VALÈNCIA. La sentencia sobre la pieza de la financiación irregular del PPCV se hará pública esta semana. De hecho, podría salir este lunes según fuentes consultadas por Alicante Plaza. El PPCV espera con ansiedad el fallo desde que hace un mes el magistrado de la Audiencia Nacional, José María Vázquez Honrubia, pronunciara el "visto para sentencia". En plena crisis del partido de la gaviota, un fallo duro podría terminar de hundir a los populares valencianos. Pero no solo el PPCV espera con ansiedad conocer las penas, en Génova el nerviosismo es patente en plena crisis por la sucesión de Mariano Rajoy.
Dos sentencias en tres semanas que condenan a toda una generación de políticos y que machacan a otra, la actual, que trata de desvincularse de aquellas prácticas de ‘dopaje’ que han terminado por derribar incluso al presidente de Gobierno.
Según las fuentes consultadas por Alicante Plaza, las condenas son seguras. Es más, las caras de los procesados en la última sesión del juicio lo decían todo. Se saben condenados y su única esperanza estriba en una benevolencia que Vázquez Honrubia suele mostrar en sus sentencias. Es un juez, y no es broma, con un cien por cien de condenas, pero también es cierto que suele tender a rebajar las penas que inicialmente solicita la Fiscalía.
Sin embargo, las defensas, pese a saberlo no las tienen todas consigo pues las confesiones en sala, y la sentencia de Fitur del Supremo, reducen considerablemente las posibilidades de salir indemnes de este juicio. El temor que se palpaba durante el juicio se ha convertido en verdadero pavor. Más de un procesado lloró durante la última sesión del juicio al saber que el Supremo refrendaba la sentencia de Fitur y los abocaba a la piedad de Vázquez Honrubia.
El juicio
En el juicio por la financiación B del PPCV están como procesados el exsecretario general del PPCV Ricardo Costa, al que le piden cuatro años y medio de cárcel; el exvicepresidente del Gobierno valenciano Vicente Rambla, para el que solicitan seis años de cárcel, como para el exvicesecretario David Serra; la exgerente Cristina Ibáñez y la extesorera Yolanda García, para las que la Fiscalía Anticorrupción solicita siete años y medio de cárcel. Todos ellos ingresarán en prisión si son condenados, pues son penas mucho más elevadas que la de Ricardo Costa.
El juicio pasará a la historia como el primero en el que Anticorrupción consiguió casi un pleno de confesiones entre los principales procesados. Al principio, la fiscal Myriam Segura solo tenía la ‘cantata’ de los empresarios que llegaron al juicio y asumieron que habían pagado dinero negro para financiar al PP de Francisco Camps. Tras su confesión, los cabecillas de la trama Gürtel Pablo Crespo, Francisco Correa y, sobre todo, Álvaro Pérez, siguieron la senda marcada por los empresarios.
La intervención de Pérez
Para los anales de la historia judicial quedarán algunas de las frases de Pérez. Entre las que más polvo levantaron están:
"Sí hubo pagos en B, se hacían de manera repetida".
"Decidían Camps, Cotino y García Antón".
"Ricardo llama delante de mí a la persona que siempre llamaba y le dice que es la única forma, y esa persona es Francisco Camps".
"Todos los que daban las órdenes sabían que se pagaba en B y sabían que se llamaba Barcelona".
"Costa, Rambla y Serra ejecutaron el sistema de pagos siguiendo órdenes".
"Fuimos a recoger dinero a la Conselleria de José Ramón García Antón. Recogía dinero en la sede dinero. Serra me dio dinero, Víctor Campos me dio, Rambla nunca me dio".
El alud Costa
Y tras el terremoto Pérez llegó el alud Costa. El ex secretario general del PPCV sabía que solo había una salida, confesar. Y confesó. Se sentó delante del magistrado, la fiscal, las acusaciones y las defensas y realizó la declaración del año.
"Se pagaba de dos formas, uno la subvención electoral que cada partido recibía y con aportaciones de empresarios que tenían adjudicaciones", respondía quien fuera mano derecha de Camps a preguntas del fiscal. “Yo me entero de esto en el 2005 y no hice nada por impedirlo, asumo la responsabilidad. Era un sistema preestablecido de antes", señalaba sobre el método utilizado. "Cristina Ibáñez me dice que el vicepresidente del Gobierno Víctor Campos le hacía entregas de dinero que ingresaba en diferentes sucursales del banco con límite máximo de 3.000 euros. Nos lo cuenta a Adela Pedrosa y a mí”.
"En 2006, Campos me lleva a su despacho y me muestra sobre donde hay dinero en efectivo y me comenta que es dinero de los empresarios que tienen relación de la administración que quieren colaborar y que eso es un encargo de Camps y de Cotino. El encargo procede del presidente Camps y del conseller Juan Cotino”, apostilló como puntilla definitiva.
Sus palabras fueron la losa de una lápida formada por la sentencia de Fitur y la de época I de Gürtel. Una losa de tal peso que ha terminado por derribar a todo un gobierno y que amenaza con seguir tumbando nombres ilustres de un partido que ha quedado demostrado que no jugó limpio a la hora de presentarse a las elecciones.
Ricardo Costa
