VALÈNCIA. No solo Ribera Salud - gestora hasta este domingo del departamento de La Ribera- se ha quejado sobre los efectos causados por las normas de la reversión impuestas por la Conselleria de Sanidad. Sobre todo, de aquella que prohibe desde desde el 1 de abril de 2017 la contratación de trabajadores indefinidos sin la autorización del departamento dirigido por Carmen Montón.
Desde el Comité de Empresa denunciaron al Tribunal de Arbitraje Laboral en el mes de febrero un conflicto colectivo de los trabajadores al no cumplirse la cuota de empleo indefinido a la que la empresa se había comprometido en el convenio colectivo, donde se garantizaba el carácter indefinido del 85% de la plantilla estructural en 2016, el 90% en 2017 y el 95% en 2018, además de un mínimo del 64% por categoría.
Sin embargo, la cifra calculada por el comité era de un 88%, un porcentaje inferior al pactado en el convenio para 2018. Ante este reclamo, Ribera Salud II UTE aludía la imposibilidad de ejecutar el cumplimiento debido a una falta de resolución favorable por parte de la administración para contratarlos como indefinidos.
Con este argumento, el Comité de Empresa solicitó a la Conselleria que realizara las autorizaciones pertinentes para solucionar el porcentaje incumplido en un documento en el que incluso constaban los nombres de los trabajadores. Ribera Salud, durante este periodo, ya solicitó la conversión en indefinidos de más de 60 profesionales del Departamento. Sin embargo, ninguna recibió autorización.
Ribera Salud tan solo se ha saltado la norma con un trabajador, al que el juzgado de lo social nº14 le reconoció como trabajador indefinido tras encadenar varios contratos temporales. Sanidad pidió que lo echaran con la correspondiente indemnización de despido improcedente, pero la empresa decidió que debía mantenerlo en plantilla.
240 empleados finalizan su contrato este sábado, día previo a la reversión del hospital y sus centros de salud a la sanidad pública, mientras que la consellera de Sanidad anunció la contratación de 303 nuevos trabajadores por la bolsa.
Esta no es la única circunstancia que ha repercutido sobre los trabajadores y sobre derechos del comité de empresa. Como ya señalaba el Consell Jurídic Consultiu tendría que haber sido el comité de empresa quien negociara el decreto de subrogación y no la mesa sectorial, ajena a la empresa y no elegida por los trabajadores.
Incluso el recurso contencioso administrativo presentado esta misma semana por el Sindicato Independiente contra el decreto de subrogación de los empleados interpretaba que existía una reducción de derechos de los mismos al pasar de "trabajadores indefinidos" a "personal a extinguir", una situación que iría en contra del Estatuto de los trabajadores.
