Los grandes navieros valencianos censuran la estrategia del Gobierno en la crisis los estibadores

VALENCIA. Vicente Boluda y Adolfo Utor, los dos grandes navieros valencianos, concretaron este martes los argumentos que les han llevado a posicionarse a favor de una solución negociada al conflicto de los estibadores frente a la intención del Gobierno de acabar con su régimen de exclusividad mediante un decreto ley.

Boluda, más contundente, arremetió con dureza contra el Gobierno por no "haber hecho nada" en cuatro años para evitar la huelga que amenaza con paralizar el país la semana próxima. Utor, por su parte, no fue tan explícito, pero reclamó al Gobierno que no improvise y que agote "hasta la última posibilidad" para buscar una solución pactada, tal y como reclaman los estibadores: "No voy  a decirle al Gobierno lo que tiene que hacer".

Su posicionamiento sobre este asunto es relevante. Además de ser dos pesos pesados de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) ambos se encuentran entre los empresarios más influyentes de su sector por liderar o haber liderado las principales asociaciones del sector como Anave -en el caso de Utor- y su homóloga valenciana, la ANV.

Para el presidente de Boluda Corporación Marítima, el causante de la situación actual es la inacción del Gobierno para resolver este asunto durante cuatro años, cuando Bruselas advirtió por primera vez de que el régimen de contratación de los trabajadores portuarios españoles era contrario a la libertad de establecimiento que debe regir en los países comunitarios.

"Esto no empezó ayer, llevamos dos años y en ese tiempo no se ha sentado nadie por parte de quien tiene que sacar la ley", criticó el empresario, que acusó al Ministerio de Fomento de actuar a destiempo: "Lo que no se puede es de la noche a la mañana asustar con un decreto".

Boluda fue escéptico incluso con la posibilidad de que el Consejo de Ministros apruebe este viernes el decreto ley que acaba con la exclusividad del colectivo. Si eso ocurre, los estibadores ya han amenazado con convocar más paros.

Especialmente duro fue el presidente de AVE con la gestión de Puertos del Estado, a cuyo presidente José Llorca no ha dudado en cuestionar en el pasado por este u otros asuntos. "Me gustaría saber qué gestión ha hecho Puertos del Estado con este asunto. Una, que me digan una, ¿cuál? Aparte de asustar porque ni siquiera ha sacado el decreto ley. ¿Qué gestión ha hecho?", espetó.

El naviero, sin embargo, no cuestionó los privilegios de los estibadores gracias a su régimen de exclusividad, tal y como están haciendo los principales inversores de los puertos para contrarrestar los argumentos de los trabajadores. Al contrario, se mostró a favor de una solución transitoria al estilo de la negociada en Francia, donde se ha establecido un periodo progresivo de 15 años frente a los tres que ha puesto sobre la mesa el Ministerio de Fomento.

"Acuerdo antes que conflicto"

Por su parte, el presidente de Baleària consideró que el sector de la estiba "debe ganar en competitividad porque de ello depende la competitividad de los puertos y de la economía española". A su juicio, con independencia de que el modelo sea liberalizado o regulado, lo relevante es que sea "competitivo y eficiente, y para nosotros eso pasa por los costes de estiba por unidad".

Ahora bien, subrayó su preferencia por "llegar a un acuerdo antes de un conflicto de consecuencias imprevisibles". "Coordinadora y Gobierno tendrán que hacer esfuerzo sin perder de vista que el objetivo es la competitividad de los acuerdos de estiba", reiteró.

"No voy a decirle al Gobierno lo que tiene que hacer, pero la improvisación no es una solución; hay que prepararse bien", agregó el presidente de Baleària.

Valencia se prepara para la huelga

Mientras, el Puerto de Valencia se prepara para un conflicto que se antoja inevitable y que tendrá, según el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, consecuencias imprevisibles sobre la economía española. Su comité de situaciones excepcionales, reunido este martes, analizó la "elevada disminución de la productividad" en todas las operaciones relacionadas con la estiba que puede producirse a partir del lunes.

La segunda reunión convocada entre el Gobierno y Coordinadora, el sindicato mayoritario de los estibadores, concluyó este martes con las posturas igual de enfrentadas y sin la previsión de nuevos encuentros que puedan reconducir la situación.

Antolín Goya, líder del sindicato, atribuyó a la "posición cerrada" de Fomento y a su "imposibilidad de moverse de su posición inicial" la dificultad de llegar a un acuerdo porque Fomento no acepta modificar el texto que ha preparado para la reforma. Los estibadores, cuya estrategia se ha visto favorecida por el retraso del Gobierno a la hora de aprobar su decreto, incluso amenazan con más huelgas si el texto se aprueba este viernes.

Los trabajadores portuarios, que en los últimos días han sido acusados de acciones de boicot en diferentes puertos, han conseguido que 46 empresas firmen su propuesta de diálogo frente a lo que consideran una "imposición" del Gobierno que les conduce a un "ERE encubierto".

En paralelo, han sumado nuevos apoyos políticos con vistas a torpedear en el Congreso de los Diputados la convalidación del decreto ley. Uno de los últimos en sumarse a ese respaldo ha sido Ciudadanos por medio de su líder, Albert Rivera. Mientras, el Ayuntamiento de Algeciras aprobó este martes una moción a favor de los estibadores.

Anesco endurece su postura

Por su lado, la patronal de las empresas estibadores Anesco destacó que la huelga tendrá consecuencias "muy negativas para la economía española".

A través de un comunicado, lamentó que no se haya podido llegar a un acuerdo con la parte sindical para evitar la huelga, al tiempo que hizo un "llamamiento a la sensatez" para que los sindicatos reconsideren su postura y "cesen las acciones ilegales de huelgas encubiertas selectivas entre compañías".

Anesco realizó una serie de propuestas al Ministerio de Fomento que incluso endurecen el contenido del decreto como la consideración de que los tres años planteados por el Ministerio para completar la reforma "no guardan coherencia con la urgencia propia de la tramitación del Real Decreto".

Además, los empresarios mostraron su inquietud por "la situación de desigualdad competitiva" en la que, a su juicio, "quedarán los actuales operadores en relación a los que se establezcan a partir de la entrada en vigor".