VALÈNCIA. (EP). La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha destacado que "todo está preparado" para aplicar la Renta Valenciana de Inclusión, que entra en vigor este lunes, y al respecto ha constatado que es "normal" que al principio haya "una mayor carga de trabajo", por lo que ya contaban con que las primeras semanas sean "más difíciles".
Oltra, tras presentar un acuerdo para atender a mujeres con problemas de salud o conductas adictivas que sufran violencia de género, se ha referido así preguntada por el temor de algunos ayuntamientos de que pueda producirse un "colapso".
Al respecto, ha señalado que están "expectantes y nerviosos" por el impacto de la nueva Renta Valenciana de Inclusión en su primer día de aplicación, pero "muy contentos" por la entrada en vigor de esta medida que puede beneficiar a 120.000 personas.
En ese sentido, ha replicado que los equipos sociales ya sabían que las primeras semanas se registrará una mayor carga de trabajo por la afluencia de solicitudes ya que "muchas familias han estado esperando a que entrar en vigor la ley y no han renovado la renta de garantía de ciudadanía" vigente hasta ahora.
Para poder poner en marcha todo el proceso, ha destacado que se ha multiplicado por cuatro el personal que está en los equipos sociales de base y que, de este modo, "se pueda dar una respuesta a todos los desafíos".
En ese sentido, ha recordado que han estado en contacto durante este periodo de transición con los equipos sociales y ha recalcado que aunque estas primeras semanas serán "difíciles" después, cuando la gente se incorpore, "esta nueva ley quitará burocracia".
De este modo, habrá un acceso directo en el mismo trámite y "sin tener que ir de ventanilla en ventanilla" para pedir otros tipos de ayudas, como las becas de educación infantil, ayudas de libros de texto, gastos de matrícula de educación, becas de comedor escolar, sanidad universal y prestación farmaceútica y ortoprotésica.
Así, habrá "menos papeleo, y se quitará trabajo a los funcionarios", pero también "estigmatización a las familias" porque "no tendrán que ir de ventanilla en ventanilla pidiendo las distintas ayudas, como pasaba antes, en un calvario interminable y recordar cada vez su situación de empobrecimiento, lo que tenía un impacto psicológico muy grande en la gente".
"La gente lo quiere es ganarse la vida por sí misma y no tener que depender de las redes de ayuda social pero hasta entonces los poderes públicos tenemos que está ayudando a la gente que peor lo está pasando en nuestra Comunitat", ha recalcado.
Al respecto, ha resaltado que esta renta beneficiará a familias que durante la gestión de la crisis se han empobrecido y que ahora "tendrán no solo el derecho a una prestación sino a la inclusión social".
Con la nueva ley, el importe de la prestación será, según el salario mínimo interprofesional a la que está referenciada, de 515,13 euros, en el caso de un titular, y 809,49 euros para una unidad familiar de seis personas, "una cuantía que puede verse incrementada hasta en un 25% en el caso de que la persona solicitante requiera ayuda para pagar su vivienda habitual o el suministro energético", ha apuntado. En este último caso las cuantías oscilarían entre los 643,91 euros y los 1.101,86 euros.
Oltra ha explicado que con esta nueva ley se quiere que las familias puedan "estabilizar su situación económica" para que "puedan dedicarse a construir su proyecto de vida independiente a través de los itinerarios de inclusión".
La prestación tendrá carácter indefinido siempre y cuando persista la situación que hace necesaria su percepción y la renovación se hará cada tres años. Además, amplía la edad para poder solicitarla hasta los 16 años, en aquellos supuestos especiales como los de jóvenes ex tutelados por la Generalitat o con personas a su cargo, según han señalado fuentes de su departamento.
La nueva Renta Valenciana de Inclusión contempla cuatro modalidades de prestaciones económicas en función de la situación de vulnerabilidad económica, social o laboral de la persona y su unidad de convivencia: la renta de garantía y la renta complementaria.
Para agilizar todo el proceso, además de las mejoras e inversiones realizadas para reforzar los equipos sociales municipales en los últimos años, la Conselleria de Igualdad cuenta este año con una partida de más de 41 millones de euros que van a permitir a los ayuntamientos contratar a 1.573 profesionales.
Paralelamente, se ha puesto en marcha una aplicación informática, creada para su gestión que "por primera vez" permitirá la interconexión entre los servicios sociales municipales y la Administración autonómica, según las mismas fuentes.
Asimismo, en las semanas previas a la entrada en vigor de la ley se han realizado desde la Conselleria cursos de formación para todos los trabajadores de los servicios sociales municipales.