interferencias que pudieran producirse.
Ahora no hace público el informe de la Conselleria porque, alega, "aún le queda recorrido", pero no tiene inconveniente en opinar sobre él. "Esto demuestra que estamos haciendo nuestra labor de control a un nivel que hasta ahora no se estaba produciendo", afirmó.
Según explican desde Sanidad, los hospitales de gestión privada cobran un fijo de la Generalitat por la población del departamento de salud que tienen asignado, pero los servicios de los pacientes procedentes de otras demarcaciones son facturados aparte, y ahí es donde la inspección sanitaria ha detectado los sobrecostes.
Las irregularidades encontradas por la inspección "son una doble facturación o una facturación indebida como urgencia de algo que no lo era o que no se atendía en la propia urgencia hospitalaria", según Montón, quien ha aclarado que este informe "es de hace unos días" y se está "en el inicio del recorrido".
No obstante, ante las reiteradas preguntas de una periodista que pedía que explicara de forma más extendida el proceso, dejó entrever que tampoco acababa de entender de forma detallada de qué se trataba el asunto y remitió a una segunda persona que tampoco sabía exactamente qué era lo denunciado.
Ribera Salud, empresa gestora en tres concesiones y cogestora en una cuarta, se defendió este lunes mediante un comunicado al verse atacada por un informe al que no ha tenido acceso y al que, por tanto, no ha podido realizar alegaciones. En primer lugar negó la información. Después, acusó a la Conselleria de no convocar las comisiones mixtas que mandan los pliegos ni cerrar las liquidaciones de forma anual.
También señaló que la facturación se realizó de la misma forma que entre 2008 y 2012, aprobada por el actual Consell, por lo que se estarían inculpado a ellos mismos, y negó un sobrecoste para la administración al no haberse aprobado las liquidaciones de 2013 a 2015.
