FOTO: J.C. CÁRDENAS/EFEVALÈNCIA (EFE). La Coordinadora Valenciana de ONGD ha calificado hoy de “decepcionante e indignante” la sentencia del Caso Blasco dictada por la Audiencia Provincial de València, que ha condenado a penas que han calificado de “ridículas” al ex conseller Rafael Blasco, el empresario César Augusto Tauroni y a otros 19 de los 24 acusados, en el conocido como Caso Cooperación, de desviar fondos destinados a proyectos de cooperación con más de una decena de países empobrecidos.
El tribunal publicó ayer una sentencia en la que impone penas de entre tres meses y cinco años a los 21 de los 23 acusados y, en concreto, condena a un año de prisión y ocho de inhabilitación al que fuera conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, como autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso con otros delitos.
"A pesar de declarar probados unos hechos gravísimos y de condenar por delitos de malversación, prevaricación, fraude en subvenciones y falsedad documental, entre otros, la sentencia impone unas penas que no están ni mínimamente en proporción con la gravedad de esos delitos", señala la Coordinadora en una comunicado hecho público hoy tras conocer el fallo.
Para la Coordinadora es “incomprensible” que la sentencia aplique atenuantes como la reparación del daño causado, cuando los condenados no han devuelto ni tan siquiera una pequeña parte del dinero robado. La sentencia supone que, con casi total seguridad, los acusados no irán a prisión por los delitos cometidos.
“El tribunal ha sentenciado que la trama encabezada por Blasco y Tauroni fue real. Hay decenas páginas que detallan cómo trampeaban los procedimientos para adjudicar proyectos de cooperación a falsas ONGD, que identifican al menos 27 empresas radicadas en España y EEUU, a los que los testaferros de Tauroni desviaban el dinero de las subvenciones públicas para cooperación. Y así un largo etcétera de hechos delictivos probados, para los que se imponen penas mínimas. Estamos perplejos”, ha afirmado Lourdes Mirón, presidenta de la Coordinadora Valenciana de ONGD, que ejerce la acusación popular en el caso.
Los representantes de las ONGD han anunciado que, tras estudiar en detalle la sentencia, recurrirán ante el Tribunal Supremo “para que las penas impuestas a los acusados se correspondan con la gravedad de los delitos que ellos mismos y el tribunal han reconocido”.
“Consideramos absolutamente insuficientes y de dudosa validez los bienes que han ofrecido los condenados para resarcir a la ciudadanía valenciana por el dinero destinado a proyectos de cooperación internacional que desviaron en su propio beneficio. Son bienes que, o no son de su propiedad, o están embargados”, explica Lourdes Mirón.
“Esta sentencia no garantiza que los responsables de esa trama corrupta, una de las más inmorales que hemos sufrido en la Comunitat Valenciana, devuelvan el dinero robado o vayan a la cárcel como corresponde con la gravedad de los delitos que han cometido. El mensaje que se está enviando es el de impunidad y el de que cometer delitos de guante blanco sale muy barato”, añade la presidenta de la Coordinadora.
