Las empresas investigadas en la presunta financiación irregular del PSPV no fueron clientes de Crespo Gomar
VALÈNCIA. (EP). La titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, María de las Mercedes Pérez Barrios, ha manifestado este miércoles durante el interrogatorio a cinco miembros de la Mesa de Contratación del Ministerio de Vivienda en 2009 que duda si la adjudicación de un contrato de publicidad por el 126.208 euros a la empresa Crespo Gomar, que está siendo investigada en el marco de la presunta financiación irregular del PSOE valenciano (PSPV), fue correcta.
Fuentes jurídicas presentes en la declaración han afirmado que la magistrada ha puesto sobre la mesa esta sospecha tras las diligencias practicadas hasta el momento y porque los funcionarios que han comparecido este miércoles --investigados por los delitos de prevaricación y/o malversación de fondos públicos-- han dicho que no saben por qué participaron en esta Mesa de Contratación relacionada con la publicidad para el Plan de Vivienda 2009-2012.
Hasta el momento, otros tres miembros de dicho órgano dijeron ante la instructora que el expediente de contratación tenía "fallos de redacción"; incluso la abogada del Estado Irene Domínguez-Alcahud --destinada en el Ministerio de Vivienda durante la etapa de Beatriz Corredor como responsable de este departamento-- reconoció ante la juez que la documentación tenía irregularidades, aunque se desvinculó de todas ellas, según informaron fuentes jurídicas presentes en la declaración.
Además, un informe pericial que fue entregado al Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que comenzó a investigar la presunta financiación irregular del PSPV y Bloc --partido mayoritario en Compromís-- entre los años 2007 y 2011, señala que el expediente de la adjudicación contiene errores que lo hacía "incoherente".
Asimismo, la juez cuenta con la declaración de los funcionarios que constataron que la oferta de Crespo Gomar era la mejor económica, pero no la mejor desde el punto de vista técnico, pese a que un requisito indispensable que se plasmaba en la memoria justificativa de la adjudicación era la "calidad técnica" y que la empresa que fue la adjudicataria en la edición anterior fue excluida.
En cuanto a los investigados que han comparecido este miércoles,todos han coincidido en que no sabían porque les llamaron para participar en la Mesa de Contratación, han indicado las fuentes consultadas. De hecho, la que fuera entonces subdirectora general de Arquitectura en el Ministerio de Vivienda, Rita Lorite, ha aseverado que no sabe por qué tuvo que asistir a las Juntas si sus aportaciones no eran vinculantes.
Este miércoles ha declarado ante la juez Eva Santiago, que acudió a las reuniones en lugar de la Eva Cuesta, jefa de prensa de la exministra de Vivienda Beatriz Corredor, y realizó la valoración técnica junto a Beatriz Tejada. Esta última también ha acudido al Juzgado de Instrucción número 24 de Plaza de Castilla de Madrid junto a Pedro Plasencia, que asistió a la reunión realizada el 5 de diciembre de 2008; y a Rita Lorite y Andrés Lara que presenciaron las juntas celebradas el 29 de diciembre del mismo año.
El perito antes mencionado también subrayó en su informe que en el expediente no consta el nombramiento de los miembros de la mesa de contratación. En este caso, indica que hay "una inobservancia grave en cuanto a la composición y funcionamiento de la mesa en diversas sesiones y las sustituciones de algunos de ellos cuya presencia no se acredita".
Esta es la tercera ronda de declaraciones que hace esta instructora sobre dicha contratación. El día 12 de junio continuará con Alberto Gomar y con el que fuera jefe de Gabinete de Corredor, Nicolás Mateos; la jefa de prensa, Eva Cuesta y el ex subsecretario del Ministerio y expresidente de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), Marcos Vaquer, cuyas declaraciones fueron suspendidas porque solicitaron ser defendidos por la Abogacía del Estado.
La titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid abrió esta investigación después de que el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que arrancó la investigación por los presuntos delitos prevaricación, malversación y electoral en diciembre de 2016 por una supuesta financiación irregular del PSPSV y Bloc, se inhibiese a su favor. Paralelamente, otro juzgado madrileño incoó diligencias por otro concurso de publicidad adjudicado a Crespo Gomar por parte del Ministerio de Sanidad en 2008 por el valor de 184.138 euros.
Tras la práctica de distintas diligencias y con el informe favorable de la Fiscalía, el juzgado valenciano se declaró "no competente" para proseguir con la instrucción al descartar que los hechos indiciariamente delictivos se hubieran cometido en el partido judicial de Valencia, por lo que se inhibió a favor de juzgados de Gandia, Benidorm y Madrid, descartando el delito electoral por posible prescripción.