VALENCIA. A lo largo de esta legislatura los extrabajadores de RTVV han pasado de la "esperanza" a la "desilusión y frustración". La consideración del Consell Jurídic Consultiu (CJC) de que la preferencia en la contratación de extrabajadores en la nueva corporación podía suponer un "eventual privilegio", hacía retroceder a la formación morada que lidera Antonio Montiel. El grupo autoenmendaba su propia ley en junio y pasaba a introducir conceptos como el de la "reparación moral" del antiguo personal.
Con motivo del tercer aniversario del fundido a negro de RTVV, este martes se hacía un recorrido desde la Plaza del Ayuntamiento de Valencia hasta la puerta del Palau de la Generalitat, donde cada viernes siguen reuniéndose parte de los extrabajadores a las 12:19 del mediodía, hora a la que la televisión autonómica dejó de emitir y la carta de ajuste aparecía en las pantallas de todos los valencianos. Entre los manifestantes, una figura destacada, la del síndico parlamentario de Podemos, Antonio Montiel.
La incomodidad del portavoz de la formación morada el día que tuvo que admitir que, a pesar de que el informe del CJC no era vinculante, era un documento que debían considerar, era palpable. Con su asistencia a la marcha de este martes encabezada con una gran pancarta -'Els treballadors no som els culpables. RTVV pública, en valencià i de qualitat!'- y a la que también asistieron otros representantes políticos como Marga Sanz y Amadeu Sanchis de Esquerra Unida, demostraba que el apoyo al colectivo seguía latente.
A pesar de que el grupo siempre ha reivindicado que no quería "una televisión abierta de cualquier manera", tampoco quieren "una televisión sin los extrabajadores", manifestaba el síndico parlamentario que, durante el recorrido había pasado desapercibido para la mayoría de medios de comunicación y cuya presencia quedó declarada cuando la anterior presidenta del comité de empresa de RTVV, Salut Alcover, tomó el micro al final del recorrido para agradecerle al líder de los morados su asistencia.
Después de lamentar que el 29 de noviembre se tuviera que volver a reivindicar por tercer año consecutivo la reapertura del servicio público y afear al PP los impedimentos y "filibuterismos políticos" que habían practicado en las negociaciones del Consejo Rector, el portavoz de los podemitas presionaba al Consell para que agilizase la reapertura del ente. "Llevamos un retraso de cuatro meses que debería ser suficiente para que ahora se estuviera emitiendo" y, aunque reconocía los pasos y avances acometidos en el parlamento valenciano, lanzaba el balón al tejado del la Generalitat y aseguraba que ahora "las responsabilidades de gestión son del gobierno". Por medio está el juicio del 11 de enero de la Audiencia Nacional que podría tumbar el ERE de 2013.
"Debería haber ya una hoja de ruta muy clara para ir abriendo progresivamente algunos servicios. Sentimos además que no se haya elegido todavía al director o directora general de la nueva Corporació porque efectivamente ha retrasado la posibilidad de empezar con las contrataciones y con el proceso de reapertura", subrayó Montiel antes de que finalizase el acto reivindicativo.
En la marcha también participaron responsables de los seis candidatos que forman parte del comité de empresa del ente. Todos ellos tomaron la palabra al final del recorrido para respaldar a los exempleados, defender el servicio público y pedir rectificaciones. Así, intervinieron Paco Molina, de CCOO-PV; Vicent Mauri, de Intersindical Valenciana; Daniel Matoses, de CSIF; Ismael Montero, de USO-CV; Guillermo Martín, de UGT-PV, y José Luis Lázaro, de CGT-PV.
Si con los presupuestos que el Consell destinaba a la nueva Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, Podemos ya se mostró crítico y provocaba que los grupos que conforman el Gobierno valenciano (PSPV y Compromís) presentasen una enmienda a los Presupuestos de 2017 para incluir el remanente de la partida de la CVMC en 2016 al próximo ejercicio, con su apoyo este martes a los extrabajadores y la singularidad que supone que un miembro de Les Corts se manifieste ante el Palau de la Generalitat, se desmarcaba también del resto de grupos en Les Corts que votaron a favor de la ley aprobada en julio.