BRUSELAS (EP). Los países de la Unión Europea han respaldado este viernes los objetivos nacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 propuestos por la Comisión Europea, que exigen a España un recorte del 26% con respecto a los niveles de 2005.
En concreto, los ministros de Medio Ambiente de los Veintiocho han fijado su posición negociadora de cara a las conversaciones que comenzarán ahora con representantes de la Eurocámara sobre la propuesta para repartir los esfuerzos de reducción de emisiones entre los Estados miembros entre 2020 y 2030.
La propuesta cubre las emisiones de los sectores que no están incluidos en el régimen europeo de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés), que son la vivienda, el transporte, la agricultura y la gestión de residuos, responsables de cerca del 60% de las emisiones totales de la UE en 2014.
El objetivo de la legislación es cumplir con los objetivos establecidos en el Acuerdo del Clima de París, en el que la UE se comprometió a reducir al menos un 40% sus emisiones de CO2 con respecto al nivel de 1990. Los sectores de esta propuesta, concretamente, deben recortar sus emisiones en un 30% para 2030 en relación a 2005.
Así, los Veintiocho han mantenido los objetivos específicos que cada país deberá cumplir en la próxima década, que oscilan entre el 0% exigido a Bulgaria y el 40% que se reclama a Suecia y Luxemburgo.
Cada socio de la UE debe seguir una senda de reducción de emisiones que asegure que decrecen de forma continua durante todo el periodo. El punto de partida de esta trayectoria se establece en 2020 y se calculará como el nivel medio de emisiones entre 2016 y 2018, los niveles más actualizados que estarán disponibles en 2020.
Los ministros también han apoyado mantener la flexibilidad que existe en la actualidad para ayudar a los países a alcanzar sus límites anuales. Esto incluye la posibilidad de transferir asignaciones de emisiones anuales de un año a otro y entre Estados miembros. También han integrado nuevas flexibilidades como cancelaciones puntuales de permisos del sistema ETS.
Además, la posición de los Estados miembros incorpora una reserva de seguridad para los países menos ricos de la UE que, a pesar de haber superado sus objetivos para 2020 puedan tener dificultades para alcanzar las metas de 2030. Esta reserva estará dotada con un total de 115 millones de toneladas de CO2 y estará disponible en 2032.
Sin embargo, los Estados miembros tendrán que cumplir una serie de condiciones para tener acceso a ella, como por ejemplo haber utilizado con anterioridad las flexibilidades que incluye la normativa. Además, sólo podrá utilizarse la reserva si la UE en su conjunto ha conseguido su objetivo para 2030.
No es de extrañar que se invite cada vez más a bancos y aseguradoras a gestionar los riesgos y las oportunidades climáticas en sus carteras
