Milagrosa Martínez no entrará en prisión de momento tras pagar la fianza

VALÈNCIA. La exconsellera de Turismo de la Generalitat Valenciana y expresidenta de Les Corts Milagrosa Martínez, condenada a nueve años de cárcel por su implicación en la pieza de Fitur, dentro del caso Gürtel, no entrará de momento en prisión después de que su abogado ingresara el pasado viernes los 15.000 euros de fianza que le impuso la Sala de Lo Civil y Penal del tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para eludir su ingreso en la cárcel hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos.

Según ha podido saber Alicante Plaza, la que fuera mano derecha del expresidente de la Generalitat Francisco Camps ha tenido que recurrir tanto a familiares como amigos para poder hacer frente a la fianza. Una fianza que se fijó en solo 15.000 euros después de que Martínez acreditara ante los magistrados que solo cobra el subsidio del paro y que no tiene dinero en su cuenta bancaria.

Los familiares y amigos de la exconsellera se movilizaron rápidamente, ya que su abogado realizó el ingreso en la cuenta consignada por el TSJCV el viernes con 72 horas de adelanto sobre el plazo máximo fijado para hacer, es decir, tan solo dos días después de saber cuál era el importe de la fianza.

La sentencia de Fitur

El Alto Tribunal Valenciano, en la sentencia hecha pública el pasado día 10 de febrero, condenó a Milagrosa Martínez, a los considerados 'cabecillas' de la trama Gürtel, Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo -los tres ya en prisión-, a varios exaltos cargos y técnicos de la Administración Autonómica y a trabajadores de las empresas de Correa por asociación ilícita, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y cohecho.

La Sala absolvió a la exconsellera de Turismo Angélica Such y a Juan Bover, exjefe de servicio de infraestructuras turísticas de la Conselleria, de prevaricación administrativa, único delito por el que estaban acusados.

En la sentencia, el Tribunal, considera probado que los acusados crearon una trama empresarial para obtener distintos contratos de la Generalitat Valenciana en diversas ferias de turismo (fundamentalmente en los edificios de FITUR entre 2005 y 2009) tras realizar distintas actuaciones encaminadas a manipular, alterar e influir a su favor en la tramitación de los procedimientos administrativos de adjudicación de tales trabajos.

El grupo de empresas de Correa era una organización empresarial creada ex profeso para manipular concursos públicos y participar activamente en el cambio de las condiciones exigidas a los adjudicatarios.

Las mercantiles de Correa carecían de medios personales y materiales para ejecutar esos trabajos, motivo por el que los subcontrataban con terceros. De esta forma obtenían un enriquecimiento irregular al lucrarse aplicando unos márgenes desproporcionados, duplicando partidas o facturando gastos inexistentes.

Tales importes eran admitidos por la Administración Autonómica (Agencia Valenciana de Turismo, Conselleria de Turismo, Conselleria de Territorio y vivienda y Conselleria de Infraestructuras y Transporte), que no solo no llevó un control efectivo de los pagos sino que alteró los criterios de adjudicación de los contratos y benefició irregularmente a las empresas del Grupo Correa.

Estas mercantiles, según recoge la sentencia de 558 páginas, cuyo ponente ha sido el magistrado Juan Climent, tenían información privilegiada: conocían por anticipado las condiciones de los contratos públicos, contratos que, en algunos casos, se modificaban a su conveniencia.