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caso erial

La trama de Zaplana creó una empresa para los "pelotazos urbanísticos"

12/02/2020 - 

VALÈNCIA. El sumario del caso Erial, que investiga el presunto cobro de comisiones y el blanqueo de once millones de euros por parte del expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, no deja de deparar sorpresas. Comisiones que habría recibido Zaplana supuestamente de manos de la familia Cotino a cambio de las adjudicaciones del Plan Eólico y de las ITV.

En el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), se explica con todo lujo de detalles el sistema de repatriación de dinero desde la empresa Imisión Internacional, creada por los Cotino en Luxemburgo para el pago de las supuestas mordidas al expresidente, hasta otra empresa instrumental, Medlevante, esta a nombre de testaferros, para que la trama pudiera comprar varios inmuebles con los que dar un pelotazo urbanístico. El sumario expone, además, que pensaban, como mínimo, duplicar lo invertido.

En el caso Erial, además de Zaplana, entre los principales imputados están el exconseller Juan Cotino y sus sobrinos José y Vicente Cotino; los supuestos testaferros del expresidente Joaquín Barceló y Francisco Grau; el presidente de la mesa de contratación que adjudicó las ITV y jefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, o la mujer y las hijas de Zaplana. Los investigados están acusados de los delitos de prevaricación, malversación, fraude en la contratación, cohecho, delito contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.

Rosa Barceló, esposa de Zaplana, con sus hijas. Foto: EFE/ Eusebio Calatayud

"Relato de Medlevante"

En la repatriación de fondos, supuestamente procedentes de sobornos como contraprestación por la adjudicación de contratos a los Cotino, destaca una empresa: Medlevante. De hecho, durante el registro policial en casa de Zaplana se encontró un documento en su maletín personal llamado "relato de Medlevante". En el documento se describe parte del proceso de retorno de los fondos de Imison Internacional, a través de ampliaciones de capital de Medlevante, y las inversiones que se acometieron o se preyectaron, según exponen los agentes. En ese documento se resumen parte de los pelotazos que presuntamente pretendían dar.

Hay dos normas básicas para poder dar un buen pelotazo urbanístico. La primera, tener información privilegiada. La segunda, poseer dinero para adquirir los inmuebles susceptibles un rápido aumento de valor. Según el informe, lo que la magistrada llama organización criminal, tenía ambas cosas.

En cuanto a los pelotazos que supuestamente se pretendía dar, destacan la compra de unos terrenos en primera línea de costa en Villajoyosa antes de que fueran recalificados a urbanizables por dos millones de euros, dos apartamentos en el puerto de Altea y la casa de la calle Núñez de Balboa en Madrid.

De los terrenos, dice el escrito que "por las relaciones de Pachano" -apodo del testaferro Joaquín Barceló- se llega al terreno. Pero para poder comprarlos necesitaban dos millones, así que desde Imison se transfirieron, con una ampliación de capital como telón de fondo para justificar la transferencia, 2,9 millones de euros, y además, utilizaron la ampliación para darle una apariencia de legalidad. Una vez el dinero estuvo en España, Medlevante le hizo un préstamo de 2,2 millones de euros a otra de las empresas instrumentales de la trama, Gesdesarrollos, que fue la que finalmente adquirió los terrenos. 

Zaplana, en el registro de su chalet de Benidorm el pasado 22 de mayo. Foto: EFE

Medlevante, a su vez, tenía cuatro socios, que eran Joaquín Barceló con un 0,02% de las participaciones, Costera del Glorio –sociedad instrumental- y Minsley y Disfey, que estaban a nombre de Fernando Belhot, pero que según el propio Belhot, eran en realidad de Zaplana

El proyecto que tenían era el siguiente: en el primero de los terrenos, de 1.098 metros cuadrados, pretendían construir un complejo residencial con 15 o 20 apartamentos que "por los contactos con agencias inmobiliarias muy activas en la zona, y por la propia experiencia de uno de los socios, podría ser un producto muy interesante". El período de ejecución abarcaría los ejercicios 2017 y 2018. 

Con el segundo terreno, de 2.491 metros cuadrados, afirmaban tener "un acuerdo con los propietarios de la parcela colindante, que nos ha de permitir ofrecer en conjunto a un operador turístico la posibilidad de desarrollar sobre un total de 6.700 metros cuadrados, un complejo que por su ubicación sería un referente en la zona". También pensaron en contactar con un broker especializado en cadenas hoteleras internacionales.

Desde Medlevante también se hizo una operación comercial. Se pagó la mitad de dos apartamentos en una urbanización de lujo de Altea. Estos inmuebles estaban valorados en 812.000 euros, de los que Medlevante pagó a cuenta 394.400 euros, quedando pendiente de pago 417.600 euros. El problema vino cuando se dejó de pagar la hipoteca por parte de los promotores de las viviendas. De hecho, Francisco Grau tuvo que enviar una carta al banco explicando la situación para que no se ejecutara la hipoteca sobre los apartamentos.

Por último, está la casa de la calle Núñez de Balboa en Madrid, que se escrituró a nombre de Costera del Glorio, otra de las sociedades bajo sospecha y que gestionaba uno de los testaferros. Expone la UCO que "los indicios acumulados apuntan, por un lado a que Eduardo Zaplana sería el verdadero titular y, por otro, a que éste tenía conocimiento de los pormenores de la venta". 

En el plano internacional, el expresidente de la Generalitat adquirió varios terrenos en Panamá, pero según Belhot, el negocio fue una ruina para Zaplana, quien también perdió medio millón de euros que invirtió en National Geographic.

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