Vista de la cementera Cemex en BuñolVALÈNCIA. Los vertederos y las industrias del cemento y del azulejo serán las principales empresas afectadas por el nuevo canon a los vertidos y a la incineración aprobado por Les Corts, según detallan fuentes de Ecologistes en Acciò del País Valencià preguntadas al respecto por este diario.
El canon se incorporó a la Ley de Presupuestos a través de una enmienda presentada por Podemos y apoyada por Compromís y PSPV. Aunque el texto original sufrió algunas modificaciones, la redacción final aprobada en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda contempla que a partir de 2018, en la Comunitat se pagará un gravamen por verter en vertederos industriales –la tasa no se aplicará a los vertidos en vertederos municipales– y por la "incineración, coincineración y valorización energética".
Según explica la organización ecologista, del texto se desprende que el canon deberán abonarlo directamente las empresas que gestionan los vertederos industriales o las que incineran o valorizan residuos -las que los utilizan como combustible-.
De este modo, según detallan a este diario fuentes empresariales, las principales compañías afectadas por el nuevo gravamen serán firmas como Lurima -en Novelda- o Urbaser -en Elche-, ambas gestoras residuos; las cementeras Cemex -en Buñol- y Lafarge -en Sagunto-, a quienes afectará en mayor medida por contar entre sus combustibles con un alto porcentaje de valorización; y las empresas del sector azulejero que utilicen como combustible el denominado CDR -Combustibles Derivados de Residuos-.
Fuentes del sector de las cementaras trasladaron este jueves a Valencia Plaza que el sector no fue advertido por parte de los grupos parlamentarios de Les Corts ni por el Consell de que se les iba a aplicar este canon en 2018, un trato que sí ha recibido el turístico con la tasa prevista para el sector, que finalmente ha sido aparcada.
Además, advierten de que la valorización de residuos que realizan responde a las recomendadiones de la Unión Europea, y que si estos residuos no se incineraran como combustibles deberían ser destruidos o ser depositados en vertederos. En la misma linea, subrayan que, en caso de que se eleve el coste de los residuos a valorizar, las firmas del sector recurrirán en mayor medida al coque de petróleo, un combustible más contaminante.
La nueva normativa establece distintas cuotas en función del tipo de residuo a incinerar o verter. El gravamen más alto, se pagará por aquellos residuos peligrosos que sean "susceptibles de valorización". Esto es, los que pueden ser reutilizados o reciclados. Con esto, pretenden desincentivar la incineración y fomentar el reciclaje. En estos casos, se pagará 42 euros por tonelada.
La segunda cuantía más alta, de 35 euros por tonelada, se aplica a aquellos residuos peligrosos que no pueden ser reutilizados. En este supuesto, la cantidad viene justificada por la huella que la quema y vertido de estos productos tienen en el planeta.
En el caso de que sean residuos no peligrosos, excluyendo aquellos procedentes de la construcción y demolición, cuando sean susceptibles de valorización se abonarán 30 euros por tonelada; y en caso de que no lo sean, 25 euros por tonelada. Por los restos procedentes de la construcción y demolición, la cuota es de 3 euros por metro cúbico.
