Las 14 claves del dictamen de la comisión de investigación sobre las plazas de residencias

VALÈNCIA. Después de 16 meses de trabajo, con una necesaria ampliación del plan de trabajo, PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos presentaron este jueves -el PPCV presentó otro dictamen- las conclusiones de la comisión de investigación de la adjudicación de plazas de residencias de accesibilidad y personas dependientes más conocido como 'modelo Cotino'. Las pesquisas parlamentarias se centraban en la empresa Savia, aunque posteriormente se amplió a todas las concesionarias del modelo, como por ejemplo Cleop.

Las 43 conclusiones señalan que la Generalitat del PP, y especialmente la Conselleria de Bienestar social gestionada por Rafael Blasco primero y Juan Cotino después, "benefició por acción u omisión" a las residencias de accesibilidad social "y especialmente al grupo Savia, propiedad de la familia del segundo exconseller". 14 puntos de los 43 resultan especialmente relevantes, ya que trazan el relato de las "irregularidades" que han denunciado los cuatro partidos.

El modelo  nació de la mano del exconseller Rafael Blasco, que en 2001 proyectó la necesidad de crear 9.000 plazas de colaboración público-privado en los centros de personas mayores para solventar la demanda existente ante un envejecimiento en auge. Pero ese plan pecó, según las conclusiones, de trato de favor:

1. El contrato, "según los comparecientes y reconocido por el propio Blasco, que surge del entorno de confianza del entonces conseller" preveía la construcción de 73 centros a través de una licitación administrativa por valor de 500 millones de euros en un plazo de 15 años con posibilidad de prorrogarlo 10 años más. La conocida como "Joya de la Corona" en la cartera de Bienestar Social.

2. El proyecto apostaba por que las plazas fueran concertadas. En el pliego inicial, la Administración se reservó un tercio de las plazas de cada residencia. Así, la empresa adjudicataria se encargaba, en un principio de cubrir los dos tercios restantes. Sin embargo, en las conclusiones se apuntan que tanto los plazos, como el precio/plaza, como el número de plazas a financiar por la Conselleria y los municipios donde ubicar las residencias, se modificaron "de forma arbitraria para beneficiar a las empresas. Hubo un auténtico trato de favor en la ejecución de dicho contrato".

3. Con ello, las empresas más pequeñas quedaron en desventaja para optar al concurso al tener que ofrecer, entre otras cosas, los terrenos donde se debía construir el centro. Siendo, "la principal empresa adjudicataria, Gerocentros del Mediterráneo S.L.- posteriormente Centros Residenciales SAVIA, S.L.- vinculada a la familia Cotino, que llegó a poseer el 39% del accionariado de la misma”. Acaparó el 40% de los centros. Dicha mercantil, creada en el año 2.000, estaba  integrada entre otras  por: Enrique Ortiz, Sedesa, Lubasa, Cyes, Ballester, Ecisa y G&C,constructoras todas ellas vinculadas a obra pública y sin experiencia en el sector".

4. Seis meses después de proyectar el modelo, surgió el denominado "Informe Blasco", que supuso "una auténtica modificación del contrato". Un documento que fue firmado por el propio exconseller y que, años después, en 2014, la Abogacía de la Generalitat tildó de "fraude a las bases de licitación". El informe abrió las puertas a que la administración valenciana financiara el 100% de las plazas y no solo un tercio como estaba previsto inicialmente en el contrato.

5. El documento, sin embargo, permaneció oculto. Es decir, "nadie conoció hasta 2006, a excepción  de la UTE Gerocentros del Mediterráneo S.L. (empresa participada por la familia Cotino), la existencia de este informe".

6. Las empresas, siempre según el dictamen de la comisión, tuvieron más manga ancha. El 85% de las residencias finalmente construidas se abrieron fuera de plazo, con años de retraso. Y ninguna fue sancionada por ello.

7. Aunque cuando las empresas del modelo Cotino, y concretamente el grupo SAVIA, aumentó la facturación fue cuando se aprobó "la Orden de 5/12/2007, dictada por el ex conseller Juan Cotino". Según las conclusiones, esa resolución "concedió auténticos privilegios a las adjudicatarias,  modificó el objeto del contrato, reconoció la exclusividad del concierto hasta el 100% de las plazas y abrió la puerta a una subida de precios que después se ejecutó. Las empresas la califican como espléndida".

8. Pero no quedo ahí. Cotino, junto con el entonces conseller de Hacienda, Gerardo Camps, propusieron en el Pleno del Consell del 25 de enero de 2008 un acuerdo que serviría para equiparar a estos centros privados como públicos a efectos presupuestarios. También como marco legal para ejecutar la financiación del 100% de las plazas construidas. Esa modificación fue presentada fuera del orden del día y no contó con los informes preceptivos.

9. De hecho el Director General de la Abogacía calificó ese acuerdo como "extraño documento por el hecho de vagar por el éter al margen de los archivos propios de la administración". El directivo de la Abogacía, además, dijo que el documento "obraba en poder de los adjudicatarios, quienes nos lo han facilitado". Y añadía: "Consideramos que ese convenio se pactó al margen de cualquier procedimiento administrativo tramitado por la Conselleria".

10. Pese al supuesto trato de favor, Savia no desfalleció para conseguir "más ingresos". Interpuso una demanda contra la revisión del IPC de la Conselleria. El resultado fue un incremento de más de 2,5 euros/plaza/día a los centros de esta mercantil por encima del resto de las empresas de accesibilidad. La sentencia favorable a la demanda del grupo SAVIA, sólo se aplicó a dicho holding empresarial, con efectos retroactivos desde el año 2004 y no fue recurrida por la Conselleria. Según el dictamen, conllevó "un incremento millonario en la facturación del grupo SAVIA".

11. Mientras tanto, las dudas sobre la participación de Cotino en Savia no se desvanecieron. En 2009, cesó como conseller de Bienestar y fue nombrado conseller de Medio Ambiente. Una situación que le llevó a realizar una nueva Declaración de Bienes. No obstante, en enero de 2010 Cotino "ordena retirar dicha documentación del Registro de Altos cargos". Según las conclusiones de la comisión de investigación, "sin que quede debidamente justificado que aportara nuevamente la documentación".

12. A su vez, publicó la Declaracón de Bienes en febrero de 2010. En ella, "se evidencia que sigue vinculado a empresas que tienen entre su objeto social la compra y venta de residencias de la tercera edad. Un hecho que trató de ocultar hasta el punto de retirar documentación".

13. La presión de la oposición, de los usuarios, de empresas del sector y el diferente talante del Consell de Alberto Fabra, hicieron que la muerte del ‘Modelo Cotino’ fuese cuestión de tiempo. Con un informe de la Abogacía de la Generalitat Valenciana que desmontó legalmente el sistema, el Consell Jurídic Consultiu (CJC) hace un informe contrario al del órgano jurídico del Gobierno Valenciano. En ese informe, según las conclusiones de la comisión de investigación, "Enrique Fliquete actuó como ponente del dictamen del CJC, cuando actuó como abogado de la mercantil Cuatrecases. Este bufete era, a su vez, la defensora de las empresas de accesibilidad social en las múltiples causas que estas tenían con la administración pública". "Cabía esperar una abstención del Sr. Fliquete tanto de elaborar como de votar dicho informe", sentencia el dictamen parlamentario.

14. Con todas estas irregularidades, el documento de la comisión afirma que "se han comprobado, una vez estudiadas las actas de inspección de la Conselleria, graves irregularidades en los centros residenciales que afectan a incumplimientos en el pliego, en especial a lo referido a personal, así como deficiencias que afectaban a la atención recibida por las personas mayores. También en su seguridad y que se mantenían en el tiempo. Unas infracciones graves que podían llevar aparejada además de una sanción económica, el cierre del establecimiento".