MADRID (EP). El 43,1% de los economistas asesores fiscales considera que la configuración actual del sistema fiscal es peor que hace cinco años, un 42,7% piensa que está igual y solo un 12,3% que ha mejorado, por causas como los cambios continuos de normativa, su deficiente redacción, por la deficiencia del sistema de módulos en IRPF, la complejidad devenida por la actuación del sector público o los elevados costes de cumplimiento del IVA. Además, han avisado de una "sobrecarga" de requerimientos y comprobaciones por parte de la AEAT desde julio tras el confinamiento.
Por ello, recomiendan reducir el ámbito de aplicación de los módulos, reformar la tributación de la riqueza y que las administraciones tributarias frenen el progresivo endurecimiento de sus comprobaciones.
Así se desprende de la encuesta presentada por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), órgano especializado del Consejo General de Economistas (CGE), y realizada por el Instituto de Economía de Barcelona (IEB), en la que se recoge la opinión de un colectivo de más de 5.000 economistas asesores fiscales sobre el sistema tributario, a través de más de 700 respuestas.
Durante la presentación telemática, el presidente del CGE, Valentín Pich, ha indicado sobre los nuevos cambios impositivos aparejados a los Presupuestos de 2021, que por el momento no hay ningún borrador y las últimas interpretaciones de las palabras del Gobierno sugieren que no habrá subidas notables en 2021, aunque Pich considera que sí habrá durante los siguientes años ante el aumento del gasto y un déficit superior al 10%. Pich ve "correcta" la posición del Ejecutivo de no subir ahora los impuestos y ha recordado que las comunidades autónomas, salvo Cataluña, tampoco han acometido incrementos impositivos. Por otro lado, ha pedido que la Agencia Tributaria "no quiera recuperar el tiempo perdido de golpe" al constatarse un aumento de los requerimientos en los últimos meses.
En esta línea, el presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), Agustín Fernández, ha indicado que la interlocución con la AEAT en la fase de confinamiento fue "adecuada, correcta y válida", si bien ha explicado que tras el fin de las fases de la desescalada, se están recibiendo en los despachos "demasiadas" actuaciones de comprobación y hay una "sobrecarga" de requerimientos enviados por la Agencia Tributaria.
Esto se debe, ha apuntado, a que durante la parálisis derivada del confinamiento la Administración Tributaria operó con sistemas de teletrabajo, pero hubo una interrupción de plazos administrativos que provocó el desplazamiento en el tiempo del periodo de resolución de cuestiones, lo que se suma a las actuaciones periódicas de revisión y comprobación de la AEAT.
Por impuestos, el 86,5% de los asesores fiscales encuestados está muy en desacuerdo o en desacuerdo con el hecho de que el Impuesto sobre el Patrimonio cumpla los objetivos que justifican su aplicación, y lo mismo sucede (85,2%) con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
En cuanto al IVA, un 80,3% está muy de acuerdo o en acuerdo en que el aumento de tipos genera más fraude fiscal, y un 76,8% considera que los costes de cumplimiento para las empresas son elevados. Además, la mayoría cree que l nuevo Sistema Inmediato de Información (SII) puede atenuar el nivel del fraude, la normativa de las operaciones intracomunitarias complica el impuesto y el impuesto no distorsiona las decisiones económicas empresariales.
Respecto al IRPF, un 77,1% considera que el sistema de módulos provoca fraude y un 78,1% considera que, bajo ese sistema, se paga menos de lo que se debiera. En este impuesto no hay un consenso claro en la valoración sobre si el impuesto funcionaría mejor si todas las rentas tributaran igual, ni tampoco si la reducción de los rendimientos del alquiler de vivienda permite bajar el precio de los alquileres.
En lo relativo al Impuesto de Sociedades, un 68,8% piensa que la deducción por I+D+i no cumple sus objetivos, mientras que un 80,2% opina que las diferencias de presión fiscal IRPF-Sociedades incentivan la creación de sociedades como práctica de elusión fiscal.
Además, los asesores fiscales sostienen que el régimen para entidades de reducida dimensión no es un obstáculo al crecimiento empresarial, mientras que la exención para evitar la doble imposición no facilita las prácticas de elusión fiscal. De su lado, no queda clara la valoración sobre el efecto de la reserva de capitalización en la financiación de las sociedades.
La encuesta también arroja datos sobre la complejidad del sistema tributario, que en un 90,5% de los casos acusan por la modificación continua de la normativa, seguido de la interpretación de la normativa por parte de la administración tributaria (85,7%), y la deficiente redacción (82,2%), mientras que en menor medida por la digitalización y movilidad (51,1%).
La complejidad viene dada especialmente por el comportamiento del
sector público (legislativo y aplicación de los tributos), según ha explicado Durán, quien también ha detallado la opinión respecto a la descentralización fiscal.
El 83,6% considera que las bajadas de impuestos de una comunidad generarán en esta crecimiento económico, lo cual es coherente con la opinión de que tales bajadas provocan movilidad real o ficticia de bases (87,4%). También apuntan que existen diferencias entre las agencias de las CCAA a la hora de corregir el fraude fiscal (59,8%), y éstas no necesariamente entienden mejor que la AEAT la situación de "sus" contribuyentes (68,5%). "El proceso de descentralización en España no tiene, por tanto,
consecuencias neutras sobre nuestro sistema fiscal", ha indicado Durán.
Sobre las recomendaciones, Fernández ha instado a una revisión de la deducción por I+D+i para ser incentivada de otra forma, y no fundamentalmente con el beneficio fiscal regulado en el Impuesto sobre Sociedades, así como una reducción de la diferencia entre el tipo del Impuesto sobre Sociedades y los del IRPF rebajando estos, lo que minoraría el fraude fiscal. En este sentido, ha indicado que la competencia fiscal internacional hace "casi inviable" una subida del tipo societario.
También instan a reducir más el ámbito de aplicación de la estimación objetiva en el IRPF porque "puede fomentar el fraude", junto a la simplificación del IVA. Sobre esto, ha dicho que al barajarse la posibilidad de que se produzca una subida de tipos en este impuesto, hay que tener en cuenta que el incremento de recaudación "se verá mermado por el más que probable incremento del fraude".
De cara a la reforma fiscal a medio plazo, ven imprescindible replantearse lo relativo a la tributación de la riqueza ya que, según los resultados de la encuesta, los principales impuestos ligados a esta fiscalidad "no cumplen la función para la que fueron diseñados". Por último, piden una normativa tributaria "más estable, mayor claridad en la redacción y adelantar lo más posible su interpretación".