VALÈNCIA. El proceso de desapalancamiento de la banca en la Comunitat Valenciana sigue en curso, tal y como se recoge en el informe correspondiente al pasado año que ayer colgó en su web el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). Y los datos no dejan lugar a las dudas: a lo largo de 2017 los bancos cerraron un 16% más de oficinas en algún punto de las tres provincias, mientras que en el conjunto nacional la cifra se redujo en un 42% en comparación con los números de 2016.
Concretamente a 31 de diciembre pasado eran 2.724 sucursales bancarias las repartidas por todo el territorio autonómico, un 7,09% menos -o 208 en términos absolutos- que doce meses antes. València y Alicante vieron cerrar 83 nuevas oficinas, mientras que en Castellón bajaron la persiana 42. Ni que decir tiene que la provincia valenciana sigue al frente en cuanto al número de establecimientos bancarios con 1.432, a continuación se situaban la alicantina (963) y la castellonense (329).
En el conjunto español, que a lo largo del pasado año se liquidaron un total de 1.323 sucursales, es decir, una caída del 4,62% muy por debajo del 7,09% de la Comunitat Valenciana. A 31 de diciembre pasado, según los datos del el brazo ejecutor de la política financiera del Consell, eran 27.320 oficinas bancarias las que había en España.
Unos números que apuntan a seguir reduciéndose a la vista de que la banca más pronto que tarde volverá a vivir otro proceso de concentración, lo que provocará nuevos despidos en uno de los sectores que más ha acusado la crisis junto con el vinculado al 'ladrillo'. Y los daños colaterales siguen apreciándose en no pocos pueblos, que ven como se quedan sin oficina bancaria.
El propio presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, advertía esta misma semana que hasta 177 municipios de la Comunitat carecían incluso hasta de un cajero automático. Ante esta situación y dentro de las políticas para detener la despoblación, se ha propuesto intentar recuperar este tipo de servicios a las poblaciones que sean cabecera de microcomarcas. Para ello solicitará a las diputaciones provinciales que colaboren en el "esfuerzo común" para detener y paliar la ausencia de servicios bancarios y financieros en el entorno rural, dado que esta carencia "frena las posibilidades de desarrollo" de los pueblos.
Precisamente Joaquín Maudos, director adjunto del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y catedrático de la Universitat de València, publicaba hace un par de semanas un interesantísimo informe que recogía los daños colaterales provocados por el desapalancamiento bancario. Y es que a 31 de diciembre de 2016 ya eran más de 200 municipios de la Comunitat Valenciana los que se habían quedado sin oficinas bancarias, afectando a más de 120.000 habitantes.
Al catedrático de Análisis Económico le "consta que muchas entidades intentan paliar el problema con medidas como mantener un cajero automático, un microbus que se desplaza por diversos pueblos, un empleado de una oficina que se desplaza con su coche por otros pueblos.., y por supuesto ofreciendo la banca online, que es la gran medida contra la exclusión. Por eso, no tener acceso a una oficina en el lugar de residencia no es sinónimo de exclusión financiera", advertía entonces a Valencia Plaza.