Las cifras del pelotazo de Ortiz con 'Brugal': fincas rústicas de 8 millones revalorizadas hasta los 50 

ALICANTE. Suelo rústico valorado en 8 millones que, de la noche a la mañana, hubiese pasado a tener un valor estimado de 50. Un informe de tasación elaborado por la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, ya aportado a la causa derivada del caso Brugal sobre el supuesto amaño del Plan General de Alicante, precisa que el controvertido promotor Enrique Ortiz hubiese logrado un beneficio mínimo de 42 millones de euros gracias a la recalificación de cuatro fincas de su propiedad distribuidas en el término municipal. 

El informe, conocido este lunes, se elaboró a petición del representante legal del Ayuntamiento -que ejerce la acusación en la causa- para traducir a cifras el presunto enriquecimiento ilícito que se hubiese producido con ese supuesto trato de favor al promotor. Y lo cierto es que sus conclusiones no pueden ser más explícitos. Tras un análisis pormenorizado (en el que se incluyen costes de explotación y rendimiento derivado de una teórica actividad agrícola, y costes de urbanización de su hipotético desarrollo inmobiliario) el dictamen precisa que cuatro grandes bolsas de suelo rústico propiedad de Ortiz tendrían un valor de 8,4 millones, en función de las determinaciones del PGOU de 1987. Según el informe, esas mismas fincas se habrían revalorizado hasta en un 500%, tras ser reclasificadas como urbanizables en el PGOU aprobado provisionalmente en 2010, bajo el mandato de la exalcaldesa del PP Sonia Castedo. 

Sólo con la compensación del suelo de Fontcalent, incluido en zona de parque natural, Ortiz habría logrado terrenos valorados en 24,2 millones 

La operación que hubiese reportado mayores beneficios al controvertido constructor es la supuestamente planificada en torno al suelo de Fontcalent. De acuerdo con la tasación municipal, el empresario dispondría en ese paraje de tres fincas de 2,2 millones de metros cuadrados, 1,4 de los cuales se encuadran en zona de parque natural. Siempre según el informe, su valor estimado con la calificación que marca el PGOU de 1987 sería de 1,3 millones. En el PGOU que se aprobó de modo inicial en 2010, la mayor parte de ese mismo suelo no hubiese llegado a recalificarse, pero sí se habría aplicado sobre él la fórmula de la compensación mediante la entrega de otros terrenos urbanizables. En concreto, Ortiz estaba en condiciones de conseguir 482.000 metros aptos para construir a cambio de ellos.

El informe desarrolla la hipótesis de que esa compensación se realizase con suelo del sector de La Condomina-Torres de la Huerta, donde el constructor ya disponía de otros terrenos que también se iban a reclasificar. Y detalla que el valor de esa bolsa de suelo habría alcanzado los 24,2 millones, lo que habría reportado al promotor una ganancia de 22,8.

El segundo movimiento que le hubiese concedido mayores beneficios habría sido, precisamente el de La Condomina. Ortiz disponía en ese sector de una bolsa de 424.000 metros cuadrados de suelo rústico, en función de las directrices del PGOU de 1987. Su valor: 6,7 millones. Con el nuevo planeamiento impulsado por los exalcaldes Luis Díaz Alperi y Castedo, esos terrenos se hubiesen recalificado y su valor habría superado los 21,3 millones: 14,6 más.

La tercera parcela que hubiese resultado más lucrativa habría sido la de Lomas del Garbinet. Se trataba de 91.000 metros de suelo rústico a los que la tasación municipal asigna un valor de 87.000 euros. Con su recalificación, esa misma bolsa de terrenos se habría revalorizado hasta los 4,1 millones. Y otro tanto podría haber sucedido con el suelo que el constructor posee en el entorno de otro parque natural, el del Saladar: 68.000 metros de suelo rústico tasados en 200.000 euros que habrían generado una compensación en terrenos urbanizables valorados en 808.000.

Como publicó Alicante Plaza, ninguno de esos cambios en las condiciones del suelo de Ortiz llegaron a tener eficacia real. El Ayuntamiento -bajo el mandato del sucesor de Castedo, Miguel Valor, ya en 2015-  acabó desistiendo de la tramitación del nuevo Plan General bajo sospecha, de modo que nunca llegó a quedar aprobado de forma definitiva. Con todo, el auto de procesamiento dictado por el juez instructor, Manrique Tejada, el pasado enero sí sostiene que los cambios urbanísticos previstos sí generaron expectativas de negocio favorables al constructor que pudo llegar a rentabilizar.    

La causa abierta contra el constructor, contra los dos exalcaldes del PP y contra otras siete personas sigue pendiente de los recursos presentados por los investigados ante la Audiencia Provincial. Por el momento, los procesados siguen expuestos a juicio por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y revelación de información privilegiada.