Las universidades no pueden ser altavoces ideológicos

La semana pasada conocimos una sentencia que, en cualquier país democrático, sin excepciones, habría sido un verdadero escándalo. Hablamos de la sentencia con la que la Justicia ha condenado a una universidad pública de nuestro país, la Universidad de Barcelona, por adherirse a un manifiesto, partidista, ideológico y excluyente, en apoyo a las tesis separatistas.

No es el único centro que se adhirió a ese manifiesto. También la UAB, la Pompeu, la Rovira i Virgili y la Politécnica lo hicieron.

Pero la sentencia sí ha sido la primera.

La sentencia del juzgado de Barcelona es muy importante.

Lo es diciendo, además, algo que es de absoluto sentido común: una universidad pública “no puede asumir como propia una posición política determinada”.  No puede hacerlo, porque se vulneran, como dice el texto legal, “los derechos de libertad ideológica y de expresión de sus profesores y alumnos, y también el derecho a la educación de estos últimos”.

De cajón. Una universidad, mejor dicho, una comunidad universitaria, comprende a muchas personas con ideas plurales. Precisamente estas instituciones públicas tienen como requisito para su legitimidad que se den las condiciones para que se pueda ejercer la libertad de expresión y cátedra y la autonomía universitaria.

Vayamos por partes.

La libertad de expresión es un derecho humano individual. La libertad de expresión no es colectiva.

Los sujetos de la libertad de expresión somos los profesores, los alumnos y el personal de administración y servicios, no las universidades.
 Cualquier manifiesto partidista  que actúe como sinécdoque del pensamiento de la comunidad universitaria es un atropello a la democracia y no se pueden permitir.

Está claro que como profesores, como estudiantes o como personal de la universidad podemos tener nuestras ideas (también políticas) y expresarlas, faltaría más. Pero cuando una institución universitaria, como institución, se ampara en la libertad para hacer suyas unas proclamas de parte, está pisoteando la libertad de expresión de los demás.

Por otra parte, la autonomía universitaria está reconocida en el Art. 27.10 de la Constitución y la desarrolla la LOU. Es un derecho fundamental que se reconoce a la comunidad universitaria, pero está circunscrito a unas funciones y tiene límites. 

En efecto, el sentido y alcance de este derecho, según el Tribunal Constitucional, vienen determinados exclusivamente por la naturaleza de las funciones que la universidad tiene encomendadas

La representación política no es una encomienda para la universidad.  La representación política está atribuida en nuestra constitución  a otras instituciones: los Parlamentos o los ayuntamientos. Son estas  instituciones las que la tienen como función: no la  Universidad.

Confundir un claustro universitario con una junta de un Ayuntamiento o con el Pleno del Congreso de los Diputados es una atrocidad democrática

Porque un claustro universitario ni es, ni puede ser nunca, un órgano de representación política.

La prueba es que los universitarios elegimos a los claustrales para que nos representen en las decisiones que tienen que ver con la vida académica y profesional. No los elegimos por sus ideas políticas. Por sus ideas partidistas elegimos a los diputados o a los concejales. Es por tanto, imposible legitimar que un claustral, que jamás es elegido por sus ideas políticas se pronuncie políticamente en nombre de toda la comunidad universitaria.

Hoy queríamos hablar de esta cuestión, y salir un poco del desastre de la crisis provocada por la pandemia,  porque la condena a la UB es grave.

No tanto por lo que se ha resuelto en sí (que lo es) sino porque, para tener esa sentencia, que es de sentido común, algunos alumnos y docentes (de Universitaris per la Convivència) se han visto obligados a recurrir a la Justicia.

No son los únicos. En los últimos años lamentablemente hemos presenciado resoluciones intolerables en algunas otras universidades (como por ejemplo la decisión de excluir a Sociedad Civil Catalana en el registro de entidades de la UAB)  que han provocado espirales de silencio que han tenido que ser corregidas por la Justicia. Resulta intolerante que se coarte el derecho a la educación de quienes opinen diferente. Resulta intolerante  que haya que recurrir a los tribunales para que se respeten los derechos precisamente en instituciones de educación superior.

La neutralidad de las instituciones de educación es importantísima para evitar que la intolerancia se apropie de ellas. Algunos llevamos batallando mucho tiempo por ello.

La falta de neutralidad en los centros educativos, no es lo habitual, pero existe. Lo ha reiterado en sus informes el Defensor del Pueblo.  Lo puso de manifiesto la Alta Inspección en informes que se guardaron en un cajón.

Y, si se es demócrata,  no se puede mirar para otro lado ni estar del lado de esa politización.

Cuando hablamos de la educación, estamos hablando del futuro. Estamos hablando de la formación de las personas que, el día de mañana, estarán al frente de nuestro país. De las personas que tendrán que seguir desarrollando nuestra democracia, nuestras instituciones. Por eso es fundamental que las formemos en los valores democráticos, de convivencia, de encuentro.

Como apuntan en una carta que Universitaris per la Convivència han dirigido ayer a Manuel Castells , la única dimensión política que deberían tener las instituciones educativas pasa por dos supuestos que exigen precisamente su neutralidad ideológica

El primero, tienen que ser espacios de libertad y seguridad, donde puedan contraponerse y expresarse ideas, desde el respeto, por los profesores, alumnos y personal de administración y servicios, nunca por las propias instituciones.

Segundo, tienen que ofrecer una educación de calidad, que contribuya a formar ciudadanos ilustrados, críticos y libres. 

No se puede permitir que las universidades públicas sean altavoces ideológicos porque dejarían de ser “Universidad”. La “Universidad” se define precisamente por ser un espacio de debate, un lugar para compartir conocimientos, investigación. La universidad no puede nunca ser un atril político.

Una universidad en la que no se garantice la neutralidad ideológica, la libertad de cátedra y la autonomía universitaria, no es una Universidad. Es otra cosa. Es un engaño.

Y el gobierno avala, con la expedición de títulos, que las universidades, sean Universidades. No fraudes. Así que, después de esta sentencia, por fin, confiemos en que algo habrá que enmendar.

*Esta columna es compartida con Andrea Martínez Molina