La ministra de Justicia asegura que defenderán a Llarena "hasta las últimas consecuencias"

VALÈNCIA. (EFE). La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha negado que se haya producido un cambio de posición en el Gobierno sobre la defensa del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena frente a la demanda civil que los políticos independentistas fugados de España han presentado contra él en Bélgica y ha asegurado que el Ejecutivo le defenderá "hasta las últimas consecuencias".

En una entrevista en RNE, Delgado ha incidido en que "no ha habido un cambio de posición del Ejecutivo o del Ministerio de Justicia" sino "un estudio de cada una de las acciones que se debían realizar para realizarlas bien" y, por tanto, "no existe una fisura entre la Abogacía General del Estado, el Gobierno y la ministra de Justicia". "Lo puedo garantizar", ha zanjado.

Según ha explicado, se han publicado "determinadas informaciones" que no sabe "si interesadas o intoxicadas", en las que se "manejaba documentación que no eran informes definitivos", ya que desde el informe que hizo la Abogacía del Estadosobre el caso el 31 de julio, que "no entra en el fondo" de la demanda porque el Gobierno no la tenía, "no existe ni un sólo informe oficial" que cierre la posición del Ejecutivo.

"No existe un solo informe oficial, sí hay documentos de trabajo en los que hemos planteado muchas alternativas porque somos responsables y tenemos que pensar todas las consecuencias técnico jurídidas de lo que hacemos", ha detallado. Eran, según ha dicho, "borradores" internos.

De opinión muy distinta es la Asociación Profesional de la Magistratura (APM),que considera que el Gobierno ha hecho "una rectificación en toda regla" en el caso. La APM considera que el anuncio del Ejecutivo de asumir la defensa del juez supone un giro de 180 grados con respecto a lo aprobado en el Consejo de Ministros del pasado viernes, "aunque hubiera sido deseable mayor claridad".

El presidente de la APM, Manuel Almenar, ha celebrado en la cadena Cope que el Gobierno de Sánchez haya asumido los argumentos de la abogacía del Estado y defienda finalmente al juez del Tribunal Supremo ante la querella presentada por Carles Puigdemont en Bruselas contra el magistrado.

A su juicio, el cambio de criterio del Ejecutivo socialista se ha debido a la "presión generada por asociaciones de jueces, fiscales y de todos los ciudadanos. La decisión del jueves, añade, entrañaba muchos riesgos para España".

Todas las asociaciones de jueces y fiscales de España, a excepción de las progresistas Jueces para la Democracia (JpD) y Unión Progresista de Fiscales(UPF), se sumaron el viernes a un comunicado en defensa del instructor de la causa del 'procés' en el Tribunal Supremo.

El comunicado, elaborado inicialmente por la asociación mayoritaria -Asociación Profesional de la Magistratura (APM), a la que pertenece el juez Llarena- fue firmado también por las asociaciones de jueces Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente y por las de fiscales Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.