MADRID (EP). La consellera de Sanidad Universal y Salud de la Comunidad Valenciana, Carmen Montón, ha anunciado este martes que el Gobierno de la Generalitat va a "hacer una apuesta legislativa firme" en favor de la gestión pública directa de la sanidad valenciana, mediante la modificación de la ley de Salud de la comunidad, para que la sanidad pública sea "la fórmula preferente".
Según ha explicado en los Desayunos Sociosanitarios de Europa Press, la futura norma recogerá "que no se prorrogarán los contratos de gestión de servicios públicos para la asistencia integral de los departamentos de salud de las concesiones". "Es el compromiso colectivo de un gobierno que no entiende el derecho a la asistencia sanitaria como motivo de negocio", ha apostillado.
Así, ha adelantado que este compromiso "comenzará a la materializarse en 2018, con el fin de la concesión a una empresa privada de la gestión de un Departamento de Salud como es el de Alzira" que, según ha adelantado, "será un departamento de gestión pública directa desde el 1 de abril de 2018, cuando finaliza su contrato". Ello, ha asegurado, no afectará a los profesionales, que "seguirán en sus puestos de trabajo", mientras los usuarios tendrán "la misma cartera de servicios que actualmente".
Montón ha explicado que el actual modelo de concesión "tal y como se ha planteado no es viable; lo será si tienen una sanidad pública a la que derivar algunas cuestiones".
"No es un rescate ni reversión sino una finalización de contrato y de la vinculación con la empresa privada --ha precisado--. Es lo que estamos haciendo con toda la seguridad jurídica".
En este sentido, ha recordado que "en los programa electorales de los tres partidos políticos que sustentan el gobierno figuraba retornar la sanidad y estamos cumpliendo el compromiso electoral que asumieron. Además, en su intervención ha aludido a dos diarios de sesiones de las Cortes Valencianas de 2014, en los que tanto el anterior presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, como su consejero, Manuel Llombart, aseguraban ya entonces que no se iba a prorrogar "ninguna concesión ni se va a hacer ninguna nueva. El anterior Gobierno del PP ya estaba en esas tesis", ha apostillado.
Preguntada por la estabilidad de plantilla en Alzira, Montón ha querido ser cauta pidiendo respetar los tiempos pactados con los sindicatos. "Hicimos el anuncio con 18 meses de antelación, más del año que indicaba el contrato, para mantener un diálogo y establecer la hoja de ruta con los afectados. Estamos ya en el proceso final y se anunciará en tiempo y forma", ha anunciado, parca. No obstante, ha apostillado que "jurídicamente es posible llegar una fórmula y garantizar el trabajo de estos profesionales".
"Defender lo público no es atacar lo privado --ha insistido--. Este gobierno no tiene ningún problema respecto a la empresa privada. La sanidad privada es un complemento de lo público, nunca un sustituto, y sanidad pública y sanidad privada se deben regir por una sana complementariedad".
Montón, que ha expresado su "orgullo por la sanidad pública" y sus profesionales, ha recordado que su sostenibilidad está vinculada a los recursos económicos y, "sin voluntad política y gestión eficiente no es viable". Su "proyecto de recuperación y consolidación del sistema sanitario público pasa por cuatro ejes: priorizar el gasto sanitario en los presupuesto de la Generalitat, gestionar de manera más eficiente, mejorar las infraestructuras y equipamiento, y aumentar y mejorar los recursos humanos.
En este sentido, ha señalado que el presupuesto de 2017 "es el más alto de la historia de la Comunidad valenciana", con 6.084 millones, pese a lo cual reclamó que la sanidad pública valenciana "necesita una financiación justa" frente a, entre otros datos, "los más de 12.000 millones de infrafinanciación acumulada en los últimos 10 años".
En su intervención, ha hablado de los "progresos" de su Gobierno en los 20 meses de funcionamiento, los 220 millones de euros de eficiencia en gasto de funcionamiento, con medidas como la compra centralizada de medicamentos, con una bajada de coste de 7,8 millones; control de resonancias magnéticas (4 millones), actividad concertada (9 millones) y no concertada (16 millones).
Respecto a sus planes para 2017, ha avanzada más compras centralizadas, nuevos contratos de hemodiálisis o transporte sanitario o el plan de dignificación de infraestructuras sanitarias.
