VALÈNCIA (EFE). La tasa de temporalidad en España, porcentaje de trabajadores que tiene un contrato de duración determinada, se redujo en 2019 ocho décimas, la primera caída en siete años, más entre los hombres que entre las mujeres, y que se debió al descenso en el sector privado frente al repunte en el público.
Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), la tasa ha pasado del 26,9 % en 2018 al 26,1 % al cierre de 2019, la primera caída en comparativa anual desde 2012, cuando se situaba en el 22,8 % tras haberse reducido en más de diez puntos durante los años de crisis.
Al detalle, la evolución en 2019 es diferente entre hombres y mujeres: mientras que entre ellos ha caído 1,3 puntos -del 26,2 % al cierre de 2018 al 24,9 %-, en ellas apenas lo ha hecho dos décimas al pasar del 27,6 % al 27,4 %.
También difiere la evolución entre el sector privado, donde ha bajado del 27 % al 25,7 %, y el público, donde se ha incrementado más de un punto al pasar del 26,3 % al 27,8 %.
En cifras absolutas, unos 4,3 millones de trabajadores tenían contrato temporal al cierre de 2019 frente a los 12,4 millones que tenían indefinido.
Durante el año, el número de asalariados con empleo indefinido aumentó en 414.200 personas, mientras que el empleo temporal se redujo en 21.600.
Detrás de estas cifras, que siguen situando a España como el país de la UE con mayor tasa de empleados temporales -casi el doble que la media europea que se mantiene en el 14,2 %-, hay distintos factores.
En el caso del sector privado, el comportamiento puede señalar un punto de inflexión en el mercado laboral antes de un cambio de ciclo, expone a Efe la economista senior de Funcas, María Jesús Fernández.
En el último año, explica Fernández se ha reducido la contratación temporal y se ha acelerado el empleo indefinido, algo que también ocurrió antes del inicio de la anterior crisis, recuerda Fernández.
"No esperamos otra crisis pero sí otra etapa", subraya la economista de Funcas que recuerda también que en esta fase expansiva la temporalidad se ha mantenido en niveles más moderados que en la anterior debido, en parte, a que la reducción del coste del despido que conllevó la reforma laboral.
De acuerdo con los datos de la EPA de cierre de cada año, la tasa de temporalidad total marcó máximos en 2005 en el 33,8 % y comenzó a bajar con el inicio de la crisis -cuando el grueso del empleo destruido fue temporal- para caer al 22,8 % en 2012.
Desde ahí volvió a subir, aunque sin llegar a superar la barrera del 26 %, para marcar su primer descenso en el último año.
Pero, ¿por qué se reduce en esos puntos previos al cambio de ciclo?
María Jesús Fernández apunta a dos hipótesis. Por un lado, las empresas que empiezan a notar la ralentización en el negocio o tienen peores perspectivas, destruyen primero empleo temporal.
Por otro, las que siguen con buenos ritmos de negocio apuestan por consolidar y convertir en indefinidos determinados perfiles que escasean en el mercado.
En el sector público, la situación es diferente ya que se debe a la mayor contratación temporal en el marco de la recuperación económica y ante el retraso que sufren algunos de los procesos de estabilización de empleo acordados en 2017 para, precisamente, recortar la tasa de temporalidad y dejarla en el 8 %.
Las distintas Administraciones Públicas, explican desde UGT, han sorteado los límites de la tasa de reposición (que impide cubrir todas las jubilaciones) mediante la generación de un empleo temporal de larga duración "degenerando en un uso abusivo y fraudulento del mismo".
Desde el Ministerio de Trabajo, el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, valoraba esta semana la "ligera tendencia a la contención" de la tasa de temporalidad que vincula, en parte, al refuerzo de los planes de la Inspección de Trabajo para aflorar situaciones de uso irregular de la contratación temporal.
Para el Gobierno, explicaba Pérez Rey, el "uso y abuso de la contratación temporal en España sigue siendo inadmisible" y para intentar frenarla se seguirá con la actuación inspectora y se trabajará para recuperar la causalidad de los contratos y que se vinculen "claramente" a necesidades temporales.
