VALÈNCIA. (EP) El presidente de la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos (AECOVA), Manuel Trigo, ha lamentado este miércoles la decisión del Consell de poner fin a "un sistema que funciona" de manera "eficiente y eficaz" desde 1998 para acometer la reversión a la gestión directa las ITV, una vez concluya la concesión administrativa de las empresas, el 31 de diciembre de 2022.
Además, Manuel Trigo ha criticado que el conseller de Economía Sostenible, Rafa Climent, ha realizado el anuncio "sin tenerles en cuenta, sin avisar ni convocarles" a la rueda de prensa en la que ha dado a conocer la 'hoja de ruta' que marcará el proceso.
En declaraciones a Europa Press, el presidente de AECOVA ha señalado que esta reversión va "en contra de la tendencia general del mercado español" y ha censurado que se utilice el hecho de que las empresas ganen dinero de manera "ideológica y demagógica".
En este punto ha expresado su "sorpresa" al conocer que la Administración valenciana prevé unos beneficios netos de 39,3 millones anuales con la gestión directa, "diez veces más" de lo que ganan las empresas concesionarias, a las que dejará en una "situación absolutamente precaria", ha asegurado.
En cuanto a la rebaja de tarifas que estudiará el Consell al pasar a la gestión directa, Trigo calcula que el importe podría bajar entre un 30 y un 40% si se evita pagar el IVA del 21% y se elimina el canon de 3 euros que se paga a la Administración. En todo caso, ambos montantes no iban para el enriquecimiento de la empresa sino que eran para la administración, ha puntualizado.
Por otra parte, Manuel Trigo se pregunta "cómo va a resolver el conseller Climent las indemnizaciones" a las concesionarias de la ITV, después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) haya anulado la rebaja de tarifas establecidas por la Administración, una rebaja que el presidente de AECOVA ha calificado de "arbitraria e irracional" y "derivada de una imposición ideológica".
Trigo ha asegurado que la Conselleria de Economía tiene ya 72 millones de euros provisionados para hacer frente a posibles indemnizaciones a las empresas concesionarias de ITV cuando concluya todo el proceso judicial, algo que espera que se produzca en los próximos meses.