VALÈNCIA. Apenas una docena de los 740 parques industriales de la Comunitat Valenciana cuentan con planes de seguridad con protocolos de prevención y actuación en caso de accidente. El polígono Fuente del Jarro o el Parque Tecnológico de Paterna son algunos de los contados parques que por el momento han dado el paso de dotarse de esta herramienta. El principal motivo de esta carencia tan generalizada es el carácter voluntario de este tipo de planes previsto en la legislación valenciana.
La ausencia generalizada de planes de seguridad en las áreas industriales de la Comunitat fue uno de los principales temas tratados en un coloquio sobre la Ley de Gestión y Modernización de las áreas industriales de la Comunitat dentro de la Semana de la Economía de Alzira, que se ha celebrado en modalidad online del 15 al 19 de febrero.
Esta norma establece que los parques que aspiren a ser clasificados áreas industriales avanzadas deben contar con al menos tres de las ocho dotaciones adicionales descritas en la ley, entre las cuales se encuentran disponer de una red separada de saneamiento de aguas pluviales y residuales, redes de banda ancha, recogida selectiva y gestión de residuos o el mencionado plan de seguridad.
Ese carácter no obligatorio explicaría el bajo porcentaje de aprobación de planes de contingencia en caso de accidente, del que apenas disponen el 1,6% de los parques empresariales repartidos por la Comunitat.
Sin embargo, corregir este aspecto requeriría de un cambio legal que no trasciende de la Conselleria de Economía Sostenible, que ostenta las competencias en Industria. Según explicó en estas jornadas Manuel Rosalén, jefe del servicio de Ordenación y Planificación Industrial y uno de los redactores de la Ley de de Gestión y Modernización de las áreas industriales, para que esta norma pueda establecer la obligatoriedad de esos planes haría falta cambiar previamente la Ley de Emergencias de la Comunitat.
Rosalén, que reconoció la carencia que supone la ausencia de este tipo de planes, instó a los representantes sindicales participantes en el coloquio, Pedro Javier Galarza (secretario general de la Federación de Industria CCOO PV) y Daniel Vicente Argente (secretario general de la Federación de Industria de UGT-PV) a instar ese cambio legislativo desde sus respectivas organizaciones.
La ausencia generalizada de estos planes está altamente vinculada al hecho de que por el momento muy pocos parques empresariales cuenten con una entidad gestora que los promueva.
Según explica a este periódico Diego Romà, gerente de Fepeval, los contados planes de seguridad integral con protocolos de prevención y de acción aprobados hasta el momento han surgido de manera voluntaria y por iniciativa de las asociaciones empresariales de los polígonos con el apoyo de la Dirección General de Industria.
Las entidades de gestión y modernización (EGM) son la principal novedad introducida por la la Ley 14/2018 de Gestión y Modernización de Áreas Empresariales, una norma pionera en España pero que aún está dando los primeros en su desarrollo.
Prueba de ello son las pocas EGM constituidas hasta el momento tal y como las define esta ley, ya que únicamente se han formado tres. Estas EGM, definidas como agrupaciones sin ánimo de lucro de base privada pero con finalidad pública por las funciones públicas municipales que los pueden ser encomendadas, son un instrumento de colaboración público privada básico para la gestión de los parques industriales.
Sin embargo, su generalización depende de la implicación tanto de los ayuntamientos como de los empresarios, según coincidieron en apuntar los participantes en la jornada de la Semana de la Economía de Alzira.
Para que la pertenencia a una EGM se estipule como obligatoria para todas las empresas, esta debe integrar al menos el 51% de las empresas de un parque empresarial, tanto en número como en superficie.