Foto: MIQUEL FRANCÉSVALÈNCIA. Aplauso de la iniciativa privada a la nueva ley urbanística (Lotup) por las facilidades que introduce para la implantación de negocios en el medio rural. Multitud de iniciativas de transformación alimentaria como bodegas, y muchas otras como alojamientos turísticos o plantas energéticas se van a poder librar de "la pesadilla de la Declaración de Interés Comunitario (DIC)", un trámite hasta ahora preceptivo que, en la práctica, suponía una clara barrera de entrada.
La reflexión la hace el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Comunitat Valenciana (Coial). Según desglosa a este periódico José Carbonell, su secretario técnico, hasta la fecha, como venían denunciando, la mencionada DIC era "la única puerta de entrada para poder hacer cosas en suelo no urbano ni urbanizable". "Se aplicaba como una excepción muy tasada para desarrollar actividades donde no se podía hacer nada, era una maraña burocrática muy costosa en tiempo y dinero", argumenta.
Con este escenario, según concreta el dirigente, quedaban sensiblemente limitadas actividades como la generación de energías renovables (bioenergías o huertos solares); las actividades industriales y productivas (solo se pueden implantar las que requieren alejarse de poblaciones, las que transforman los productos del sector primario tales como bodegas o queserías, o las de bajo rendimiento por unidad de superficie); y también estaba muy acotado el sector terciario y de servicios (usos recreativos y deportivos como una hípica o un hotel en una masía) al habilitarse solo actividades económicas muy motivadas y sin alternativa en otro lugar.
"Para determinadas cosas bastaba un informe sectorial, pero el grueso tenía que pasar por la DIC. En un viñedo yo podría hacerme un almacén sin problemas, pero no una bodega", subraya Carbonell a modo de ejemplo. Pero ahora, según el secretario técnico del Coial, la Lotup cambia de óptica. "No va a poder hacerse nada que no se pudiera hacer, pero sí se va a poder desarrollar de una forma mucho más sencilla y lógica", aplaude.
Tales "facilidades" se articulan mediante dos vías, según explica. En primer lugar, se divide el territorio en tres franjas: el sistema rural puro, donde no hará falta la DIC en ningún supuesto -bastará con el informa sectorial para la implantación de los negocios-; la denominada "franja central" o "intermedia", donde los municipios podrán adaptar su Plan General para establecer zonas en las que tampoco haga falta la DIC; y la "cota cien" de la primera línea de costa, donde sí seguirá la DIC como norma general para implantar una actividad económica.
No obstante, a todo lo expuesto cabe aplicarle la segunda vía: las excepciones generales que se introducen. Según resume Carbonell, en ningún caso hará falta Declaración de Interés Comunitario para: instalaciones de energías renovables aprobadas por un plan especial, instalaciones solares fotovoltaicas inferiores a los 5 megavatios, plantas de bioenergía con materia prima propia al 50% o instalaciones de autoconsumo; ni para actividades agrarias y complementarias como alojamientos rurales y establecimientos de restauración cuando se recupere patrimonio arquitectónico.
Tampoco para industrias alimentarias que cumplan la regulación sectorial, recuperen patrimonio arquitectónico tradicional, o aquellas que construyan menos de 800 metros cuadrados de superficie -600 metros en sótano- siempre que procesen al menos el 50% de la materia prima propia (un supuesto que beneficia ostensiblemente a las bodegas). En definitiva, se trata de "una autopista para la actividad económica que pone en valor el medio rural y el medio agrario", según Carbonell.
Según el colegio, la norma "supone un cambio al respecto de lo que había hasta el momento al respecto de la ordenación del suelo no urbanizable". "Desde el Coial siempre hemos dicho que no tenía mucho sentido que el 80% del territorio se ordenase en apenas 5 o 6 artículos y que la atención sobre éste fuese sólo con fines restrictivos, que se pusiese todo el interés en definir cómo iba a ser el suelo urbano y el que se podía convertir en urbano y que no entrase a valorar la problemática del SNU".
En consecuencia, consideran que los cambios que introduce la Lotup suponen "un cambio de percepción y de tratamiento de las actividades que necesariamente deben emplazarse en el medio rural y en el suelo no urbanizable". "En resumidas cuentas, parece que lo que se ha legislado viene a atajar la mayor parte de problemas que pusimos encima de la mesa".
"Se plantea un escenario que parece compatible con las políticas de desarrollo rural que se han venido planteando desde Europa en los últimos tiempos. Se plantea una ordenación del territorio donde obtener rentas a partir de las actividades agrarias, de sus actividades complementarias y de la rentabilización de las externalidades del conjunto, resulta más sencillo y rápido. Y además, en buena medida, la delimitación de franjas (rural, intermedia y cota 100), parece que venga a poner un poco de coherencia territorial y que la potestad municipal de ordenar su término, no implique decisiones descoordinadas ante un mismo sistema productivo", subrayan.
A su juicio, "todo esto pasa en buena medida porque se ha conseguido una regulación coordinada con la recién aprobada Ley de Estructuras Agrarias, que define con amplitud de miras las cuestiones agrarias y sus complementarias, sin olvidar el constante trasfondo de las premisas del desarrollo rural". "Además, cuestiones como la venta directa, también quedan recogidas, de modo que todo suma para crear un ecosistema de simplificación y agilidad burocrática que no disuada la iniciativa emprendedora e innovadora", destacan.
"En pocas palabras, se trata de crear un escenario regulador que no venga a decir qué hacer o que especule de dónde nos gustaría que los agricultores, ganaderos, silvicultores y demás personas que viven de los recursos propios del medio rural obtengan sus rentas, simplemente crear un escenario en el que se deje que éstos las obtengan a partir de su iniciativa emprendedora", resumen.
