VALÈNCIA. Las oficinas de farmacia vuelven a estar en la rueda del sector sociosanitario valenciano. La ex consellera de Sanidad Carmen Montón se empeñó en sacarlas de las residencias privadas regulando en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2018 la puesta en marcha de un centro de unidosis que distribuiría a todos los centros. Sin embargo, fue en el mes de julio cuando el departamento de la consellera Ana Barceló decidió que el proyecto no era viable.
Entre los problemas estaba la inexistencia de una norma que detallara el desarrollo y organización del modelo de prestación farmacéutica sociosanitaria Resi-Equifar. Ni el decreto se había aprobado ni los grupos de trabajo destinados a definir las actividades asistenciales, las integraciones y los requerimientos técnicos e informáticos para la puesta en marcha del programa se encontraban activos.
Ahora, el anteproyecto de la Ley de Acompañamiento de 2019 devuelve su parte de protagonismo a las farmacias, además de adaptarse a la ley estatal. Esta obliga a las residencias de más de 100 camas a disponer de un Servicio de Farmacia Sociosanitario propio pero en el caso de las residencias con menos de 100 camas los depósitos de medicamentos pueden estar vinculados a Servicios de Farmacia o a oficinas de farmacia.
"En el caso de los servicios de farmacia sociosanitarios, aunque no se ha definido normativamente el modelo de dispensación de los medicamentos, la conselleria apuesta por las dosis unitarias individualizadas, gestionadas por los propios Servicios de farmacia sociosanitarios responsables de la prestación y de la atención farmacéutica Integral", señalan desde Conselleria.
El presidente del Colegio de Farmcéuticos de València (Micof), Jaime Giner, señala que la normativa se ha adaptado a lo que reclamaban además de a la normativa estatal. "Se ha adaptado muy bien a lo que pedíamos", asegura. Giner también reconoce que hacerlo en unidosis es una mejor opción para el paciente polimedicado. "Para atender al paciente crónico y crítico es necesario colaborar con farmacia hospitalaria además de con la atención primaria, que era la olvidada", lamenta.
"Esto soluciona uno de los problemas principales que entendíamos que tenía la propuesta anterior, que considerábamos contraria a la normativa estatal, lo que generaba inseguridad jurídica", señala el presidente de Aerte, José María Toro.
"Hemos defendido en todo momento que las personas que viven en una residencia debían tener un nivel adecuado de atención farmacéutica, que garantice contar con el medicamento adecuado en el momento adecuado, y en esa línea seguiremos trabajando", asegura.
