VALENCIA. Si bien los propietarios del Grau Mitjà se topaban con que su título era papel mojado en territorio catalán, los poseedores del nivel C1 no tendrán ese problema a partir de ahora. La nueva clasificación que ha puesto en marcha la Generalitat, a fin de que los títulos sean homologables en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), les ahorrará tener que pasar por un fastidioso periplo administrativo, que en más de una ocasión ha terminado por llegar a los tribunales de Justicia.
La Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià (JQCV), que ha experimentado una absoluta renovación estructural, vuelve a detallar las tablas de homologación de títulos expedidos por otras instituciones. Estos mecanismos se habían abandonado en 1995, cuando la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia vigente en aquel momento emitió una orden que suprimía la convalidación de los certificados de conocimiento de valenciano por los de conocimiento del catalán y balear, cerrando así el tránsito.
Pese a que el Tribunal Supremo anuló posteriormente la resolución del Gobierno, en la práctica seguía existiendo el problema. Una sentencia de 2006 dio la razón a un recurso presentado por el Sindicat de Treballadors de L'Enseñament del País Valenciá (Stepv) y por Acció Cultural del País Valenciá (APV. Desde esa fecha la postura de los tribunales ha sido favorable a la convalidación, pero no tanto la de las Administraciones.
Tanto es así que muchos valencianos acababan siendo excluidos de los procedimientos de la Generalitat catalana al presentar su título de la JQCV, viéndose obligados a recurrir a los tribunales para desbloquear la situación. Aunque la jurisprudencia les era favorable, el mero trámite era desalentador y dificultaba sus posibilidades de acceso.
A partir de la entrada en vigor de la nueva orden de la Conselleria de Educación, será posible convalidar los títulos expedidos por la Junta, principal órgano de la Generalitat en materia lingüística, así como por las cinco universidades públicas valencianas. También se incluyen todos aquellos organismos de la Comisión Interuniversitaria de Estandarización de Acreditaciones de Conocimientos de Valenciano (CIEACOVA). La situación mejorará no solamente con respecto al espacio catalán, sino en cualquier territorio del MCER.
El eterno debate lingüístico, con implicaciones históricas y culturales, ha transcendido incluso al ámbito jurídico. Conforme los filólogos se aproximan a la equiparación del valenciano con el catalán, a las que ahora se considera variedades territoriales de una misma lengua, las leyes de las diferentes Administraciones intentan ponerse a la altura. Y a consecuencia de las mismas, se hace la jurisprudencia, no solo por el caso de 2006.
En el año 2009, una sentencia del Tribunal Supremo dio la razón a Acció Cultural del País Valencià (ACPV), que defendía que la carrera de Filología catalana fuera eximente de la prueba de conocimientos del valenciano en las oposiciones de maestros. De hecho, desestimó un recurso en contra presentado por la Conselleria de Educación valenciana, entonces a cargo de Alejandro Font de Mora y condenó a costas a la Administración.
El ex president de la Generalitat Francisco Camps, visiblemente molesto llegó a afirmar que el día que los valencianos "claudiquen ante cualquier circunstancia de homologación entre el valenciano y el catalán, no será nuestro pueblo". “El día que haya una homologación total serán otras autoridades las que decidirán sobre la lengua del pueblo y del sentimiento valenciano”, declaró ante los medios de comunicación.
En 2012 se producía un nuevo asalto, también en el Tribunal Supremo. El órgano judicial reconocía la equivalencia entre las denominaciones de “catalán” y “valenciano” en otra sentencia particular, en este caso motivada por el litigio de un vecino de Cocentaina (Alicante), que fue excluido por la Generalitat valenciana de un proceso de selección al la denominación de catalán en lo que a su acreditación lingüística se refería.
Cuatro años más tarde, en 2016, el abogado Moisés Vizcaíno registraba un documento en el Consell Jurídic Consultíu (CJC), elaborado por Alfons Esteve i Gómez, del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València. En el mismo se recogían un compendio de 46 sentencias firmes que avalaban jurídicamente la unidad de ambas lenguas. Todo ello a raíz de la petición de un informe urgente al alto órgano consultivo de la Generalitat por parte del entonces president, Alberto Fabra, que tenía serias dudas sobre la materia.
Y el debate todavía no ha terminado. Este mismo mes el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ordenaba al Consejo de las Lenguas Oficiales del Estado, creado por José Luis Rodríguez Zapatero, aclarar si catalán y valenciano son idiomas distintos. Lo hacía en respuesta a un abogado de Barcelona que había señalado la distinción que hacen las páginas webs de la Administración y requerido una explicación razonada de la situación.