VALÈNCIA (EP) La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha comprometido a que esté disponible en el próximo mes de noviembre "un primer esqueleto" de la reforma del sistema de financiación autonómica y local, dentro del objetivo de que sea aprobada en la actual legislatura. De esta forma, Montero incumplirá el plazo pactado con el 'número uno' de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, para la reforma de la financiación autonómica.
El PSOE se aseguró el apoyo de Joan Baldoví a la investidura de Pedro Sánchez con un acuerdo sellado que consistía en que el Gobierno de Sánchez presentaría "en los ocho meses posteriores a la investidura" una propuesta para renovar el actual sistema de financiación autonómica. Además, la ministra ha avanzado que en el debate planteará una armonización fiscal para "atenuar situaciones de 'dumping'" entre autonomías.
En su comparecencia ante el Congreso para presentar los objetivos de su departamento, la ministra ha dicho que esta reforma es uno de los objetivos prioritarios del Ministerio de Hacienda. Ha explicado que se va a abrir "de forma inmediata" el debate y que espera presentar una primera propuesta en noviembre de este año. En paralelo, se trabajará en la modificación de la financiación local.
La reforma de este sistema es una reclamación permanente de las Comunidades Autónomas. La actual fórmula es del año 2009 y la reforma debió aprobarse en 2014, pero la crisis económica y la falta de acuerdo político ha impedido hasta ahora abordar la cuestión.
Montero ha explicado que va a iniciar en breve los contactos con los grupos parlamentarios para buscar "el mayor consenso" y que continuará la negociación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con las autonomías, pero ha avanzado que quiere discutir sobre dos cuestiones que le parecen importantes.
Por un lado, introducir una armonización de los impuestos cedidos a las Comunidades, de manera que se garantice la autonomía fiscal pero que "se atenúen situaciones de competencia desleal o dumping entre comunidades con desigual punto de partida". Se trata de un debate que se arrastra hace tiempo entre comunidades ante la bajada de impuestos que aprueban algunos gobiernos como el Madrid; otras autonomías critican que no pueden afrontar estas medidas por falta de recursos, entre otros, procedentes del sistema de financiación.
En segundo lugar, María Jesús Montero ha apostado por tratar de calcular el coste efectivo de los servicios fundamentales que prestan las autonomías: la educación, la sanidad y la dependencia. Es una pretensión que ya tuvo su antecesor en el cargo, Cristóbal Montoro, como forma de determinar cuánto cuestan para decidir cómo pagarlos.
Para ello, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se crearán tres comisiones de trabajo, una por cada una de las políticas mencionadas, en las que se calcule ese coste de los servicios, se analice el gasto y se trate de consensuar "medidas de eficiencia".
"El actual modelo es complejo y poco transparente", ha dicho la responsable de Hacienda, que ha insistido en la necesidad de que el sistema garantice la igualdad de los servicios que se prestan a los ciudadanos al margen de donde vivan, porque son ellos y no los territorios, ha recalcado, los que pagan los impuestos.
Ha explicado que el sistema requiere más recursos, para que los fondos públicos para sanidad alcancen el 7% del PIB, los de educación el 5% y los de dependencia, el 2%. "El nuevo modelo tiene que servir a todos. Hay elementos suficientes para encontrarnos", ha asegurado María Jesús Montero, que ha pedido a partidos políticos y comunidades un "compromiso leal" para iniciar la negociación.
Ha dicho también que otro de sus objetivos es rediseñar los fondos de financiación que Hacienda pone a disposición de las autonomías, para incorporar mejoras en las condiciones financieras, entre otras medidas, y ante la petición creciente de los gobiernos de acceder a los mercados para buscar recursos.
Montero ha añadido como otro de sus objetivos presentar un nuevo método de cálculo de la regla de gasto, una de las exigencias de la ley de estabilidad para las administraciones públicas por la que se limita el crecimiento del gasto público. La intención es facilitar la inversión del superávit que tienen cada vez más administraciones públicas.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral