Las empresas públicas de la Generalitat solo han convocado 29 plazas de las mil prometidas hasta 2019

VALÈNCIA. Solo 29 de las mil plazas de empleo público prometidas. La lentitud de las entidades del sector instrumental de la Generalitat para convocar las plazas de la Oferta Pública de Empleo (OPE) del periodo 2017–19 ha puesto en alerta a los sindicatos mayoritarios, UGT-PV y CCOO-PV. Los dos sindicatos, mayoritarios en el sector público, denuncian que son las propias empresas las que están frenando las convocatorias, que al incluir las plazas previstas para la estabilización de empleados interinos obligarán a estos trabajadores a superar un examen para mantener su puesto de trabajo.

El pasado diciembre, el Consell y los sindicatos representados en la Comisión de Diálogo Social del Sector Público –CCOO, UGT e Intersindical– acordaron que a partir de ahora el acceso a las plantillas de las empresas públicas se realizaría mediante concurso-oposición para igualarse a los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que rigen en el caso de los empleados de la Administración. Con ello se pretendía acabar con la opacidad y arbitrariedad que caracterizaron la selección del personal de estas firmas durante la etapa del PP en el Consell.

El pacto, calificado de "histórico" por el Consell, incluía el compromiso del Gobierno valenciano de generar todas las plazas susceptibles de ser convocadas dentro de los límites marcados por la tasa de reposición y de estabilización de empleo temporal incluidas cada año en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). El cálculo del Consell apuntaba a que se podrían convocar unas mil plazas en las OPE del sector público en el periodo 2017-19.

Para llegar a esos objetivos de máximos, la Conselleria de Hacienda debía instar a las empresas públicas a, de acuerdo con los sindicatos, solicitar "la totalidad de las plazas susceptibles de ser convocadas". Según la instrucción del Consell, la convocatoria de la oferta de empleo público de 2017 por parte de las empresas debía producirse dentro del primer cuatrimestre de este año, un plazo que se amplió posteriormente hasta el 30 de junio debido al retraso en la aprobación de los PGE.

La convocatoria debía incluir las plazas vacantes susceptibles de ser convocadas con la tasa de reposición ordinaria –del 100% en sectores prioritarios–, pero también las plazas de carácter estructural ocupadas "temporal e ininterrumpidamente" al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre y desde una fecha anterior a 1 de enero de 2005 siempre que estén dotadas presupuestariamente, todo ello con el objetivo de reducir la elevada tasa de temporalidad de los empleados públicos. También debían convocarse las plazas ocupadas por indefinidos no fijos mediante sentencia judicial.

La realidad, no obstante, es que las empresas públicas apenas han seguido las directrices del Consell. Según la información que el propio Consell ha trasladado a los sindicatos en la Comisión de Diálogo del Sector Público Instrumental, hasta el momento solo se ha autorizado la convocatoria de 29 plazas de la OPE de 2017, un nivel que hace prácticamente imposible alcanzar los objetivos fijados por el Gobierno valenciano.

Por ello, el temor de los sindicatos es que, a estas alturas de la legislatura, la aprobación de esos "históricos" acuerdos no tenga ninguna consecuencia práctica si no se convoca el proceso para cubrir los puestos. En especial, critican que la resistencia que están mostrando las empresas públicas a la hora de sacar las plazas a concurso impedirá cumplir el objetivo de reducir la temporalidad en el sector público por debajo del 8% en 2019.

En concreto, hasta ahora solo tienen aprobada la OPE de 2017 el Instituto Valenciano de Finanzas (9 plazas), FGV (15 plazas) y Cacsa (5 plazas). Del resto de empresas públicas, faltan por aprobar las plazas de Ivace y Vaersa, mientras que las demás firmas ni siquiera han comunicado a la Conselleria de Hacienda cuántos puestos van a sacar a concurso. Caso aparte es el del Consorcio Hospital General de Valencia, que tiene aprobada la convocatoria de 94 plazas, las que permite la tasa de reposición.

Amenazan con recurrir

Preguntados por este periódico, tanto UGT como CCOO denuncian que las empresas públicas están siendo muy reticentes a la hora de sacar la OPE, hasta el punto de que algunas están haciendo "lo imposible" porque las plazas de estabilización, las dirigidas a temporales, no salgan a concurso.

AL NO CONVOCARSE LAS PLAZAS DE ESTABILIZACIÓN, SE ALEJA EL OBJETIVO DE BAJAR LA TEMPORALIDAD POR DEBAJO DEL 8% EN 2019

Esta situación, a su juicio, roza la "insumisión" hacia las directrices de la Conselleria de Hacienda. Como ejemplo, citan el caso del coro de la Generalitat, cuyos integrantes son todos personal temporal que tendrían que superar una prueba para consolidar su plaza, pero en su caso contaría también la experiencia en la fase de concurso.

En la última reunión de la Comisión del Diálogo Social del Sector Público, en la que estuvo presente el conseller Vicent Soler porque se aprobaron los criterios de acceso a las bolsas de las empresas públicas, los sindicatos instaron de nuevo al Consell a presionar por escrito a las empresas públicas para que publiquen la OPE. De lo contrario, avanzaron que a la vuelta del verano recurrirán el incumplimiento de los pactos alcanzados en la Comisión.

Pese a todo, desde CCOO admiten que la Conselleria de Hacienda está "intentando obligar a las entidades a que cumplan los acuerdos, pero están haciendo caso omiso" y se están limitando a sacar el mínimo de plazas que marca la tasa de reposición. En el caso de UGT-PV, la federación de Servicios Públicos destaca que el Consell se hace "trampas a sí mismo", ya que los consejos de administración de las empresas públicas están presididos por el responsable de la Conselleria a la que están adscritas.

Por su parte, la Conselleria de Hacienda explica que, por la tardanza en la aprobación de los PGE, aún hay plazo para aprobar la OPE, pero admite que las empresas públicas mantienen dudas sobre algunos tipos de plazas hay que convocar. También constata "resistencias" por parte de las empresas, pero también de los delegados sindicales en estas sociedades.