Arturo León e Ismael Sáez. Foto: RAFA MOLINAVALÈNCIA. Los sindicatos mayoritarios en la Comunitat, UGT-PV y CCOO-PV, rechazarán cualquier propuesta de reforma de la Ley de Participación y Colaboración Institucional que cuestione su carácter de sindicatos más representativos en la región y, por ende, el reparto de las ayudas directas que reciben como compensación por su presencia en órganos consultivos y su papel en la negociación colectiva. Desde su aprobación en 2015, cada uno ha ingresado 1,3 millones de euros por este concepto.
Tras aprobarse el pasado jueves en Les Corts la iniciativa del PP –con el voto a favor de Compromís y la oposición del PSPV– para reformar esta ley impulsada por el Consell de Alberto Fabra–, los partidos del Botànic ya tienen muy avanzada las líneas por las que deberían ir los cambios. PSPV y Compromís están de acuerdo en ampliar el objeto de la ley para blindar la asignación que los sindicatos reciben en función de sus delegados, pero también abren la puerta a abrir la mano en el apartado de participación institucional para incluir en esta parte de las ayudas a más sindicatos más allá de UGT-PV y CCOO-PV.
Este último punto suscita un rechazo frontal de UGT-PV y CCOO-PV, que no están dispuestos a que se ponga en entredicho su condición de sindicatos mayoritarios en la Comunitat en función de su número de delegados y según los umbrales que establece la ley orgánica de libertad sindical. Preguntados al respecto, Ismael Sáez (UGT-PV) y Arturo León (CCOO-PV) evidenciaron su oposición a cualquier cambio legal encaminado a rebajar los niveles de representatividad solo con el objetivo de que más formaciones puedan tener esa consideración.
En concreto, el secretario general de UGT-PV consideró "una frivolidad" cualquier intento de esquivar una ley orgánica –la de libertad sindical, cuya aprobación corresponde al Congreso de los Diputados– para rebajar el umbral de representatividad hasta el nivel de poder colgar la etiqueta de más representativos a sindicatos hoy en día minoritarios. En este sentido, recordó que su formación ostenta el 36% de representatividad a nivel autonómico, ligeramente por debajo de CCOO-PV, que ronda el 38%.
"¿Hasta qué nivel quieren bajar?", se preguntó Sáez, quien recordó que la siguiente formación en nivel de representatividad sería CSI-F, con un 3,7%, seguida de Intersindical –sindicato próximo a Compromís–, con un 2,11%.
Por su parte, Arturo León se mostró abierto al diálogo con los partidos para la reforma de la ley, pero "siempre que se respete la participación institucional de los agentes más representativos". Al respecto, subrayó que de la negociación colectiva que lideran CCOO-PV y UGT-PV se benefician 1,3 millones de trabajadores en la Comunitat, sean afiliados de esos sindicatos o no, y que el coste asociado debe ser compensado.
La Ley de Colaboración y Participación Institucional compensa económicamente a los sindicatos mayoritarios y a la patronal por su asistencia y participación en las comisiones, consejos u otros órganos colegiados semejantes, así como en las mesas o foros específicos de negociación o concertación socio-económica. El reglamento que desarrolla la norma, recurrido por los sindicatos minoritarios, contempla que los gastos a compensar previa justificación van desde suministros como agua o energía a material de oficina.
En cuanto a la parte de la colaboración, a diferencia de las anteriores, las convocatorias de ayudas están abiertas a todas las organizaciones empresariales y sindicales y se otorgan "preferentemente en régimen de concurrencia competitiva". PSPV, Compromís y Podemos quieren suprimir el término "preferentemente", a lo que UGT-PV y CCOO-PV no tienen objeciones.
El punto realmente delicado es el de la participación institucional. En este caso, los socios del Botànic son conscientes de que es el más complicado de cambiar. La aspiración es que el dinero se reparta entre más sindicatos, pero los porcentajes de representatividad los fija una ley orgánica. Al tratarse de una norma estatal y tener poco margen de maniobra, la solución que manejan socialistas, valencianistas y morados es cambiar la referencia a un punto concreto de la ley orgánica por una alusión más genérica. De esta forma, Podemos cree que "se podría tener en cuenta más supuestos para que los minoritarios pudieran acceder".
El secretario general de UGT-PV lamentó que un cambio en ese sentido responde al "intrusismo de grupos que deben de tener especial influencia sobre los grupos políticos, no tanto para ocupar espacio que no les corresponde, sino para restarnos a nosotros el espacio que nos han dado los trabajadores", en alusión al resultado de las elecciones sindicales.
En cuanto a la propuesta de los partidos de incluir en la reforma de la Ley de Participación la subvenciones por representatividad referenciadas al SMI, que se conceden en función del número de delegados, UGT-PV y CCOO-PV aplauden el planteamiento porque otorga estabilidad al pago por la representación, más allá de los vaivenes políticos o de la propia coyuntura económica.
