VALÈNCIA. (EP) El pacto valenciano de reconstrucción económica, social y sanitaria ha salido adelante este jueves en el pleno de Les Corts con unanimidad de todos los partidos del Botànic II (PSPV, Compromís y Unides Podem) y la oposición (PP y Cs) salvo Vox. Este acuerdo se suma a los otros dos pactos acordados por la Generalitat con patronal y sindicatos y con ayuntamientos y diputaciones.
En su comparecencia antes de la votación, el 'president' de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, ha agradecido la voluntad y el trabajo intenso de todos los partidos salvo Vox, al que ha lamentado que "se aleje de un encuentro casi unánime". Este acuerdo, ha prometido, "no es el programa de un partido o un gobierno, es el mandato de nuestro pueblo".
El dictamen, fruto de semanas de trabajo hasta consensuar casi 400 propuestas, incluye medidas como destinar más fondos a sanidad pública, dignificar las condiciones laborales y revertir privatizaciones "en condiciones de seguridad jurídica y viabilidad organizativa tanto para la ciudadanía como para los trabajadores, garantizando la calidad". Este último punto suscitó divergencias entre Botànic y oposición y es diferente al de los borradores iniciales.
En sanidad apuesta por aumentar las plantillas en base a criterios epidemiológicos y demográficos mediante oposiciones periódicas, redimensionar los recursos humanos con un aumento de plazas MIR para "evitar el éxodo de médicos especialistas a otras comunidades o países. También se propone un pacto social por la sanidad pública, un nuevo consejo profesional en la Conselleria que asesore en las normas y aumentar la colaboración entre las de Sanidad y Políticas Inclusivas para que las residencias estén más conectadas.
Otros de los objetivos son estimular el clúster sanitario, infraestructuras para gestión de residuos sanitarios, que todas las profesiones del ramo sean consideradas de riesgo, crear puestos y bolsas específicas en enfermería, un plan de provisión de material, un canal de distribución de test, contar con los sanitarios en la preparación de una futura oleada, que las farmacias puedan formar parte de la red de detección precoz de casos o garantizar el acceso de mascarillas a la población vulnerable.
Esto supone mantener los tres hospitales de campaña "hasta que haya vacuna o tratamiento", acometer adaptaciones para seguir con los circuitos diferenciados Covid y no Covid, reorganizar ambulatorios, nuevos protocolos de cirugía, seguir con las consultas telemáticas, invertir en sistemas informáticos y restricciones para visitas.
En el ámbito social, el dictamen habla de que Atención Primaria pueda atender a residentes, que estén considerados como población diana y reconocer su derecho a la cobertura integral sanitaria. Otras propuestas son "avanzar en modelos alternativos" a las residencias basadas en las decisiones y necesidades de los mayores y su revisión "desde un liderazgo público", la ampliación de la renta valenciana de inclusión y su coordinación con el nuevo ingreso mínimo vital, evitar que los cuidados vuelvan a sobrecargar a las mujeres o evaluar las formas de violencia machista surgidas durante el confinamiento.
Y en educación, asegurar la presencialidad, mayor coordinación con los centros de salud en los protocolos y la sensibilización, un plan de digitalización, bajar ratios y tasas universitarias, más plazas en grados de salud y mayor inversión en FP, junto a un estudio para remodelar los protocolos de los becados en el extranjero y agilizar la contratación de conserjes y personal administrativo para controlar la distancia.
En empleo y vivienda recoge medidas como una guía de adaptación al teletrabajo, avanzar hacia la reducción de jornada, extender las ayudas por ERTE, más prestaciones para los autónomos y cuidadores, fomentar la inserción de los jóvenes y su acceso a un hogar digno, aumentar el parque público y evitar desahucios.
A nivel económico incluye ideas como elaborar un informe sobre las deducciones del IRPF para valorar su actualización --el borrador hablaba de que paguen más las grandes fortunas--, un plan de justicia fiscal para una mayor progresividad, incentivos para contratación de menores de 35 años, nuevos tributos 'verdes' y beneficios para emprendedores, de la mano de un estudio contra el fraude y de un mínimo para evitar el 'dumping', además de un IVA cultural, más inversión en I+D+i y apoyo al comercio de proximidad y a la agricultura.
En el campo, contempla que el Consell facilite test a todos los agricultores tras los brotes entre temporeros y exigir al Gobierno como "irrenunciable" el trasvase Tajo-Segura y la puesta en marcha definitiva del Júcar-Vinalopó, además de fomentar las energías renovables.
En turismo, plantea protocolos "desde la prudencia", una ventanilla única de asesoramiento con una guía consensuada con el sector, incentivos para recuperar la demanda, reformular las campañas, garantizar la protección de colectivos como las 'kellys' y rediseñar el bono cultural para ampliar la oferta, de la mano de una partida para que pymes y empresas afronten los efectos de la crisis.
Más allá, el borrador apuesta por potenciar la mediación para descongestionar los juzgados, intensificar el transporte público para lograr un aire más limpio y el objetivo "emisiones cero" y publicar una base de datos anónima sobre la incidencia de la pandemia. En infraestructuras, agilizar el Corredor Mediterráneo y el Tren de la Costa, más frecuencias en Ferrocarrils de la Generalitat, aparcamientos disuasorios, mejorar las cercanías y "explorar colaboraciones público-privadas" en carreteras.
Hay un apartado dedicado a la financiación y a la relación con el Gobierno, con propuestas como afrontar la "reforma inmediata" del modelo de financiación autonómica con la convocatoria urgente de un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), además de otras reiteradas por el Consell como el reconocimiento de la deuda histórica o la compensación de la infrafinanciación con mecanismos transitorios. También mejorar la cogobernanza España-CCAA en foros como la conferencia de presidentes.
