VALÈNCIA (EP). La Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos (AECOVA) ha asegurado este miércoles que el informe encargado por la Conselleria de Economía Sostenible a la consultora Nuve Consulting para llevar a cabo la reversión al sistema público de las ITV valencianas --prevista para 2023-- "demuestra no conocer la fotografía real de las ITV ni del servicio esencial que prestan, la seguridad vial".
Desde Aecova, aseguran que la previsión de ingresos que ganaría la Generalitat con la reversión (39,3 millones anuales, según el informe) no son reales puesto que tanto los cálculos de plantilla como las cuentas que presenta están "sesgados".
Frente a ello, han expuesto sus cifras. Según las ITV, --que han tenido acceso esta semana al informe de la consultora externa a los actuales concesionarios del servicio en la Comunitat--, este estudio no tiene en cuenta el coste de la subrogación de empleados, "que son 1.200 trabajadores, no 900 sobre los que ha hecho el cálculo el Consell", por lo que tendría la obligación de subrogar a un 33% más de trabajadores de los que contempla el informe.
Además, no han contemplado los costes reales del personal, "no han incluido la seguridad social y parten, según dicen, de un sobrecoste mínimo del 25% debido a la negociación de un nuevo convenio colectivo", ha señalado Francisco Llopis, vocal de Aecova, en unas declaraciones remitidas a Europa Press.
Llopis ha defendido que actualmente las ITV que prestan servicio generan más de 20 millones a las arcas públicas, cuando el informe de la consultora externa señalaba que con una prórroga de la concesión actual la Generalitat únicamente recaudaría 7,6 millones de euros, que en caso de licitar una nueva concesión sería de unos 19,2 millones de euros y que con la reversión al sistema público ganaría 39,3 millones.
Sin embargo, Llopis ha asegurado que este "hipotético diferencial de 19 millones de euros quedaría neutralizado porque este importe, a tenor del propio informe, no tiene en cuenta el coste de la subrogación, de la modernización de instalaciones ni de la construcción de las nuevas estaciones que se plantea construir".
"Y, por tanto, tomar una decisión de esta trascendencia con un informe tan poco riguroso es una temeridad y una irresponsabilidad", ha advertido el empresario.
En cuanto a la rebaja de tarifas, Francisco Llopis, en la línea de lo que ya explicó el presidente de Aecova, Manuel Trigo, ha destacado que "el importe se podría reducir considerablemente si se evita pagar el IVA del 21% y se elimina el canon de 3 euros que se paga a la Administración. En todo caso, ha querido remarcar que las tarifas de las ITV en la Comunitat Valenciana están por debajo de la media española".
También se encuentra por debajo de la media nacional el tiempo de desplazamiento invertido por los valencianos para pasar la inspección, "por lo que no sería necesaria la ampliación de la red de ITV en las condiciones planteadas en el informe del Consell, donde se refleja la construcción de nuevas estaciones en diez localidades de la Comunitat", ha apuntado el empresario.
Por último, Llopis ha recordado que la actual gestión público-privada de las ITV valencianas sitúa a la Comunitat Valenciana "dentro de las mejores valoradas por el resto de autonomías donde se practica un modelo similar".
En este punto ha puesto de ejemplo otras autonomías, como Andalucía o el Principado de Asturias, cuyos modelos de gestión son únicamente públicos, como pretende la Conselleria, y según Llopis "distan mucho de ser rentables, eficientes y eficaces para las arcas públicas, como se puede comprobar con datos reales, no basados en predicciones".
Así, el vocal de Aecova ha invitado a la Administración autonómica a "abrir una vía de diálogo para comenzar un proceso de concertación en la búsqueda de una forma de gestión más eficaz y eficiente para los intereses de los ciudadanos".
