Foto: EPVALÈNCIA (EP). El Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (CVCA) ha pedido este miércoles la dimisión de la delegada del Gobierno en la Comunitat, Gloria Calero, a la que acusan de mostrar un "desconocimiento total" sobre sus propias competencias y de "poner en peligro grave" a los letrados en las asistencias a detenidos en Comisarías de Policía Nacional y la Guardia Civil.
Según aseguran en un comunicado, desde que se declaró el estado de alarma por el coronavirus, tanto el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, como individualmente los órganos que lo integran, han estado solicitando "por escrito y verbalmente" de la Delegación de Gobierno que se dictaran las instrucciones necesarias para que, en estas circunstancias, la asistencia letrada a los detenidos se realice por medios telefónicos o telemáticos en los centros de detención.
El CVCA asegura que así se hace en muchas otras comunidades autónomas y así se está haciendo para la puesta a disposición del detenido en la mayoría de juzgados. Sin embargo, lamenta que, a pesar de la "insistencia", de la cobertura legal del artículo 520.2.c de la LECRIM y a pesar de la "expresa recomendación" en este sentido de la Comisión Autonómica del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Calero ha dado traslado de esa solicitud a la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, ya que considera que este es el "órgano competente para atender su petición".
Los Colegios de Abogados recuerdan que la Comisión Autonómica del TSJCV sobre esta cuestión asegura expresamente que "debe recomendarse la conveniencia de que las actuaciones de asistencia letrada a detenidos puedan realizarse por videoconferencia, acordando ponerlo en conocimiento de las distintas sedes policiales de esta Comunidad Autónoma y elevar la cuestión a fin de que por la Comisión Mixta del CGPJ, Ministerio del Interior y Fiscalía General del Estado se puedan acordar las dotaciones de medios necesarias para que resulte factible tal posibilidad".
En esta línea, el consejo recalca que, a pesar de que algunos centros de detención "tienen los medios, y que en muchos centros de la Comunidad Valenciana ya se estaba haciendo", la delegada de Gobierno, en respuesta a su último escrito sobre esta cuestión, traslada esa petición a la Conselleria de Justicia "desconociendo en profundidad las competencias que en este asunto le corresponden".
El escrito de la delegada señala, según el Consejo, que "coincidiendo en la necesidad de aunar la protección de los trabajadores con la garantía de los derechos inherentes a la asistencia jurídica y a la confidencialidad de las comunicaciones entre los detenidos/as y sus letrados/as, damos traslado de su escrito en el día de hoy a la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, en tanto órgano competente para atender su petición".
