Mercadona crea un canal interno para comunicar conductas presuntamente delictivas 

VALÈNCIA. Mercadona ha creado un canal interno de comunicación y denuncia para que clientes, empleados, directivos, proveedores o terceros implicados puedan comunicar conductas o hechos de los que tengan conocimiento y estén relacionados con una actuación u omisión presuntamente delictiva o generadora de un riesgo de imputación penal.

Se trata de una medidas incluida en el nuevo Modelo de Organización y Gestión para la Prevención de Riesgos Penales de la cadena de supermercados de Juan Roig, que también contará con un código de conducta para el desempeño ético de sus actividades laborales. Así lo aprobaron los respectivos consejos de administración tanto de Mercadona como de Forvasa, tal y como aparece en la memoria anual de su matriz, la patrimonial Inmo Alameda. El objetivo, según refleja el documento, es evitar conductas delictivas y luchar contra la corrupción y el soborno.

A la vez, se ha creado un Comité de Cumplimiento Normativo (CCN), regulado en un estatuto, encargo de recibir el formulario –consulta o denuncia– que realicen los clientes o trabajadores que detecten alguna conducta presuntamente delictiva. Además, este ente tiene encomendada la función de supervisar el funcionamiento y cumplimiento del nuevo Modelo de Organización y Gestión para la Prevención de Riesgos Penales y de elaborar los planes de formación que se imparten.

Está integrado por los coordinadores de las principales divisiones corporativas que gestionan aspectos clave en dicha materia y reporta al Comité de Dirección del que depende orgánicamente y dispone de recursos para actuar de forma funcional y organizativa.

La mercantil es socia firmante del Pacto Mundial por la Defensa de los Valores Fundamentales en Materia de Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha Contra la Corrupción. De hecho, a lo largo de los últimos doce meses también ha participado en la elaboración de una guía de buenas prácticas orientada a ayudar a las empresas de alimentación y bebidas a promover los objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Asimismo, en cumplimiento del artículo 31 del Código Penal, ha elaborado un Programa de Prevención de Delitos cuyo principal objetivo es prevenir o, en su caso, mitigar su comisión por parte de los empleados y directivos cuando actúan en nombre de las sociedades que integran el grupo en el desempeño de sus actividades laborales.

De igual modo, el grupo se ha dotado de un procedimiento sancionador en el que se recogen las faltas y sanciones que, en el ámbito de los riesgos penales, pueden afectarles.

Política de regalos

Otro de los aspectos que incluye el nuevo modelo es una nueva política de regalos y de pautas de comportamiento con las Administraciones Públicas y particulares para evitar conductas por parte de los empleados y directivos que puedan suponer actos de corrupción entre particulares y soborno con miembros de las administraciones.

Entre las medidas implantadas destacan la prohibición de ofrecer o aceptar cualquier ventaja o beneficio económico de cualquier índole tanto entre particulares –salvo los amparados en actividades promocionales o eventos patrocinados– como con los funcionarios públicos o cualquier persona que ejerza una actividad pública, así como actuar con transparencia, responsabilidad, imparcialidad, con plena dedicación a los fines sociales y evitando la participación en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones.

Además, establece que la relación que se entable con la administración pública debe estar fundada en una causa y objeto lícito y real, abstenerse de participar en la elaboración o presentación de oferta y/o participación en subasta pública en las que se tenga constancia de que interviene un familiar o amigo.

También deberán abstenerse de actuar como intermediario o emplear a un tercero para dicha finalidad para que obtenga de cualquier miembro de la Administración Pública algún tipo de beneficio para el grupo.

Sin casos de corrupción en 2018

Para la identificación y evaluación de riesgos sobre las conductas que pueden representar un delito de corrupción en los negocios, cohecho y tráfico de influencias, en 2018 se realizó un análisis de cada área de actividad desarrollada que ha quedado reflejado en el Informe de Identificación de Riesgos Penales y que contiene un Mapa de Riesgos donde se evalúa la probabilidad de que el riesgo identificado pueda llegar a materializarse.

Así, durante el pasado ejercicio, el CCN no detectó casos de corrupción ni soborno ni de discriminación o vulneración de los derechos humanos. Tampoco incumplimientos de carácter medioambiental, ni de la Regulación General de Protección de Datos ni de la política de regalos y de pautas de comportamiento con las administraciones públicas y particulares.

Dado que ninguna de las empresas que integran el grupo son sujetos obligados a efectos de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales, no se ha elaborado dentro del Programa de Prevención de Delitos una política específica, pero, no obstante, se evaluó dentro del Informe de Identificación de Riesgos y está focalizado el riesgo de materialización en su Departamento Financiero.