El director gerente de la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana, Manuel Miñés VALÈNCIA. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, daba a conocer este domingo los nombres de los miembros de su nuevo ejecutivo formado por perfiles técnicos y con varias caras conocidas. Este es el caso de José Luis Ábalos que, de nuevo, será el encargado de dirigir el ministerio de Fomento, que pasa ahora a llamarse Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, cuyas competencias abarcan desde las infraestructuras hasta el sector del taxi. Un departamento con varias cuestiones pendientes que los contratistas valencianos quieren recordar al nuevo ejecutivo central con una serie de reivindicaciones "esenciales para el crecimiento económico y el bienestar de los ciudadanos"
Se trata de una lista de 'deberes' cimentados en cuatro grandes ejes que ponen el acento en aquellas actuaciones prioritarias con un objetivo claro: evitar el "inmovilismo" y, en consecuencia, caer en un retroceso económico y social. "Aunque en autovías, puertos, aeropuertos y tren de alta velocidad, contamos con una extensa y moderna red, aunque con grandes desequilibrios territoriales, existen otras infraestructuras de alto contenido social en las que somos altamente deficitarios", asegura el director gerente de la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana (CCCV), Manuel Miñés.
Precisamente, hace unos meses los contratistas advertían del desplome de las inversiones del Gobierno en obras públicas en la región valenciana en el primer trimestre de 2019 con un total de 21,87 millones frente a los 94,94 millones en 2018. Un escenario a la baja que se mantenía hasta agosto y situaba a la Comunitat a la cola del total nacional representado el 3,61% del total de la inversión estatal. De acuerdo con su informe, de los 4.507,7 millones licitados en el periodo enero-agosto de 2019, la Comunitat recibió 163 millones, lo que supone un 71,8% menos respecto al mismo periodo de 2018 cuando se invirtieron 578 millones. Unas cifras que relegaban a la región valenciana a la parte baja de la inversión total del Estado por comunidades autónomas.
Un escenario propiciado por la incertidumbre política, la consecución de convocatorias electorales y la falta de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado que, ahora, con un nuevo ejecutivo en construcción, los contratistas valencianos quieren cambiar. Para ello, urgen a poner en marcha inversiones prioritarias que vayan más allá de las buenas palabras y fijen unos compromisos y unos plazos. Sin excusas. Y es que para Miñés "ante la falta de recursos presupuestarios en España, y muy especialmente en la Comunitat, no podemos permanecer pasivos". En este sentido, asegura que afianzar una inversión sostenida, que mitigue el déficit en infraestructuras, precisa de una serie de actuaciones prioritarias por parte del nuevo Gobierno que "acaben con el trato discriminatorio que padecemos en la Comunitat".
Entre las actuaciones pendientes destaca un Plan de nuevas Infraestructuras de Transporte que incluya tanto las Infraestructuras viarias y ferroviarias, de transporte de mercancías y sus áreas logísticas y que, asimismo, favorezca la movilidad de viajeros tanto por automóvil como por ferrocarril, primando la movilidad no contaminante. Consensuado entre Fomento, la administraciones autonómicas y organizaciones empresariales, debe basarse en criterios de rentabilidad económica y social. Pero, además, para evitar que se convierta en "una declaración de intereses e intenciones", la exigencia de los contratistas pasa por la obligatoriedad de que incluya un calendario con anualidades de inversión y plazos de ejecución, así como una comisión semestral de seguimiento para evaluar su cumplimiento.
Asimismo, reclaman un Plan de Conservación y mantenimiento de la Red Viaria porque, según los contratistas, actualmente es deficitaria en unos 6.000 millones de euros en la totalidad de la red estatal y en otros 300 millones de euros en lo que representa la red autonómica de la Comunitat. "La inversión en conservación debe valorarse, además, por el impacto que ello supone en el cambio climático porque cada kg de CO2 invertido en las operaciones y materiales en Conservación de carreteras evitamos la emisión de 36 kg de CO2, procedentes de la mejora en eficiencia del transporte por carretera", explica Miñés.
Un tercer eje pasaría por establecer un Pacto Nacional del Agua con especial hincapié en las infraestructuras necesarias para prevenir inundaciones y protección de las ciudades frente a inundaciones y con el objetivo de aminorar los daños y consecuencias del cambio climático como fue el último episodio de la DANA. Para ello, la Cámara de contratistas ve necesario la puesta en marcha de planes de conservación de cauces; sistemas de alerta temprana y su monitorización, regulación de cauces, mejora de diques de los ríos y ramblas o construcción y/o modificación de presas y azudes.
Consciente de la limitación de las arcas públicas, el director gerente de la Cámara de Contratistas reivindica el papel de la colaboración público-privada a través de un modelo concesional para complementar los "constreñidos recursos públicos y dar respuesta a las inversiones prioritarias"."Hay que acudir al sistema concesional con transparencia, seguridad jurídica y evaluando la viabilidad económico-financiera, sostenibilidad, y retorno de cada Inversión", defiende apostando por consorcios con empresas constructoras y concesionarias de infraestructuras y/o prestadoras de servicios para acometer las obras que no pueden cubrirse con los recursos públicos como ya hacen otros países europeos. Y es que para Manuel Miñés "las infraestructuras deben ser una prioridad para el nuevo Gobierno al ser esenciales para el crecimiento económico y el bienestar de los ciudadanos".
