José Vicente González, expresidente de Cierval, y Salvador Navarro, presidente de la CEV. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La Confederación Empresarial Autonómica (CEV), que apenas ha dado sus primeros pasos como organización de ámbito autonómico en sustitución de la quebrada Cierval, afronta su primer contratiempo de envergadura: la más que probable sentencia en contra por el despido improcedente de los trabajadores de la anterior patronal autonómica.
Tanto los representantes legales de las cuatro extrabajadoras de la organización que presidía José Vicente González, que piden la nulidad del ERE de extinción que la patronal aplicó al quedar abocada a la liquidación, como la demandada dan por seguro que el fallo será desfavorable a la empresa. El quebranto económico al que se enfrenta la CEV, que también está demandada como entidad fundadora de Cierval, supera los 250.000 euros.
La vista se celebra este jueves en el juzgado de lo Social 11 de València. Inicialmente estaba señalada para enero, después de que los representantes de la patronal ni se presentaran en el acto de conciliación, pero sus abogados pidieron más tiempo para reunir toda la documentación reclamada por las antiguas trabajadoras de la organización, liquidada hace casi un año al no poder hacer frente a las deudas heredadas, sobre todo la de la patronal alicantina Coepa.
De los doce trabajadores que se fueron a la calle en mayo del año pasado –sin indemnización y con parte de la última nómina sin cobrar–, cuatro optaron por demandar. El pago de las cantidades pendientes quedó condicionado a la venta de algunos bienes de la organización, como los muebles de la sede o el coche que utilizaba el presidente para los desplazamientos.
El argumento de las demandantes se basa en la supuesta sucesión de empresa entre Cierval y la CEV, que ha modificado sus estatutos para ampliar su ámbito territorial y tomar su relevo. Reclaman que se reconozca esa sucesión, el cobro de la indemnización por despido improcedente y la nulidad del ERE. De tenerse en cuenta el argumento de la continuidad de empresa, la CEV tendría que subrogarse "la posición de empresario" ante las trabajadoras.
El problema heredado por la organización que preside Salvador Navarro puede suponer un serio contratiempo. De entrada, la organización no tiene provisionado ni un euro por el riesgo derivado de este conflicto laboral.
Tras la presentación de la demanda, el asesor legal contratado por la patronal para analizar las consecuencias de la misma estimó que existían altas probabilidades de obtener una sentencia favorable. Siguiendo ese criterio, la organización no consideró conveniente dotar ninguna cantidad contra sus cuentas de 2017 para cubrir eventuales contingencias, una circunstancia ante la que el auditor tampoco planteó salvedades.
Pero la balanza se ha ido inclinando del lado contrario con el paso de los meses. La entrada en escena del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que en la vista de este jueves irá en contra de la CEV tras haber denunciado a Cierval para recuperar los créditos salariales adelantados a los empleados de la patronal, hizo saltar por los aires el cálculo inicial de los riesgos.
El horizonte de obtener un fallo favorable se desvaneció casi por completo con el informe de la Inspección de Trabajo, realizado a petición del Fogasa en el que se apunta a la responsabilidad solidaria que existiría entre las tres patronales provinciales –de las cuales solo sigue existiendo la CEV– y la autonómica fundada por ellas.
A la luz de este informe, incorporado a la denuncia, el Fogasa estima que hay base para "considerar que existe grupo de empresas a efectos laborales con derivación de responsabilidad solidaria entre todas las empresas integrantes del grupo".
Entre los elementos que se consideran para realizar tal afirmación, se destaca la "dirección unitaria", al ser las patronales provinciales las fundadoras de Cierval, y elegir estas últimas a los integrantes de los órganos de gobierno de la autonómica. Asimismo, Trabajo vio "confusión de plantilla", dado que el personal técnico de las tres provinciales era designado por Cierval para que la representase en órganos ante la administración.
La conclusión del informe de la Inspección de trabajo apunta a que CEV, Coepa, la castellonense CEC actuaban como un grupo de empresas junto a Cierval y, por tanto, las deudas de una son exigibles a las otras.
Con esa acumulación de argumentos en contra, la organización ya se prepara para encajar el revés por despido improcedente. De entrada, su presidente ya ha anunciado su intención de recurrir un eventual fallo contrario. Esta circunstancia, no obstante, no le libraría de tener que depositar los fondos correspondientes a la indemnización en el caso de que las demandantes pidieran la ejecución de la sentencia.
Si, además, se estima la nulidad del ERE, la factura aumentaría sustancialmente al tener que afrontar también el pago de los salarios de tramitación, los que habrían dejado de recibir entre la fecha del expediente anulado y la fecha de la sentencia.
El auditor que firma la revisión de las cuentas de 2017 refleja que la entidad empresarial "puede encontrarse inmersa en procedimientos tanto administrativos como judiciales" y que tiene registradas provisiones para responsabilidades a largo y corto plazo por importe de 324.000 euros.
Se trata, no obstante, de una cantidad dotada en su mayor parte ante la posible minoración de convenios de formación con la administración en materia de prevención de riesgos laborales. Dado que en este caso si que se confía en una resolución favorable a sus intereses, la CEV podría liberar esta provisión para hacer frente a los costes derivados del ERE de Cierval. La otra alternativa es una derrama entre sus socios.
Al margen de este contratiempo, existe un riesgo latente que, de materializarse, sí podría llegar a comprometer incluso la viabilidad de la patronal.
Tal y como publicó este diario, si la responsabilidad solidaria quedase asentada finalmente en la sentencia por el conflicto laboral, la nueva patronal autonómica podría verse abocada a hacer frente a posibles reclamaciones de otros acreedores de Cierval, Coepa o la CEC.
En este caso, el principal problema al que podría tener que enfrentarse es la reclamación por parte del Servef del reintegro de 1,9 millones de euros en subvenciones que fueron tramitadas de forma presuntamente fraudulenta por parte de Coepa.
El servicio dependiente de la Conselleria de Economía denunció a la ya desaparecida patronal alicantina por supuestos delitos de fraude, alzamiento de bienes, insolvencia punible, falsedad documental, estafa y apropiación indebida en septiembre de 2016. Según la Administración autonómica, Coepa habría incurrido en supuesto fraude de 1,9 millones de euros en la construcción del Centro de Oficios de Coepa al haber utilizado las mismas facturas para justificar un crédito del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y subvenciones públicas concedidas para el mismo fin.
Precisamente este martes, la juez citó a declarar como investigados a los expresidentes de Coepa Joaquín Rocamora y Modesto Crespo y al que fuera secretario general Javier López Mora por ese presunto fraude en subvenciones del Servef. Los tres serán interrogados el próximo 6 de julio.
