María José Salvador, consellera de Vivienda. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. La ley antidesahucios del Consell sigue haciendo camino mientras continúa el debate entre los gobiernos de España y la Comunitat sobre su constitucionalidad. El texto, que fue la primera de las nuevas leyes del Ejecutivo de Ximo Puig aprobada por Les Corts, permite a determinados afectados por un lanzamiento hipotecario pedir a la Generalitat que interceda por ellos para evitar que los saquen de la vivienda. Por otro lado, la norma contempla la creación de un Registro de Viviendas Deshabitadas -propiedad de grandes tenedores- para ponerlas a disposición de quienes carecen de residencia.
Preguntadas al respecto, fuentes de la Conselleria de Vivienda informan a Valencia Plaza que ya son un total de cuatro grandes inmobiliarias vinculadas a entidades financieras las que han trasladado a la Generalitat las viviendas que tienen vacías en la Comunitat, tal y como les obliga el artículo 16 de la denominada Ley por la Función Social de la Vivienda.
Se trata de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), Aliseda (la inmobiliaria de Banco Popular), Servihabitat (la inmobiliaria participada en un 49% por Caixabank, que ha dado cuenta de activos procedentes de Buildingcenter, La Caixa, Credifimo y Fondos del Banco Valencia), y del banco de inversión Goldman Sachs.
La ley no establecía ningún plazo para hacer efectiva esta comunicación, si bien, a fecha de 16 de octubre, las cuatro entidades habían declarado un total de 3.145 viviendas "que no tienen ocupantes con título reconocido, ni han sido vendidas ni alquiladas". 1.599 corresponden a Sareb, 1.493 a Aliseda, 52 a Servihabitat, y solo 1 a Goldman Sachs.
"A pesar de la amenaza de inconstitucionalidad del Gobierno de España, la ley impulsada por el Gobierno valenciano sigue su desarrollo y los bancos están mostrando su colaboración", opinan al respecto fuentes de la Conselleria de Vivienda, dirigida por la socialista María José Salvador.
La ley contempla un complejo procedimiento de declaración de viviendas deshabitadas (regulado en los artículos 13, 14 y 16) que permite a la Generalitat declarar como deshabitadas viviendas de grandes tenedores como entidades financieras o fondos de inversión. "Es un procedimiento contradictorio -en términos jurídicos, por el hecho de recoger las consideraciones de ambas partes- extraordinariamente escrupuloso y garantista respecto a los derechos de los interesados", asegura la conselleria.
En este sentido, la ley prevé la creación del Registro de Viviendas Deshabitadas para, tras el mencionado procedimiento, aglutinar todas las viviendas que declare deshabitadas la administración y "poder otorgar soluciones habitacionales a las personas que más lo necesitan". El objetivo de la administración es "movilizar las más de 500.000 viviendas vacías que hay en la Comunitat", según estiman.
No obstante, a fecha de hoy son altas las posibilidades de que esta ley valenciana acabe en los tribunales. Como reveló este diario, el Gobierno Central considera que la norma es inconstitucional, tal y como también indicó el Consell Jurídic Consultiu (CJC).
En esta línea, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha puesto en duda la mayor parte de la Ley por la Función Social de la Vivienda. Entre otras cuestiones, considera irregulares aspectos como la propia función social de las viviendas o la creación del mencionado registro de residencias deshabitadas con inmuebles de propiedad privada.
"Todo mientras en otras autonomías como el País Vasco o en Aragón, que han impulsado leyes similares, no se ha cuestionado estos aspectos", critica el Consell. Hasta la fecha, según los datos de Vivienda, la conselleria "ha atendido más de 1.600 consultas en los espacios InfoHabitatge, ha mediado en 43 casos de desahucio y ha dado una solución habitacional a más de 550 familias".
