Ambas sociedades están bajo investigación por supuestamente haber sido las empresas pantallas del Grupo Municipal para cometer el delito electoral por el que están investigado
VALENCIA. El Grupo Municipal del Partido Popular en Valencia tenía y tiene empresas de cabecera. En esta situación se encuentran la desaparecida Laterne Product Council (LPC) y Trasgos. Ambas han sido las encargadas de llevar las campañas de Rita Barberá las últimas tres elecciones municipales y ambas están bajo la lupa de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), de la Fiscalía Anticorrupción y del magistrado instructor de la Operación Taula.
Este magistrado investiga ahora si Laterne fue utilizada para pagar donaciones ilegales al PP municipal que habrían servido presuntamente para financiar la campaña de 2007, tras como desveló en exclusiva este martes Valencia Plaza.
Según se desprende de lo investigado hasta la fecha, tanto LPC como Trasgos habrían servido como empresas pantalla para que el dinero irregular que presuntamente conseguía el Grupo Municipal del PP de Valencia se pudiera utilizar para financiar las campañas electorales de Rita Barberá.
De Trasgos se ha escrito mucho durante la instrucción del sumario de la Operación Taula. La empresa no sólo aparece como una de las empresas contratadas por el Consistorio, sino que además fue la encargada de llevar la campaña de 2011 de Barberá. Está siendo investigadas por el Juzgado de Instrucción número 20 de Valencia por presuntamente ser adjudicataria de contratos troceados. Además, aparecen pagos a esta empresa dentro de las libretas de la cajera del PP municipal Mari Carmen García-Fuster entre los años 2005 y 2009.
Tragos trabajaba desde 2005 con el Grupo Municipal. Sin embargo, en esas fechas, la empresa de cabecera del PP de Rita Barberá era Laterne (LPC). Así fue hasta que en verano de 2008 LPC entró en concurso de acreedores y dejó de pagar a sus trabajadores. Y además, hace dos años, falleció el dueño de la empresa, Vicente Sáez Tormo, lo que supuso un revés para algunos trabajadores que todavía mantenían pleitos con la empresa.
Sin embargo hasta que quebró, LPC había recibido desde el año 2001 contratos del Ayuntamiento de Valencia y de entidades derivadas de éste contratos por valor de 1,2 millones de euros, tal y como en su día denunció el PSPV municipal de boca de la concejal socialista Ana Botella.
Ana Botella también denunció en su día la relación personal existente entre el dueño de la consultora Laterne y el número dos de Barberá, el exvicealcalde Alfonso Grau. En su día, en rueda de prensa, Grau explicó que sí que conocía a Sáez puesto que era médico y había hecho la residencia de cirugía general en su servicio en el Hospital General de Valencia, pero negó que existiera ningún trato de favor a LPC por dicha relación.
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