VALÈNCIA (EFE). Las comunidades autónomas mantienen muchas discrepancias sobre el reparto de las ayudas que plantea el Gobierno español, en sus propuestas para la aplicación de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) para 2023-2027.
El secretario general de Agricultura, Fernando Miranda, se ha reunido este miércoles con los representantes autonómicos para comenzar los trabajos del Plan Estratégico Nacional para la nueva PAC.
De ellos dependerá la distribución de las subvenciones y, de entrada, las autonomías muestran su desacuerdo con las propuestas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y los criterios para los derechos o los eco-esquemas (ayudas suplementarias para medidas ambientales) .
España recibirá 47.000 millones de euros de la PAC entre 2023 y 2027 y la "convergencia" de las ayudas entre regiones es uno de los asuntos controvertidos.
Según fuentes autonómicas y del sector, Agricultura ha planteado a las autonomías una división en 20 regiones agronómicas (frente a las 50 actuales) y definir como "agricultor activo" al que obtenga más del 25 % de sus ingresos del campo y, al menos, 5.000 euros en subvenciones.
Estas son las posiciones y las discrepancias expresadas por las consejerías de Agricultura autonómicas, en declaraciones a EFE:
Teme perder fondos porque en las propuestas "se mantiene el sistema de derechos históricos que discrimina" a sus agricultores y exige que "los mismos derechos para cualquier persona que realice la misma actividad", además de pedir una modificación de fondos de desarrollo rural teniendo en cuenta la emergencia climática.
Autonomía especialmente crítica con la nueva PAC, su sector agrario ha rechazado este mismo miércoles las propuestas del Ministerio por la reducción de regiones productivas, los eco-esquemas y la "indefinición" sobre desarrollo rural.
Andalucía advierte contra una convergencia total en las ayudas, además de pedir al Gobierno una defensa del agricultor "pluriactivo".
Defiende que las ayudas vayan al modelo familiar y a quienes tienen como actividad principal la agricultura.
Apuesta por "eliminar agravios territoriales e individuales del modelo vigente", para lo que pide suprimir los derechos históricos, y cree que "lo importante no es que se pierdan fondos o no, sino que se redistribuyan mejor".
Comparte posiciones con otras autonomías de la cornisa cantábrica (País Vasco, Cantabria y Galicia); teme que el plan nacional no recoja un trato específico para el sector lácteo o para la ganadería extensiva cantábrica.
Defiende una redistribución para compensar a pequeños agricultores y a explotaciones familiares.
En la figura del agricultor genuino o activo, aboga por fijar en el 30 % el mínimo de ingresos dependientes del campo, con algunas excepciones.
Tiene un régimen diferente al resto de España, puesto que el "primer pilar" de pagos al sector procede del programa Posei, para el que se mantiene el presupuesto; está satisfecha con los acuerdos alcanzados con el Ministerio.
Comparte la posición del resto de la cornisa cantábrica (liderada por Asturias) y plantea mantener ayudas asociadas (a la producción) en vacuno, ovino y caprino.
"Nos preocupa la propuesta del Ministerio sobre los eco-esquemas al prestar más atención a la agricultura que a la ganadería y acercándose más a los sistemas del interior y del Mediterráneo que a los de la España húmeda", según su consejería.
Defiende que la regionalización se haga según "criterios agronómicos sin usar los valores históricos, tratando por igual a todos los agricultores y ganaderos del país con la misma orientación productiva".
Su "línea roja" es que la PAC no genere desequilibrios territoriales; remarca la importancia de las ayudas asociadas en ganadería extensiva o la leche, y pide apoyo especial para el ovino y caprino.
Sobre los eco-esquemas, critica que el documento del Ministerio "está poco desarrollado" y defiende una alternativa basada en una lista de medidas ambientales voluntarias.
Apoya terrritorializar las políticas relacionadas con la PAC y que no las diseñe Madrid; espera mantener los 260 millones obtenidos en 2020 e incentivar la producción ecológica.
Aboga por una regionalización basada en criterios agronómicos, que diferencien "pastos tierras arables, cultivos permanentes, regadío, y la potencialidad de cada comarca".
Opina que deberían tenerse en cuenta consideraciones socioeconómicas como la importancia de un cultivo en el desarrollo rural y pide un período transitorio con derechos históricos en los que se avance en la convergencia, sin "grandes cambios".
Respecto al agricultor activo, opta por elevar al 30 % el mínimo de ingresos agrarios exigidos; confía en mantener y en aumentar los apoyos de la PAC desde 2023.
Lamenta la falta de información previa, por parte del Ministerio, y muestra "incertidumbre" porque "Francia y Alemania ya tienen sus planes estratégicos".
Comparte la posición de la cornisa cantábrica.
Critica la carencia de información del Ministerio: "Ni se posicionan sobre lo que preocupa" al sector.
Su mayor preocupación es que en la redistribución "no se prime a los profesionales, sino que se quiere ir exclusivamente a importes por superficie"; teme recortes de fondos por la "criminalización de la ganadería".
Rechaza "el mantenimiento de los derechos históricos" y, al igual que ocurre con Baleares por su carácter insular, solicita que el "secano de Levante" sea considerado región, para elevar las ayudas.
Teme que el abandono de la ganadería por la convergencia y cree que la propuesta del Ministerio sobre los eco-esquemas "imposibilita la compensación de pérdidas" del sureste.
Euskadi pretende ser considerada "región propia a efectos de convergencia de derechos, por su singularidad foral, autonomía fiscal, manteniendo el esquema de derechos de pago actual", según el Gobierno vasco.
Propone simplificar el actual sistema que comprende 50 regiones en España y que, en el caso riojano, "ha generado 14 regiones diferentes agronómicas en un territorio pequeño". Celebra los logros para el vino.