Marcos Benavent, a las puertas de los juzgados en Valencia. Foto: MARGA FERRERLa Fiscalía apunta que el actual diputado 'popular' Vicente Betoret era "perfecto conocedor de la mecánica electoral" en las campañas que los investigadores creen que fueron sufragadas con fondos públicos de Imelsa.
VALÈNCIA. La juez sustituta de Instrucción 18 ha abierto juicio oral a una decena de acusados, entre excargos del PP, empresarios y funcionarios del Ayuntamiento de València, en la primera de las piezas separadas del caso Taula –por ahora cuenta con diez– que será juzgada. En ella se ha indagado en una operativa para el presunto desvío de fondos públicos a través de la firma Thematica Events. En su auto, sienta también al Partido Popular en el banquillo como responsable civil subsidiario junto a otras empresas. Una circunstancia que se produce por no haber podido imputar al partido como persona jurídica debido a que los hechos por los que se le podría atribuir responsabilidad penal tuvieron lugar en 2007 y 2008, y la reforma del Código Penal que permite señalar de este modo a las formaciones políticas fue de 2012.
De hecho, es algo que el magistrado titular del juzgado sí pudo hacer, a diferencia de en esta investigación, en la relativa al supuesto blanqueo de capitales en el seno del grupo 'popular' del consistorio, al haber tenido lugar en 2015.
Aunque las actuaciones susceptibles de ser delictivas fueron realizadas desde el PP de Valencia, el partido cuenta con un CIF único, de manera que será un representante de la formación a nivel nacional quien tenga que acudir al juicio –suele tratarse de un abogado con poderes–.
ANTICORRUPCIÓN PIDE PARA BENAVENT OCHO AÑOS Y TRES MESES DE PRISIÓN. PARA ESTARLICH, SU PRESUNTO TESTAFERRO, CUATRO AÑOS. A AMBOS LES HA APLICADO LA ATENUANTE DE CONFESIÓN.
La juez, después de que la Fiscalía fuera la única en presentar escrito –ni en Ayuntamiento de València ni Divalterra lo ha hecho–, dirige su acusación contra: el exgerente de la empresa pública Imelsa y autodenominado "yonki del dinero" Marcos Benavent; el exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Moncada con el PP Juan José Medina; el exdirector financiero de Imelsa José Enrique Montblanch; los empresarios Rafael García Barat y Jaime José Úbeda Merino; el presunto testaferro de Benavent José Estarlich; y varias funcionarias del Ayuntamiento de la capital. Como responsables civiles subsidiarios, aparte del PP, estarán las empresas Thematica Events, Liberty Iceberg, Scope Producciones, Vialbo 1972, Cyan Animatica y Berceo Mantenimientos.
Anticorrupción pide para Benavent ocho años y tres meses de prisión. Para Estarlich, su presunto testaferro, cuatro años. A ambos les ha aplicado la atenuante de confesión. El resto de penas todavía no han trascendido debido a un error por parte del juzgado en la notificación del escrito de acusación. Los presuntos delitos cometidos por los investigados son los de malversación, prevaricación, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil, fraude en la contratación y blanqueo de capitales.
En esta investigación dentro de la macrocausa de Taula se desgrana una operativa a través de la firma Thematica Events, administrada por García Barat y tras la cual se encontraba Benavent, quien, desde su puesto como gerente de Imelsa, la habría utilizado para beneficio propio mediante el logro de adjudicaciones de forma fraudulenta.
La Fiscalía recuerda que este último estaba vinculado política y personalmente al expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, quien lo nombró en la corporación provincial. Cuando comenzó a gestionar dinero público, indica, su actuación redundó también en beneficio del PP, puesto que a través de Imelsa se abonaron gastos electorales del partido omitiéndolo al Tribunal de Cuentas y "con el conocimiento de Juan José Medina" (número dos de Rus).
Para sus fines personales y del partido, relata la Fiscalía, Benavent –quien ha colaborado en desentrañar la presunta operativa delictiva– reconoció que, entre otras vías, utilizó Thematica. Dedicada a la comunicación y la publicidad, le permitió "realizar y canalizar a través de ella contratos con diferentes administraciones públicas y el desvío de fondos desde Imelsa", apunta Anticorrupción.
Apartado especial tiene en el escrito de acusación del fiscal la salida de dinero de Imelsa para el pago de campañas electorales del PP. Así, cree que en los comicios municipales de 2007, Thematica realizó trabajos de campaña para Juan José Medina en Moncada por importe de 11.782 euros (IVA no incluido) que, en realidad, habrían sido abonados por Imelsa a través de elevar costes ficticios en la facturación real con la empresa. De lo cual tenía conocimiento el candidato, de acuerdo con Anticorrupción.
Lo mismo habría ocurrido en el caso del actual diputado nacional Vicente Betoret cuando también ese año se presentó a la alcaldía de Vilamarxant. Los gastos de la empresa ascendieron aquí a 8.147 euros. El fiscal recuerda que contra él que no se dirige acusación al estar los hechos prescritos, pero hace hincapié en que era una persona muy vinculada a Alfonso Rus, Juan José Medina y Marcos Benavent. Menciona, por ejemplo, que fue nombrado secretario general provincial y que la continuidad en su puesto de primer edil era una "finalidad perseguida por Rus", lo que "justificaba el abono de dichos gastos".
Betoret era, para Anticorrupción, "perfecto conocedor de la mecánica electoral", dado que aparece como coordinador político en las municipales de 2007 y autorizado en la cuenta bancaria del PP para los gastos electorales en esos comicios, los del 2011 y los del 2015.
Finalmente, se encuentran los trabajos que realizó Thematica para el partido en las generales de 2008 por importe de 27.900 euros, cuyo coordinador de campaña era nuevamente Medina. Éstos, destaca la Fiscalía, no fueron declarados y se habrían satisfecho con fondos de Imelsa a través de facturación con cargos que no responderían a los trabajos efectivamente realizados ni al coste real.
En esta pieza de Taula se incluyen también dos adjudicaciones supuestamente amañadas. De un lado, el contrato de Bibliobús, una iniciativa de biblioteca itinerante durante el verano. De las investigaciones llevadas a cabo, se desprende la posible existencia de un concierto entre determinados miembros de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València –en manos entonces de la fallecida María José Alcón, que mantenía una estrecha relación con Benavent–, y de García Barat para adjudicar contratos de manera discrecional en 2008 y 2009 a mercantiles relacionadas con este último, como es el caso de Liberty Iceberg.
Dicha empresa, comenta el fiscal, habría sido utilizada en esta contratación pública para "simular competencia y facilitar un fraccionamiento de contrato que eludiese la legislación vigente, dado que la misma carecía de trabajadores y de medios para desarrollar las actuaciones contratadas". En este caso, la fórmula descrita consistió en que, aunque el importe real de la contratación era de más de 89.000 euros, se trocearon cada una de las adjudicaciones de un único objeto contractual "para evitar la libre concurrencia y publicidad".
EL FISCAL CALIFICA DE "DESHONESTO PROCEDER" EL COMPORTAMIENTO DE DOS FUNCIONARIAS DEL AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
Para ello, resultó clave, según Anticorrupción, que dos jefas de servicio del consistorio, Francisca Tamarit y María Albors, dieran su visto bueno e informaran favorablemente. Los investigadores entienden que ambas tuvieron un papel preponderante en la tramitación y el fiscal califica su comportamiento como "un deshonesto proceder" de funcionarias públicas.
De otro lado, se encuentra 'Metamorphosis', un espectáculo audiovisual encuadrado entre las acciones que, por parte de Imelsa en colaboración con el Museo Valenciano de Ilustración y Modernidad (MuVIM), se llevaron a cabo para la promoción del año internacional de los bosques. La contratación fue gestionada por la empresa pública y fue Benavent el que trasladó al director del departamento de árboles monumentales que se pusiera en contacto Thematica, a través de la cual vino el enriquecimiento, señala Anticorrupción.
Para ello, de acuerdo al relato del fiscal, Benavent y su socio García Barat se habrían concertado con el objetivo de adjudicar dicha contratación de forma directa, eligiendo a las empresas subcontratistas para servirse después de parte de las elegidas para incluir servicios "inexistentes", incorporando a su patrimonio el importe obtenido con dicha facturación falseada.
El último de los hechos que se describen en esta pieza es el posible desvío de fondos de Imelsa a través de la entidad Berceo, administrada primero por Jaime José Úbeda y posteriormente por José Estarlich, aunque realmente lo estaba por Marcos Benavent. Dicha sociedad, indica la Fiscalía, es "meramente instrumental", carente de trabajadores y de actividad comercial, por lo que la facturación era falsa. Su finalidad era, cree, ocultar las ganancias que el exgerente de Imelsa obtenía "con su ilícito actuar", siendo de ello sabedores los acusados. Los cuales permitieron la "ocultación y posterior transformación del dinero metálico sustraído de Imelsa" para posteriormente integrarlo "en el circuito mercantil y comercial".
