VALÈNCIA. La operación Erial, por la que el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana permanece en prisión desde el pasado 24 de mayo, lleva casi tres años bajo secreto de sumario. La magistrada y el fiscal Anticorrupción investigan el presunto blanqueo de dinero de mordidas procedentes de dos contratos de su época al frente de la Generalitat (1995-2002) y hasta ahora, se ha guardado un secretismo muy pocas veces visto en las instrucciones judiciales.
Sin embargo, ese secretismo podría acabarse en los próximos meses ya que, según fuentes cercanas a la investigación consultadas por Alicante Plaza, los investigadores prevén que el secreto de sumario se levante en Navidad o principios de 2019. Esa es la fecha que barajan para que lleguen al juzgado de instrucción las peticiones realizadas al extranjero sobre los supuestos movimientos del dinero B.
Conocer los pormenores de ese sumario es algo que no solo interesa a las defensas y a los periodistas, también hay muchos altos y ex altos cargos políticos esperando poder echarle mano a los tomos. Sobre todo, a los de las escuchas telefónicas, pues es de sobra conocida la magnífica relación que el que fuera exministro de Trabajo tenía con políticos en activo de todos los partidos.
No pasa desapercibido que cuando se levante el secreto podrían salir a la luz conversaciones ‘complicadas’ para más de un político. Todo ello a escasos cinco meses de las elecciones autonómicas y municipales.
Fuentes de los partidos mayoritarios consultadas por este periódico tachan de “bomba de relojería política” las grabaciones telefónicas si se confirman sus peores temores, y aparecen cargos en activo. "Somos conscientes de que puede que no haya nada, pero también es muy posible que aparezcan nombres de políticos en activo o grandes empresarios. Y eso, con las elecciones tan cerca, pone nervioso a cualquiera", apostillan las fuentes.
Mientras llega el momento de conocer los pormenores del sumario, Zaplana ha vuelto a cambiar de abogado, el tercero en cinco meses. Tras el nefasto informe de los forenses que decía que "su vida no corre peligro inminente en prisión", el exministro prescindió de su letrado, Santiago Milans del Bosch, y puso en manos de un exfiscal Anticorrupción, Daniel Campos, su defensa.
Eduardo Zaplana se encuentra en prisión junto a sus presuntos testaferros, Joaquín Barceló y Francisco Grau, tras ser detenidos el pasado 23 de mayo dentro del marco de la operación Erial. Tanto los tres presos como el resto de investigados, entre los que se encuentra la mujer de Zaplana, el exconseller Juan Cotino y sus dos sobrinos, su exjefe de gabinete Juan Francisco García y su secretaria, Mitsouko Henríquez, están imputados por delitos de cohecho, prevaricación, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental y de formar una asociación ilícita y un grupo criminal organizado para delinquir.
La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil rastrean el supuesto blanqueo de casi once millones de euros en comisiones ilegales recibidas presuntamente por la adjudicación de contratos públicos relativos a la concesión de las ITV y el plan eólico, durante la etapa de Zaplana al frente de la Generalitat. La investigación del llamado caso Erial ha sido dirigida por Juzgado de Instrucción número 8 de València y por la Fiscalía Anticorrupción.