VALÈNCIA. Los reparos de la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, hacia la fórmula de la empresa en la colaboración público-privada han quedado en evidencia ante los últimos escándalos que la propia Oltra reveló el pasado lunes. 11 de los 13 centros en los que se detectaron incidencias son de gestión pública directa o de entidades sin ánimo de lucro, solo uno es empresa, y a pesar de todo las cosas no salieron bien.
Ocho centros son gestionados por la Emaus Fundación Social y la Conselleria está trabajando para que otra entidad se haga cargo de ellos. "Se les concedió subvención a pesar de estar en concurso de acreedores para no mover a los niños y mantener a los trabajadores", explican desde la cartera de Oltra. Hoy acumula una deuda de 23 millones de euros, 5 con la Seguridad Social.
Monteolivete es un centro de menores gestionado por la Generalitat en el que los niños llegaron a dormir en el suelo. Penyeta Roja es gestionado por la Diputación Provincial de Castellón y no tenía permiso mientras que a 'La Resurrección', gestionado por la Congregación Terciarias Capuchinas, se les ha acusado de presunto maltrato.
El centro 'El Carmen', estuvo hasta noviembre de 2016 gestionado por una empresa privada, pero desde que finalizara el contrato, los menores fueron ya reubicados; y el de Buñol actualmente lo gestiona una empresa privada que solicitó no continuar dando este servicio, por lo que en junio de 2017 pasará a custodiarlo la Generalitat.
Esto vendría a desinflar el argumento de que el servicio de la empresa privada debe ser peor por norma por tener ánimo de lucro y así lo entiende la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios de Personas Dependientes en la Comunitat Valenciana (Aerte), de la que gran parte de sus asociados van a ser excluidos del concierto de residencias por no formar parte del tercer sector, es decir, sin ánimo de lucro. Eso quiere decir que no podrá optar a las 1.363 plazas que se ofertan dentro de este modelo.
De hecho, tampoco pueden prácticamente optar al concurso, que se reparte en unas pocas grandes empresas mientras que las pequeñas no llegan a los mínimos requisitos exigidos quedando fuera del sistema. "Cuando pedimos a la Administración un reflexión sobre el modelo de concierto social que está planteando en la actualidad no queremos en ningún caso vincular este posible maltrato con la naturaleza sin ánimo de lucro o pública de algunas de las entidades citadas", señala José María Toro, presidente de Aerte.
"Hemos defendido el buen hacer que tienen muchas de estas asociaciones, fundaciones o cooperativas y su papel fundamental en el sector de los servicios sociales. Hemos defendido ante la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas que había que superar el modelo de subvenciones y abrir un nuevo escenario que permitiera mejorar su estabilidad financiera y su seguridad jurídica. Creíamos que el concierto social podría ser una buena fórmula para ello pero siempre que integrase a los distintos tipos de concierto existentes en nuestra comunidad autónoma y que permitiese participar a todas las entidades de sector, independientemente de su forma jurídica", asegura.
Por este motivo, reiteran su petición de reflexión sobre el modelo de concierto que se quiere aplicar en la Comunitat y que se ajuste al principio de no discriminación que se recoge la Directiva Europea 2014/24/UE de Contratación Pública.
La Generalitat, padre y madre de los menores tutelados
La responsabilidad total sobre las personas tuteladas la tiene la Generalitat valenciana y debe ser ésta la que se haga cargo de su bienestar y de garantizar sus derechos esenciales. "Estos menores no tienen a nadie que pueda dar respuesta a esas necesidades sociales, educativas y emocionales por ello la sociedad ha confiado su atención a la Administración Pública", señala el presidente de Aerte. "Ahora habrá que comprobar que las circunstancias tan graves que se han hecho públicas corresponden con la realidad y que la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas y la Fiscalía de Menores actúan en consecuencia", apunta.
Sin embargo, asegura que están convencidos del buen trabajo que llevan a cabo miles de personas, en un porcentaje muy elevado mujeres, en cientos de entidades públicas y privadas, mercantiles o del tercer sector, para mejorar la vida de mayores, menores, con diversidad funcional, en riesgo de exclusión o con trastorno mental grave. "Creemos que la sociedad valenciana debe estar orgullosa de su trabajo, vocación y compromiso en domicilios, centros de día y residencias", apunta.
CCOO cuestiona los cierres que propone Igualdad
CCOO cuestionaba este miércoles en un comunicado que la Generalitat "se escude en el estado de las instalaciones para justificar cierres de centros que ha dejado años sin mantenimiento". Aseguran que la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO denunció insistentemente la degradación de la atención en los centros públicos de Servicios Sociales, provocada por la falta de mantenimiento, medios y dotación para ofrecer una intervención adecuada a los menores.
El sindicato denuncia que la Generalitat haya permitido durante años el deterioro de las instalaciones y a través de la Conselleria de Igualdad y Políticas inclusivas, justifique el cierre apelando al estado de las mismas. "La responsabilidad que implica el trabajo con menores imponía haber actuado tras cada petición y queja por parte del personal, sus representantes y del comité de salud", aseguran.
La atención debida a los menores se ha deteriorado durante años de políticas deficientes y el personal del sector lleva años arrastrando una merma de sus derechos, supliendo la falta de medios, acusando excesivas cargas de trabajo, soportando agresiones y falta de respeto y reconocimiento a su labor de atención a menores", insisten.
Oltra apuntaba este miércoles que la congregación de las Hermanas Terciarias Capuchinas que gestiona el centro de menores de Segorbe (Castellón) recibe más de 2.000 euros por niño al mes de la Generalitat, por lo que criticaba que éstos tengan que "ir a mendigar comida" a los supermercados. Sin embargo, hace unos días la Conselleria de Hacienda reconocía que los centros de menores tutelados por la Generalitat llevan seis meses sin cobrar a la espera de que lleguen los fondos del FLA.
