VALÈNCIA. Más de 600 millones de euros. Es el importe al que asciende la reclamación a la Generalitat Valenciana por parte de las dos sociedades impulsoras del fallido Marina d'Or Golf, el megacomplejo proyectado en una extensión de 18 millones de metros cuadrados al interior de la conocida 'ciudad de vacaciones' de Oropesa del Mar, entre los términos municipales de Cabanes y la propia Oropesa.
El rechazo al considerado como el mayor proyecto urbanístico de toda Europa llegó por parte de la justicia. En última instancia fue el Tribunal Supremo quien lo tumbó en febrero de 2016, hace casi tres años. ¿La razón? Que el desarrollo no contaba con la Declaración de Impacto Ambiental estatal, la única válida tras un cambio legislativo que tuvo lugar en 2006. En lugar de adecuarse a esta norma, el impacto ambiental de la iniciativa había sido analizado en función de la Ley 4/2004 de Ordenación del Territorio.
Y es por esta cuestión por la que las dos empresas de Jesús Ger reclaman contra la administración autonómica que hoy preside el socialista Ximo Puig, al entender que fue un error de la Generalitat -controlada en aquellos tiempos por el PP- y no de los promotores exigir que la iniciativa se adecuara a una normativa incorrecta.
En concreto, según la información precisada a Valencia Plaza por parte de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, el montante total de la reclamación asciende a cerca de 603 millones de euros, de los cuales 587,6 millones de euros los exige la sociedad Promociones PAI Golf SLU y los 15,3 millones restantes los solicita ahora Comercializadora Mediterránea de Viviendas SA (Comervi) -antes lo hacía la entonces sociedad del grupo Marina d'Or Loger SA-.
En ambos casos la reclamación se produce, según el registro del Consell, en base a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana del 29 de noviembre de 2013 que anuló "la Homologación Sectorial y Plan Parcial Marina d'Or Golf de Cabanes".
Preguntadas sobre esta abultada reclamación, fuentes oficiales de la compañía de Jesús Ger rehusaron a detallar a este diario los motivos de la misma. No obstante, dado el volumen, cabe contemplar la posibilidad de que Marina d'Or esté exigiendo 'lucro cesante' en esta reclamación. Es decir: la hipotética ganancia que habría logrado de haber llegado a buen puerto su iniciativa.
Al margen de esta posibilidad, el montante habitual en este tipo de reclamaciones -que se suelen cursar mediante procedimientos contencioso-administrativos, es el de la inversión realizada. En este sentido, según las cuentas de Promociones PAI Golf en el momento en que se conoció la sentencia, Jesús Ger aglutinaba terrenos en dicho ámbito por valor de 175 millones de euros.
En un desayuno con los medios de comunicación celebrado el pasado lunes la consellera de Vivienda, María José Salvador, cifraba en un total de 1.400 millones de euros la "hipoteca urbanística" heredada por el actual Consell de legislaturas anteriores, es decir: la suma total de reclamaciones a la Generalitat por parte de promotores por la gestión de distintos proyectos urbanísticos, incluido el de Marina d'Or Golf.
Sobre este en concreto, el secretario autonómico del departamento, Lluís Ferrando, argumentaba que, en cualquier caso, sería injusto que todos los valencianos tuvieran que pagar los errores urbanísticos de una época en la que, a su juicio, los promotores esquivaban la normativa en connivencia con el Consell del Partido Popular.
Sobre el proyecto en cuestión, el dirigente explicó que sus principales carencias eran su "inviabilidad económica", sus dimensiones "por encima de cualquier expectativa razonable" y el abastecimiento hídrico de esta gran superficie, en la que se contemplaban hasta tres campos de golf, además de sus múltiples complejos residenciales y hoteleros.