VALÈNCIA. La reversión del servicio de ITV en la Comunitat Valenciana ha abierto una nueva grieta en el seno del Consell del Botànic. El desencadenante del desencuentro ha sido la negativa del PSPV a aceptar la pretensión de la Conselleria de Economía, controlada por Compromís, de que el Consell en su conjunto acuerde la gestión directa del servicio por parte de la Generalitat a partir de 2023 como paso previo para iniciar formalmente el proceso de reversión.
Las discrepancias afloraron el pasado jueves durante la reunión preparatoria del pleno del Consell del día siguiente. Allí, el subsecretario de Economía, Natxo Costa, propuso a sus homólogos del resto de conselleries la inclusión de una propuesta de acuerdo que no formaba parte del orden del día previsto según la cual el Gobierno valenciano acordaba encargaba al conseller de Economía, Rafael Climent, denunciar la concesión con la antelación prevista de un año para poner en marcha los trámites.
Aunque formalmente el conseller no necesita de ese aval del Consell para iniciar el proceso, la intención de la coalición con este movimiento es poner a prueba la voluntad del PSPV mediante un acuerdo político que refrende la voluntad del Consell reflejada en el Pacte del Botànic para asumir la gestión directa de las 25 estaciones de inspección técnica de vehículos. Se trata, según reconocen fuentes de la coalición valencianista, de implicar a sus socios con ese plan y, al mismo tiempo, de darle empaque político a un proceso que no será precisamente sencillo.
En concreto, PSPV, Compromís y Unides Podem se comprometieron con su pacto de gobierno para esta legislatura a retornar a la gestión pública directa el servicio de la ITV, "con total prioridad de salvaguardar la seguridad viaria en las carreteras valencianas, la mejora en la calidad del servicio, la rebaja de las tarifas para las personas usuarias y una gestión transparente y eficiente".
La gestión directa de ese servicio a partir de 2023 debe iniciarse formalmente con la denuncia de las concesiones de aquí a final de año por parte del conseller de Economía, una suerte de preaviso a las empresas de la voluntad de no prorrogar los contratos. A partir de ahí se pondrá en marcha un proceso complejo que implica constituir una sociedad pública mercantil para gestionar el servicio y subrogarse a los 1.200 empleados que ahora trabajan para las siete empresas concesionarias.
Sin embargo, en el PSPV se considera precipitado que, cuatro meses antes de que se cumpla el plazo para denunciar la concesión, el conseller quiera implicar al Gobierno en su conjunto en un plan para el que la Conselleria de Economía aún no ha concretado todos los detalles. Según los socialistas, el departamento de Climent puede poner en marcha sus trabajos y, llegado el momento, el conseller puede llevar directamente al pleno del Consell el decreto para la reversión del servicio.
El momento en el que se produce esta discrepancia interna en el Botànic no es baladí. El PSPV aún tiene muy presente la reciente maniobra de la vicepresidenta Mónica Oltra con el comité de empresa del Hospital de Torrevieja en contra de la creación de la Empresa Pública de Salud (EPS) promovida por la Conselleria de Sanidad para gestionar ese departamento de salud a partir de octubre.
De hecho, el rechazo de Compromís a la creación de esa EPS para integrar a la plantilla del personal de Torrevieja fue clave para que Ana Barceló tuviera que acabar renunciando a ese proyecto y aceptara la integración directa de esos trabajadores en la Conselleria de Sanidad.
La cuestión es que ahora, ante la próxima reversión de las ITV, es Compromís quien se ve ante la tesitura de tener que crear una sociedad instrumental para gestionar el servicio e integrar a los trabajadores, de ahí que busque un compromiso explícito del PSPV con ese proyecto ante el riesgo de que los socialistas vean en él la posibilidad de devolver a su socio de gobierno el agravio sufrido con la EPS.
La Conselleria de Economía ejecutará la recuperación de la gestión pública del servicio de la ITV en la Comunitat tras 25 años en régimen de concesión conforme a lo recogido en un informe encargado a una consultora en el que se concluye que la fórmula adecuada es la creación de una empresa pública mercantil, cuya creación será liderada por el Ivace.
El estudio, que compara los diferentes escenarios entre la asunción de la gestión o la prórroga de las concesiones actuales, señala que la Generalitat obtendrá un resultado de explotación anual de 39 millones de euros, muy por encima de los 7,6 millones que se obtendrían con la prórroga de la concesión actual o de los 19 millones que se captarían con una nueva licitación para renovar la concesión.
El informe establece tres fases para el proceso entre 2021 y 2026 que van de la creación de la nueva mercantil, la aprobación de la relación de puestos de trabajo de esta empresa y la negociación con los sindicatos del convenio que regulará a este personal hasta la expansión de la red actual, con la posibilidad de poder revisar a la baja las tarifas a partir de 2023.
