VALÈNCIA. Hace unas semanas la Generalitat Valenciana comunicaba a Ribera Salud la no prórroga de la gestión del departamento de salud de Torrevieja. Una medida que pondrá fin en menos de un año a esta fórmula público-privada en el área de salud en aras de devolver a la sanidad pública la gestión directa de cuantos más servicios mejor.
Sin embargo, esta filosofía que el Govern del Botànic ha ejecutado desde su primera legislatura con las concesiones sanitarias y ha esgrimido para otras tantas cuestiones no aplica por el momento a un eje central de cualquier sanidad pública, el de las resonancias magnéticas. Y es que las pruebas de todos los hospitales de la Comunitat Valenciana -excepto el Peset de València y San Juan de Alicante- continúan bajo el control de la UTE Erescanner Salud dos años después de finalizar el contrato en una situación en la que Eresa, compañía de la familia Saus, es la principal beneficiada.
Una cuestión que obliga a la administración pública a afrontar su pago a través del sistema de enriquecimiento injusto a pesar del tiempo que el Gobierno de Ximo Puig ha tenido para planificar la vuelta a lo público. Un servicio cuyo contrato terminó el 31 de octubre de 2018 y que, en este caso, sí está demostrado que no solo supondría una mejora del servicio por su mayor integración -a petición de los radiólogos-, sino un fuerte ahorro monetario.
Y es que al departamento de Ana Barceló -como ya le ocurrió a su antecesora Carmen Montón-, no le ha urgido dar carpetazo a la cuestión e internalizar unas pruebas que, según la memoria económica presentada por la dirección general de Régimen Económico, ahorraría 17,8 millones de euros anuales a las arcas de la Generalitat Valenciana.
Desde la dirección general, junto a Asistencia Sanitaria, calcularon que el presupuesto anual para la internalización del servicio será de 24 millones, una cifra lejana a los 44 millones que en 2018 la Conselleria de Sanidad pagó a la UTE controlada por Eresa (Grupo Ascires) y participada por Inscanner (28,5%) y Ribera Salud (14,5%).
Unos números hechos por la conselleria que vienen a ratificar los ya señalados en 2013 por la Sindicatura de Comptes en el informe Resonancias Magnéticas: una oportunidad de ahorro, ratificado por otro informe en 2016, donde desvelaba por aquel entonces un ahorro en el caso de asumir el servicio la sanidad pública de hasta 16 millones, cifra que finalmente ha sobrepasado según los cálculos del departamento de Barceló. De hecho, tal y como publicaba Valencia Plaza, la UTE ha logrado un beneficio de 127,06 millones en diez años de contrato.
Cabe recordar que, el primer atasco de la recuperación del servicio fue con el decreto de subrogación del personal de la UTE a la administración pública tras un informe de la Abogacía de la Generalitat que no daba por válido el proceso, cuestión a la que finalmente dio el visto bueno el Consell Jurídic Consultiu en febrero del 2019. Hasta enero de 2020, con David Fernández al frente de la subsecretaría, Sanidad estuvo esperando un informe de Hacienda en un proceso que sigue enconado con la pandemia.
Para la recuperación, la Conselleria de Sanidad empezó a promover una empresa pública sanitaria para encajar la subrogación del personal de las resonancias y de los hospitales de concesión tras las complejidades generadas en la reversión del departamento de salud de La Ribera, una solución que, a día de hoy, el departamento de Barceló tiene sobre la mesa como una alternativa más. Sin embargo, la reversión ahora ha cambiado de manos con la llegada de Mónica Almiñana a la subsecretaría, por lo que habrá que ver cuán urgente se vuelve esta cuestión para quien fue nombrada irregularmente gerente de La Fe por Carmen Montón.
El precio fue otro de los puntos a negociar con la UTE tras la finalización del concurso y es que la disparidad entre lo que se cobrara por la resonancias y el concurso de refuerzo de la Generalitat tenían diferencias del 50%. Sin embargo, Sanidad se conformó con la rebaja del 17%, lo que sigue suponiendo un importante sobrecoste a la administración.
Para solicitar la bajada del 50%, Sanidad señaló como referencia los precios del nuevo concurso 201/2018, licitado para reforzar el servicio una vez recuperado para la gestión pública y al que los integrantes de la UTE acudieron con precios muy inferiores. Ante esta petición, desde Eresa aseguraron que no era posible asumir esa nueva oferta al no ser modelos idénticos.
A la espera de afrontar la reversión, sigue sin ponerse en marcha el contrato de refuerzo de ocho millones anuales realizado por Sanidad para absorber la posible lista de espera. Una licitación en la que Eresa e IMED se repartieron el grueso del concurso.
La subrogación de los empleados de la UTE se ha convertido, aparentemente, en el principal escollo de la reversión. Un proceso en el que la Conselleria de Sanidad estima en 209 plazas las necesarias para afrontar el servicio. En mayo de 2019, el departamento de Barceló recibió por parte de la UTE el personal a subrogar, donde se reflejaban un total de 113 trabajadores, de los que se debía comprobar si cumplen el requisito de trabajar un año como personal laboral en un centro público a cargo de la contratista.
El resto de plazas, un total de 96, serán ocupadas por personal estatutario que entrará a través de bolsa. El montante está distribuido en 43 radiólogos, 37 enfermeros, 86 técnicos especialista, 25 auxiliares administrativos, 10 auxiliares de enfermería y 8 anestesistas. Contrataciones que tendrían un coste de 7,7 millones de euros si no se contabilizan las retribuciones variables del personal subrogado y 8,5 millones si se tienen en cuenta.
