Varios profesionales con material para protegerse del coronavirus en un hospital. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. Los altos cargos de la Conselleria de Sanidad que comparecieron este jueves como imputados ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia por la falta de material frente a la covid se acogieron a su derecho a no declarar. De acuerdo con fuentes cercanas a la causa, el motivo al que aludieron fue que se encontraba pendiente el pronunciamiento de la Audiencia de Valencia por un recurso presentado por la Fiscalía en el que pedía sobreseer la investigación. Así, hasta que no llegue esa resolución no responderán a las preguntas ante el juez.
El criterio de juez y fiscal en este caso es dispar. El primero imputó el pasado septiembre, a raíz de una denuncia de un grupo de abogados, a la directora general de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad, Carmen López, y al director gerente del departamento de salud Alicante-Hospital General, Miguel Ángel García, por la falta de equipos de protección contra el coronavirus y de test para los sanitarios. Una decisión que abría la vía penal en la Comunitat Valenciana para determinar la responsabilidad política sobre estos hechos.
La Fiscalía Provincial de Valencia pidió el archivo al entender que no cometieron delito, pero el juez siguió adelante al considerar que era necesario determinar si los altos cargos adoptaron o no "las medidas pertinentes para luchar, evitar, paliar o atajar la actual pandemia".
Tras lo cual el representante del Ministerio Público Jaime Gil presentó un recurso de apelación ante la Audiencia. En él insistió en que en la denuncia no se determina "ni cuándo se han producidos los hechos, ni los concretos incumplimientos que en cada uno de ellos se ha producido, ni quiénes son los trabajadores afectados por el riesgo, ni cuáles son los equipos de protección personal que no se han proporcionado". Lo cual hace, en su opinión, "no solo inviable y carente de toda lógica la investigación pretendida", sino que además ésta sería "genérica y prospectiva", lo que no permite la jurisprudencia.
"Para poder hablar de imputación penal dirigida a los querellados en esta causa, en una situación excepcional como la que estamos viviendo, no basta con constatar la realidad de que existen carencias y retrasos en los medios de protección, sino si a los mismos se le puede considerar como legalmente obligados" a proveerlos, razona el escrito.
La Audiencia todavía no ha emitido un pronunciamiento al respecto, de manera que cuando lo haga tendrán que volver a ser citados, previsiblemente, los altos cargos de Sanidad a los que se atribuyen los hechos.
