FOTO: PEPE OLIVARESVALÈNCIA. Este fin de semana se celebró, a priori, el penúltimo seminario del Gobierno del Botánico. Una cita en Castalla y Biar en la que los consellers se congratularon y sacaron pecho del trabajo realizado hasta la fecha al considerar cumplidos el 91,32% de los 288 compromisos que han ido adquiriendo en las cinco anteriores ediciones –Morella, Torrevieja, Sagunto, Ademuz, Benicarló-Vinaròs- de este tipo de retiros.
No obstante, aunque en el cuadro aportado por la Generalitat se aprecia que casi la totalidad de los proyectos puestos sobre la mesa se han realizado, si se acude al estado actual de cada una de las propuestas se puede comprobar que algunas de ellas siguen en fase de elaboración pese a figurar como logradas en el balance y otras se consideran cumplidas aunque no estén en vigor porque la fase final depende de Les Corts.
Por departamentos, Presidencia, Educación y Vivienda son las áreas de gobierno donde mayor ajuste aplican al balance de compromisos logrados, ya que los que aparecen como cumplidos, lo están realmente, y los que se encuentran en fase de elaboración, se especifica que están "en ejecución".
Por el contrario, otras consellerias maquillan parcialmente sus compromisos. En Hacienda por ejemplo, conselleria del PSPV dirigida por Vicent Soler, se da por finalizada la reforma legal del Sector Público Empresarial cuando en la descripción señalan que simplemente se encuentra redactado el borrador, aún pendiente de presentarse al Consell.
En Sanidad también se consideran aprobados dos compromisos que no están del todo ejecutados. Es el caso del mapa sanitario de la Comunitat Valenciana, que aunque sí está elaborado, ahora mismo se encuentra en el Consell Jurídic Consultiu (CJC), donde podría recibir recomendaciones para ser modificado y por lo tanto aún podría sufrir cambios antes de aprobarse en un pleno del Consell. También el plan de dignificación de las infraestructuras sanitarias está "en desarrollo", aunque en el documento del balance se especifique como compromiso "alcanzado". "Está prevista una inversión para 2016-2019 de más de 386 millones de euros", describe el informe.
Por otra parte, resulta llamativo también que se den por cumplidos algunos de los compromisos que han sido más polémicos en esta legislatura y que, de hecho, no podrán ser ejecutados por falta de consenso parlamentario. Destaca así, por ejemplo, que la Conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo considere "assolit" –"alcanzado"– la "nueva ley electoral valenciana".
Si bien es cierto que la reforma de la ley depende del trámite que se le dé en Les Corts –donde Ciudadanos se ha mostrado contrario a apoyar la propuesta elaborada por PSPV, Compromís y Podemos y por lo tanto resulta inviable aprobarla puesto que requiere de un apoyo de dos tercios (66 diputados) para salir adelante–, la conselleria da por cumplida una nueva ley que realmente no existe. Así, el departamento de Bravo considera como logrados los trámites que competen a su conselleria y da por cumplido el compromiso de "nueva ley electoral".
"En lugar de impulsar una reforma legal, la conselleria optó por la creación de un Observatorio para la reforma legal. El informe de conclusiones se entregó a la presidenta de la comisión en febrero de 2016 y se informó de su contenido al Consell dos días después. Los expertos que formaron parte del Observatorio comparecieron delante de la citada comisión. La proposición de ley fue admitida a trámite el 23 de mayo, y actualmente se encuentra en trámite parlamentario", señala el balance.
También en esta área se da por alcanzado el compromiso de "elaborar el reglamento de Instituto Valenciano de Memoria Democrática". Un proyecto que ha sido redactado, pero que sin embargo está todavía superando los trámites propios de la administración –"actualmente se encuentra en fase de informe de alegaciones recibidas durante el trámite de audiencia"– y que, por lo tanto, no ha sido todavía validado ni publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) en su versión definitiva.
Ahora bien, también estas contradicciones se dan en consellerias de Compromís. De hecho, suman más incumplimientos que los departamentos del PSPV. Así, en la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra, puede apreciarse cómo se da por cumplido el objetivo de elaborar el Plan de infraestructuras para reducir la lista de espera en los centros de personas con diversidad funcional y, sin embargo, no aparece como tal en la descripción del balance.
"Después de elaborar el mapa de recursos, la DG de Diversidad Funcional está acabando un plan de infraestructuras que tenga en cuenta tanto la lista de espera como las proyecciones estadísticas efectuadas por personal técnico", detalla el documento. "La distribución de recursos tendrá en cuenta los departamentos sanitarios, en caso de personas con problemas de salud mental, y la realidad comarcal, en el caso de recursos para personas con diversidad funcional física, intelectual y sensorial", añade.
El departamento que dirige Elena Cebrián es el que más incumplimientos suma si se compara la situación de cada proyecto que figura en el balance y después se comprueba su situación actual. En total, hasta cinco leyes aparecen como compromisos "logrados" estando a día de hoy todavía en desarrollo.
Así, la Ley de Caza Sostenible, que se contempla como compromiso realizado, más tarde se describe que solo "se ha redactado un borrador". En las observaciones, se especifica que después de un amplio proceso de participación con organizaciones "afectadas" se opta por la reforma de la ley vigente en lugar de la elaboración de una nueva normativa. Las modificaciones, sin embargo, se han presentado para la ley de Acompañamiento de 2019, por lo que los cambios no se encuentran en vigor.
Por otra parte, está aprobado el anteproyecto de la Ley de Espacios Naturales Protegidos, pero el proyecto de ley está en fase de elaboración después de haber estado en exposición pública, por lo que el texto legal definitivo todavía no está finalizado aunque figure como realizado. Y lo mismo sucede con el desarrollo de la Ley de Patrimonio Arbóreo Monumental, que se encuentra ahora mismo en el Consell Jurídic Consultiu.
También aparecen como cumplidos objetivos que han sido polémicos como el SDDR -como ya informó Valencia Plaza- o incluso algunos que el Consell Jurídic Consultiu paralizó por invadir competencias como la Ley de Integración Ramadera.
En este balance, Economía ya fija -de nuevo- como finalizados dos compromisos (Ley de Comercio Sostenible y Decreto de Áreas Industriales) que aparecían como finalizados en el seminario de Torrevieja y que en el siguiente retiro en Sagunto se consideraban en ejecución y fase final de ejecución respectivamente. Ahora, no obstante, ya están publicadas las normas y vuelven a aparecer como finalizadas.
Sin embargo, como otras consellerias, también el departamento de Rafa Climent ha maquillado sus cumplimientos de cara al final de legislatura. El Plan de Industrialización de la Comunitat Valenciana aparece como un compromiso "alcanzado". Sin embargo en el detalle está "en desarrollo" porque "continúa el proceso de toma de datos con empresas y representantes de los principales sectores industriales". "Se está ultimando el Plan Estratégico de la Industria Valenciana (PEIV), que será la hoja de ruta a seguir para la reindustrialización de nuestra Comunidad", añade el balance.
La última conselleria de Compromís, Transparencia, dirigida por Manuel Alcaraz, también considera cumplido un proyecto legislativo que todavía no está en vigor ni publicado en el DOGV. Es la nueva Ley del Síndic de Greuges, que, si bien sí está realizado y aprobado el anteproyecto, el resto de trámites en el Consell están por finalizar -no ha pasado aún tampoco por el CJC- y todavía debe llegar a Les Corts para su tramitación.
