La Plataforma por la Jornada Partida amenaza con nuevas denuncias ante los tribunales y el Síndic de Greuges por la "falta de control" que se ha producido en las votaciones
VALENCIA. La jornada continua ha ganado por aclamación popular en 302 de los 315 centros escolares en los que se decidía su implantación, lo que significa que únicamente 13 colegios han contrario el proyecto presentado. En otras palabras, en el 85'54% de los casos ha habido una postura favorable por parte de los padres y madres, pero muy especialmente en el caso de Alicante (donde los porcentajes por el cambio han sido bastante elevados) y en Castellón (donde ningún centro ha refutado la modificación de horarios). Pero como nunca llueve a gusto de todos, la Plataforma por la Jornada Partida ha interpuesto seis recursos ante los tribunales, de los que la Justicia ha admitido a trámite cuatro.
Esta Plataforma por la Información y la Promoción de los Valores de la Jornada Partida, fundada durante los meses de verano en la provincia de Alicante e integrada por 70 Ampas, nace como respuesta a la agrupación contraria, la Plataforma a favor de la Jornada Continua Libre Elección, cuya trayectoria se remonta a dos años atrás. En septiembre interpusieron hasta seis recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) contra la orden de Conselleria, que tuvieron que firmar a título personal por no haberse constituido todavía como asociación. En ellas apelaban a los “daños” que podía conllevar el proceso, además de al “efecto retroactivo” con el que se convocaba, al darse una vez arrancado el curso escolar. El TSJ ha admitido a trámite cuatro de ellos.
Ayer mismo, tras hacerse públicos los datos que muestran el respaldo mayoritario de los padres a esta modificación horaria, los miembros de la Plataforma amenazaban con más denuncias ante los tribunales y el Síndic de Greuges. Aseguran que irán presentándose a lo largo de los próximos días, nuevamente a título personal. En este caso cuestionarán los procesos de votación, donde creen que ha habido "falta de control", hasta el punto de que algunas papeletas se podrían haber delegado de manera irregular. Hablan incluso de "profesores celebrando los resultados con los padres en bares" de forma electoralista. "Al final esto solo consigue dividir a los padres y a la comunidad educativa", declaran.
Su próximo movimiento será "respaldar a los colegios que quieran recurrir" y hacer campaña "de concienciación" en aquellos que se planteen presentar proyectos para el próximo curso. "A fin de cuentas, es lo mismo que vienen haciendo los miembros de la asociación contraria desde hace años, y así hay dos versiones", precisan. Cabe recordar que también existe un recurso interpuesto por la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (Fcapa) contra la orden, que además apelaba a derechos fundamentales y exigía medidas cautelares para la paralización de las votaciones, algo que fue finalmente desestimado.
Atendiendo a los resultados por comarcas, de los 264 centros alicantinos, 257 se han mostrado favorables a la implementación de la jornada continua; en el caso de Valencia, han sido 32 de 27; y en Castellón, todos los que votaban han obtenido el respaldo para cambiar sus orarios. Tal es el éxito que, desde la Plataforma por la Jornada Continua celebran las cifras, insistiendo en que los padres han hablado “alto y claro”. “Felicitamos a todos los centros que lo han conseguido, animamos a los que se han quedado a las puertas por lo antidemocrático de la norma y agradecemos a los miles de padres y madres que han trabajado contra viento y marea por hacer realidad lo que vivimos ayer”, aseguran.
No obstante, inciden en sus criticas contra la norma de Generalitat, que califican de “ambigua”. Critican que la orden por la que se regula la modificación de horarios y el proceso hasta la jornada continua haya sido publicada “a destiempo y en plazos a contrarreloj”. Otra de sus grandes batallas, además, es que les obligue a buscar financiación para las actividades extraescolares “desesperadamente, porque Conselleria lo exige, pero no quiere pagarlas”.
En cualquier caso, remite a la “participación masiva”, ya que en el conjunto de la Comunitat, el 80,58% de madres y padres llamados a pasar por las urnas lo han hecho. En Alicante la participación ha sido de 109.994, un 80,22%; en Castellón, 7.121, el 87,59% (la más alta); y en Valencia, 12.844, un 80,13%. Además, recuerdan que el voto es secreto, “así que queda demostrado que los padres no estamos manipulados por los maestros”, dicen.
Sea como fuere, los sindicatos de profesores también han valorado positivamente, no solo los resultados de las votaciones, sino la participación. Stepv ha sido uno de los primeros en remarcar su “participación activa” en todo el proceso que ha conducido hasta las votaciones. “El apoyo mayoritario de las familias rompe el mito de rechazo de los padres a este modelo de jornada y avala la reinvidicación histórica de Stepv”, afirmaba en un comunicado, que también matizaba su desacuerdo con algunos aspectos de la norma, como la resolución en base al 55% del censo y no de los votantes reales.
Por su parte, CCOO-PV celebra “la alta participación de la comunidad educativa”, porque “solo con amplios consensos educativos se puede abordar un tema como la jornada escolar que afecta a tantos sectores sociales”. Sin embargo, sigue reivindicando mayor flexibilidad para que cada centro pueda establecer su modelo de horario, no solo en base a estándares. Vuelven, asimismo, sobre el tema de los recursos económico para las extraescolares, que en su opinión deben ser “aportados por la Administración”.
Una reivindicación que también comparte FeSPO-UGT, desde donde se exige a Generalitat prestar “la financiación de los servicios complementarios”. Asimismo, el sindicato recuerda que ya presentó tres enmiendas al texto legal que finalmente se ha aprobado en el Consejo Escolar de la Comunitat (CECV). En concreto, estaban centradas en la libre organización de la jornada escolar, incluyendo la definición del horario complementario del profesorado; la exigencia de una mayoría simple, no reforzada, en las votaciones; y la supresión del veto que mediante su informe, técnico y político, podía imponer el Ayuntamiento.