VALÈNCIA. La anhelada unidad de la sociedad civil valenciana para reivindicar la mejora de la financiación autonómica se resquebraja. Al anuncio por parte de Isabel Bonig de que el PP de la Comunitat no participará en la manifestación prevista en torno al 9 d'Octubre para exigir la reforma del sistema se suman ahora las dudas de la patronal autonómica CEV sobre si participar en esa movilización, sobre todo tras evidenciarse la ruptura del frente político.
Según explicaron a este periódico fuentes de la organización empresarial, su presencia en esta marcha está condicionada a que exista unanimidad de todas las formaciones políticas valencianas y a que previamente se elabore un manifiesto entre los agentes sociales, los partidos políticos y las instituciones que recoja las reivindicaciones de la sociedad civil valenciana.
"Si es por unanimidad y a favor de los intereses de los valencianos, iremos, pero estaremos tras una pancarta en contra de nadie, sino a favor de los intereses de la Comunitat", explicaron fuentes de la patronal. La prioridad de la CEV, subrayaron, es reunirse a finales de este mes con los responsables de CCOO-PV y UGT-PV, así como con el experto que ha representado a la Comunitat en la comisión para la reforma de la financiación, Francisco Pérez, para avanzar en la elaboración del mencionado manifiesto.
A partir de ello, la participación de la organización empresarial que preside Salvador Navarro en la manifestación, que aún no ha sido formalmente convocada, la deben decidir sus órganos de gobierno una vez se elabore el manifiesto.
La iniciativa para organizar una gran marcha de protesta por la situación de infrafinanciación que arrastra la Comunitat, previamente tratada en la Mesa de Diálogo Social entre sindicatos y patronal, fue lanzada el pasado junio por los líderes de UGT-PV y CCOO-PV tras un encuentro privado para "analizar la situación política de la Comunitat y consensuar la estrategia sindical".
La propuesta fue bien acogida por el Gobierno valenciano. El jefe del Consell, Ximo Puig, avanzó en Les Corts pocos días después que trabajaría junto a todos los grupos para convocar "una movilización unitaria en torno al 9 d'Octubre" a modo de "respuesta de carácter ciudadano" ante la infrafinanciación e infrainversión que sufre la Comunitat.
Sin embargo, el jefe del Consell quiere que sean los sindicatos quienes lideren la iniciativa, de forma que aún siguen sin definirse el formato, la fecha y hasta el lugar de la protesta. Puig insistía la semana pasada al ser preguntado al respecto en que se estaba a la espera de la convocatoria de los sindicatos. "Es una iniciativa de UGT y CCOO… Por tanto, nosotros estamos a la espera de las decisiones que tome la sociedad civil. Porque esto no es una reivindicación del gobierno valenciano, sino del pueblo valenciano", manifestó.
Los líderes sindicales y patronales se citaron a principios de este mes para comenzar a trabajar en el manifiesto de la sociedad civil, pero los contactos se aplazaron para la última semana de agosto. Casi al mismo tiempo se conoció el informe de la comisión de expertos autonómicos convocada por el Gobierno central para la reforma del sistema, de la que surgieron fuertes discrepancias en torno a cuestiones como la posibilidad de aplicar una quita a la deuda de algunas comunidades como reclama la Comunitat.
Si aquello ya provocó la indignación del Consell, desde entonces ha habido otras dos circunstancias que han disparado la indignación valenciana y precipitado los acontecimientos. Por un lado, la publicación del informe de Fedea sobre la financiación por habitante ajustado de las comunidades del régimen común, que confirma que los valencianos son los peor tratados con el sistema actual. Por otro, el anuncio del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de posponer otro año más la reforma del sistema.
Por este motivo, en los últimos días se han sucedido los posicionamientos de las diferentes formaciones políticas. El pasado viernes, tras reunirse con Ximo Puig, la presidenta del PPCV sostuvo que su partido apoya al Consell en la reivindicación de la mejora de la financiación –"por encima del partido están los valencianos"–, pero también confirmó que los populares se descuelgan de cualquier protesta en la calle al no considerarla "necesaria".
La presidenta de los populares valencianos defendió que la financiación autonómica no se negocia "con la pancarta", sino en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano en el que participan el Gobierno central y las comunidades autónomas y para la que el Consell acaba de nombrar al representante que defenderá sus postulados en la negociación política que se iniciará en septiembre a partir de las conclusiones de los expertos.
Ante ello, el jefe de gabinete de Puig, Arcadi España, instó a "no romper la unidad en torno a la financiación" plasmada en el manifiesto con el que se comprometieron todos los partidos representados en Les Corts el pasado abril, y reprochó al PPCV tener "más excusas que respuestas" para no ir a esa manifestación. "No entendemos por qué el PP dice que no, es para defender en Madrid un modelo de financiación justo", manifestó España. Mientras, Compromís ha invitado a los votantes del PP a desmarcarse de su líder y participar en las protestas.
Sin embargo, la falta de concreción sobre el día y el lugar de la convocatoria provoca que los empresarios alberguen cada vez más dudas sobre la conveniencia de sumarse a ella. La propia Bonig explicó el pasado viernes que se barajó como posible fecha el 30 de septiembre, pero se descartó por la cercanía con la consulta "ilegal" sobre la independencia de Cataluña, prevista para el 1 de octubre.
La patronal discrepa de la propuesta de los sindicatos y tampoco ve justificada la elección del mes de octubre, ya que la negociación en el seno del CPFF para la reforma del sistema apenas habrá tenido tiempo de dar los primeros pasos. Tampoco comparten que la protesta se haya de desarrollar en Madrid y no en la Comunitat, como se ha deslizado desde algunos ámbitos.
Por todo ello, la CEV defenderá que en primer lugar se elabore el manifiesto de la sociedad civil porque, a su juicio, convocar una protesta a favor de una mejora de la financiación para la Comunitat sin que exista unanimidad al respecto sería un error estratégico.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral