VALÈNCIA. La fiscal jefe de la Comunitat Valenciana Teresa Gisbert presentó en diciembre la memoria de la Fiscalía del año 2018. Aunque ya se debe estar preparando la nueva, los datos de dicha memoria son los últimos hechos públicos con respecto al estado de la Justicia en la Comunitat.
En la provincia de Alicante, señala la memoria de la Fiscalía que el importe global de las cantidades defraudadas en el año 2.018 ascendieron a 1.882.963 euros, lo que significó una disminución importantísima con respecto al año anterior en el que las cuantías defraudadas sumaron 4.826.094 euros. También destacan que en ningún caso se ha superado el límite legal de la agravación de los 600.000 euros.
En cuanto a los Procedimientos Abreviados se incoaron 26, doce por delitos contra la Hacienda Pública, 13 por delito contra la Seguridad Social y uno por delito de fraude de subvenciones, y en el año 2.017 fueron son 61, 33 por delitos contra la Hacienda Pública, 27 por delitos contra la Seguridad Social y 1 por delito de fraude de subvenciones, por lo que existe una caída de más de la mitad. Sobre las sentencias, dice la memoria que fueron 18, doce por delitos contra la Hacienda Pública y seis por delitos contra la Seguridad Social, las mismas que en el año anterior.
Según se explica en la citada memoria, en València, la sección de Delitos Económicos tuvo encomendadas 186 causas frente a las 153 del año anterior lo que supone un incremento del 21,5% respecto del año anterior. Al igual que ocurriera en 2017, las tres primeras categorías delictivas fueron los de delitos contra la Hacienda Pública, la malversación y los delitos contra la Seguridad Social, que siguen suponiendo algo más del 80% del trabajo de la Sección.
El fiscal delegado Ricardo Olivares explica que, a pesar de la prevalencia del trabajo relacionado con los delitos contra la Hacienda Pública, “se aprecia en los últimos años una tendencia bajista en la entrada de asuntos por este tipo delictivo”. De hecho, si en 2017 los delitos contra la Hacienda Pública suponían el 44 por ciento de los procedimientos de la sección, en 2018 el porcentaje ha bajado, pese al incremento de causas, al 39,2%.
Asevera Olivares que en 2019, otra vez, se ha experimentado un incremento de los procedimientos por delitos contra la Seguridad Social, “como ya se preveía en la Memoria del año anterior”. En cuanto al motivo, Ricardo Olivares lo achaca a la reforma legislativa introducida en el Código Penal en 2012 en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, por la que se rebajó el límite cuantitativo del delito a los 50.000 euros en cuatro años. “La tendencia es claramente al alza, lo que obliga a prestar una mayor atención a este fenómeno delictivo”, apostilla el fiscal.
En cuanto a los delitos contra la Administración Pública, la tendencia también es al alza, pero explica Olivares que, “si bien hay que tener en cuenta que bastantes de las denuncias que se producen por este tipo delictivo suelen estar relacionadas con la confrontación entre partidos políticos”, por lo que en muchas ocasiones se refieren a meras irregularidades administrativas sin trascendencia penal.
Por otro lado, los delitos que en los últimos años han experimentado un mayor incremento, que fundamentalmente fueron la malversación y los delitos contra la Seguridad Social, no tienen un cauce de incoación tan marcadamente dirigido a la Fiscalía como los delitos contra la Hacienda Pública, siendo bastante usual que se inicien los procedimientos directamente en los juzgados de instrucción.
Pero pese a ese dato, dice la memoria que la entrada de asuntos en la sección ha experimentado un incremento. Clasificadas por tipos delictivos, de las Diligencias de Investigación Penal incoadas en 2018 hay que señalar que se incoaron ocho por delitos contra la hacienda pública, que comparados con los once del año anterior, supuso una disminución del 27,2%; 21 por malversación, que frente a los 14 de 2017 y significó un aumento del 50%; once delitos contra la seguridad social cuando el año anterior habían sido ocho, lo que conllevó una subida del número total del 37,5% y 2 por delitos de fraude de subvenciones, que frente a los 4 del año anterior significó una disminución del 50%.
Durante el año 2018 se señalaron 56 juicios de la sección de Delitos Económicos. De los 56, se celebraron 32 y se suspendieron 24. En cuanto a las sentencias, se dictaron 29 en primera instancia frente a las 26 del año 2017. Y en referencia al resultado de las mismas, expone la memoria que doce fueron condenas por lo que solicitaba la Fiscalía, once condenatorias con alguna discrepancia, y seis absolutorias.
Por su parte, en Castellón, en cuanto a la evolución de los asuntos en Diligencias de Investigación Penal en delitos económicos hay que señalar que no quedaron diligencias pendientes del año anterior. Se tramitaron tres, todas por delitos contra la Hacienda Pública y en las tres se presentó denuncia, dos menos que el año anterior.
En materia de Anticorrupción había tres Diligencias de Investigación Penal pendientes a 1 de enero de 2018 y se incoaron siete.