VALÈNCIA. El secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro, advirtió el pasado viernes en su blog que las restricciones anunciadas a Cemex están a la vuelta de la esquina. El dirigente, tal y como viene informando este diario, impondrá a la multinacional cementera radicada en Buñol que deje de utilizar residuos tóxicos y peligrosos como combustible a través de la valorización -la incineración a muy altas temperaturas de deshechos para producir energía en sustitución de los tradicionales combustibles fósiles-.
Hasta aquí la restricción prevista. Pero el dirigente fue más allá en su último escrito: "A corto plazo, cesará la incineración de residuos tóxicos y peligrosos y, a posteriori, dejará de ser de hecho una incineradora de residuos", dijo. En efecto, elevar el veto a la incineración de cualquier tipo de residuo supondría endurecer significativamente los combustibles alternativos a la cementera y haría extensible esta restricción a la también cementera Lafarge (Sagunto), que no valoriza residuos tóxicos pero sí de otro tipo.
Preguntadas al respecto por Valencia Plaza, fuentes del departamento de que dirige el lider de Verds-Equo argumentan que se trata de una medida prevista desde el principio de la legislatura. "El 'no a la incineración' está en nuestro programa electoral, en las reivindicaciones de todos estos años de oposición", afirman, y subrayan que se trata de una práctica "objetivamente contaminante y desincentivadora de la gestión de residuos que la secretaría autonómica defiende y aplica". "Procuraremos que, cuanto antes, podamos evitar que las cementeras funciones como incineradoras", advierte el área de Medio Ambiente.
En el lado opuesto, las cementeras reivindican el papel de la valorización, responsable, por ejemplo, de la eliminación sin contaminación de los lodos de la Epsar, las aguas de la industria del perfume o las harinas cárnicas animales: en todos los casos residuos para los que, a día de hoy, la Comunitat no dispone de infraestructura suficiente para su reciclado o almacenaje -según replican fuentes empresariales-.
De momento -como informó este periódico- las restricciones que va a imponer Medio Ambiente a Cemex para la renovación de su permiso en Buñol privarán a la firma de hasta el 30% de sus actuales combustibles, en concreto los residuos tipificados como peligrosos que la multinacional incinera para no utilizar coque de petróleo -un combustible no considerado peligroso pero mucho más contaminante-.
En la actualidad, en línea con la praxis del sector de las cementeras en Europa, Cemex cuenta con un 30% de tasa de sustitución de combustible. Es decir: mediante la valorización de diferentes residuos reduce en un 30% el uso del mencionado coque de petróleo, el combustible que más CO2 emite a la atmósfera de todos los que utiliza la multinacional mexicana -según reconoce incluso Medio Ambiente-.
En la actualidad estos combustibles alternativos pueden ser de un máximo de 115.000 toneladas, aunque Cemex está muy lejos de esa cifra hoy en día por la acusada caída de su negocio desde la crisis. Dentro de este tope los residuos peligrosos pueden ascender hasta las 75.000 toneladas y las harinas hasta un total de 17.000 -según consta en la propia AAI de Cemex, disponible en la web de la Conselleria de Agricultura-.
No obstante, como viene informando este diario, la intención del secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro, es endurecer significativamente el actual escenario y prohibir a la cementera la quema de cualquier residuo tipificado como peligroso. Es decir: pasar de un máximo de 75.000 toneladas de residuos peligrosos a cero.